1 de octubre de 2010, 15:14
NUEVATRIBUNA.ES - 4.2.2010
Tener cierta edad permite mirar los acontecimientos y comprobar que ya los has visto con anterioridad. Eso me ocurre con el futuro y viabilidad de las pensiones. He visto celebrar varios funerales sin que aparezca el muerto por ningún sitio.
Década tras década, cada cierto tiempo, un informe de expertos vinculados a aseguradoras, entidades bancarias, organizaciones políticas o empresariales anuncian el final de nuestro sistema de pensiones para dentro de quince o veinte años. Transcurridos los cuales, sin que la hecatombe se haya producido, sino más bien todo lo contrario, una nueva andanada de expertos anuncian el mismo final de nuestro sistema de pensiones para dentro de quince o veinte años, utilizando los mismos argumentos.
La inviabilidad futura del sistema de pensiones se deduce sistemáticamente de factores demográficos como el aumento imparable de la población mayor de 65 años y las dificultades de que la población activa sostenga un número de personas jubiladas cada vez más numeroso.
Quienes llevamos años en esto, hemos asistido a varias andanadas de este tipo, siempre agoreras de malos presagios y alentadoras de la sustitución del sistema solidario y de reparto por un sistema de capitalización, que básicamente consiste en dejar en manos de entidades privadas el dinero que hayas conseguido ahorrar durante toda tu vida para cobrarlo en el momento de la jubilación, íntegramente o a plazos. Como mucho quedarían en manos del Estado unas pensiones mínimas de carácter asistencial.
La propuesta más atrevida pide eliminar las cotizaciones sociales para que cada uno invierta en bolsa el ahorro que pueda generar.
Sin embargo, la realidad y la sensatez, han terminado siempre por imponerse. Porque la sostenibilidad del sistema de pensiones no depende sólo de la población mayor, sino del número de trabajadores, de las cotizaciones de empresarios y sindicatos, de lo que haya que pagar con los recursos de la Seguridad Social.
Hace no muchos años la Seguridad Social pagaba pensiones contributivas (las de los que hubieran generado con su trabajo derecho a pensión), pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, la Sanidad y hasta los servicios sociales. Pagaba los gastos del Instituto Nacional de Seguridad, el INSALUD y el INSERSO. En estos tiempos trabajaban unos 13 millones de personas.
Negociamos el Pacto de Toledo, separamos las fuentes de financiación, para que INSALUD, INSERSO y prestaciones no contributivas se pagasen desde los Presupuestos Generales del Estado. Se inició una etapa de intenso crecimiento económico, llegaron millones de inmigrantes, se regularizaron, cotizaron a la Seguridad Social. Nos situamos en torno a los 20 millones de trabajadores cotizantes. El superávit de la Seguridad Social se hizo costumbre y se pudo crear un Fondo de Reserva para tiempos peores.
En definitiva, el futuro de la Seguridad Social depende de cuantos trabajadores hay y, cada vez más, en los países modernos de nuestro entorno, de la riqueza general del país.
Siempre hay cosas que mejorar y revisar. El Pacto de Toledo merece que le demos una vuelta y que se la demos con el máximo de consenso. Pero de ahí a prestar atención a los agoreros, e iniciar el proceso anunciando ampliaciones de la edad de jubilación hasta los 67 años, en un país con más de 4.300.000 personas paradas, es un error de bulto.
Se me escapan los motivos por los cuales el Gobierno Zapatero se lanza por esta pendiente cuando son otras las reformas urgentes y necesarias en nuestro sistema productivo y en nuestra protección social.
Me consta la preocupación de algunos socialistas sinceros que plantean abiertamente que la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, sólo puede ser asumible si es de carácter voluntario.
Se me ocurre que con esta medida inaceptable e impopular, el Gobierno quiere enmascarar otra medida que sí tiene efectos inmediatos, como el recorte de 50.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, que se traducirán en menores recursos en casi todas las partidas presupuestarias en tiempos duros de crisis económica
En cualquier caso son motivos difícilmente explicables e incomprensibles para la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, que por no saber no sabemos ni cuanto ganan los altos ejecutivos de las entidades financieras y nos sentimos humillados por los contratos blindados y pensiones desorbitadas que cobran cuando dejan sus cargos. Todo ello a cambio de conducirnos a una crisis galopante como la que estamos viviendo.
Por favor, más rigor, más seriedad más diálogo y menos meternos miedo al futuro, para justificar recortes inaceptables.
