lunes 21/6/21

En materia fiscal, más pedagogía y menos demagogia

NUEVATRIBUNA.ES - 29.9.2009La fiscalidad es un elemento imprescindible para garantizar la suficiencia financiera del Estado. Esa suficiencia financiera es la garantía para la existencia y provisión de servicios públicos de carácter esencial y para la propia protección social.Sin embargo hemos asistido en los últimos años a una demonización de la fiscalidad.
NUEVATRIBUNA.ES - 29.9.2009

La fiscalidad es un elemento imprescindible para garantizar la suficiencia financiera del Estado. Esa suficiencia financiera es la garantía para la existencia y provisión de servicios públicos de carácter esencial y para la propia protección social.

Sin embargo hemos asistido en los últimos años a una demonización de la fiscalidad. La idea subyacente de esta tesis, la de la desfiscalización, que no esta al margen de las raíces de la crisis de carácter financiero y económico internacional a la que estamos asistiendo, es la de disminuir al máximo la capacidad de los Estados en beneficio del puro mercado.

En España este discurso que ha sido asumido por demasiadas fuerzas políticas, tanto en el Gobierno como en la oposición, esta generando una contracultura fiscal que aboga por una disminución de la fiscalidad, a favor hipotéticamente de una mayor liquidez en las personas y en las familias.

La realidad muestra más bien al contrario, que aquellos países con mayor presión fiscal que el nuestro, no solo son menos vulnerables a la crisis, sino que además, muestran menores índices de desigualdad y pobreza entre su población, lo que en si mismo es un factor de crecimiento económico.

Y es que al hablar de renta disponible hay que tener muy en cuenta, que esta se determina no solo a partir de los ingresos, sino también en base a los servicios públicos a los que se tiene acceso, su calidad y su grado de universalidad y gratuidad.

Hay dos salarios, el directo, la nomina de final de mes de los asalariados, que incorpora también las prestaciones que perciben las personas que no pueden trabajar o que no están en edad de trabajar, y el diferido, que consisten en todos aquellos servicios a los que tenemos derecho y por los que no tenemos que pagar o su pago se corresponde con una minima parte de su costo.

Por tanto una merma en esos servicios implica una minorización de la renta disponible en la medida que habrá que cómpralos en el mercado y a