Francisco Javier López Martín - Secretario General CCOO de Madrid.
Tener cierta edad permite mirar los acontecimientos y comprobar que ya los has visto con anterioridad. Eso me ocurre con el futuro y viabilidad de las pensiones. He visto celebrar varios funerales sin que aparezca el muerto por ningún sitio.
Década tras década, cada cierto tiempo, un informe de expertos vinculados a aseguradoras, entidades bancarias, organizaciones políticas o empresariales anuncian el final de nuestro sistema de pensiones para dentro de quince o veinte años. Transcurridos los cuales, sin que la hecatombe se haya producido, sino más bien todo lo contrario, una nueva andanada de expertos anuncian el mismo final de nuestro sistema de pensiones para dentro de quince o veinte años, utilizando los mismos argumentos.
La inviabilidad futura del sistema de pensiones se deduce sistemáticamente de factores demográficos como el aumento imparable de la población mayor de 65 años y las dificultades de que la población activa sostenga un número de personas jubiladas cada vez más numeroso.
Quienes llevamos años en esto, hemos asistido a varias andanadas de este tipo, siempre agoreras de malos presagios y alentadoras de la sustitución del sistema solidario y de reparto por un sistema de capitalización, que básicamente consiste en dejar en manos de entidades privadas el dinero que hayas conseguido ahorrar durante toda tu vida para cobrarlo en el momento de la jubilación, íntegramente o a plazos. Como mucho quedarían en manos del Estado unas pensiones mínimas de carácter asistencial.
La propuesta más atrevida pide eliminar las cotizaciones sociales para que cada uno invierta en bolsa el ahorro que pueda generar.
Sin embargo, la realidad y la sensatez, han terminado siempre por imponerse. Porque la sostenibilidad del sistema de pensiones no depende sólo de la población mayor, sino del número de trabajadores, de las cotizaciones de empresarios y sindicatos, de lo que haya que pagar con los recursos de la Seguridad Social.
Hace no muchos años la Seguridad Social pagaba pensiones contributivas (las de los que hubieran generado con su trabajo derecho a pensión), pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, la Sanidad y hasta los servicios sociales. Pagaba los gastos del Instituto Nacional de Seguridad, el INSALUD y el INSERSO. En estos tiempos trabajaban unos 13 millones de personas.
Negociamos el Pacto de Toledo, separamos las fuentes de financiación, para que INSALUD, INSERSO y prestaciones no contributivas se pagasen desde los Presupuestos Generales del Estado. Se inició una etapa de intenso crecimiento económico, llegaron millones de inmigrantes, se regularizaron, cotizaron a la Seguridad Social. Nos situamos en torno a los 20 millones de trabajadores cotizantes. El superávit de la Seguridad Social se hizo costumbre y se pudo crear un Fondo de Reserva para tiempos peores.
En definitiva, el futuro de la Seguridad Social depende de cuantos trabajadores hay y, cada vez más, en los países modernos de nuestro entorno, de la riqueza general del país.
Siempre hay cosas que mejorar y revisar. El Pacto de Toledo merece que le demos una vuelta y que se la demos con el máximo de consenso. Pero de ahí a prestar atención a los agoreros, e iniciar el proceso anunciando ampliaciones de la edad de jubilación hasta los 67 años, en un país con más de 4.300.000 personas paradas, es un error de bulto.
Se me escapan los motivos por los cuales el Gobierno Zapatero se lanza por esta pendiente cuando son otras las reformas urgentes y necesarias en nuestro sistema productivo y en nuestra protección social.
Me consta la preocupación de algunos socialistas sinceros que plantean abiertamente que la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, sólo puede ser asumible si es de carácter voluntario.
Se me ocurre que con esta medida inaceptable e impopular, el Gobierno quiere enmascarar otra medida que sí tiene efectos inmediatos, como el recorte de 50.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, que se traducirán en menores recursos en casi todas las partidas presupuestarias en tiempos duros de crisis económica
En cualquier caso son motivos difícilmente explicables e incomprensibles para la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, que por no saber no sabemos ni cuanto ganan los altos ejecutivos de las entidades financieras y nos sentimos humillados por los contratos blindados y pensiones desorbitadas que cobran cuando dejan sus cargos. Todo ello a cambio de conducirnos a una crisis galopante como la que estamos viviendo.
Por favor, más rigor, más seriedad más diálogo y menos meternos miedo al futuro, para justificar recortes inaceptables.
Francisco Javier López Martín - Secretario General CCOO de Madrid.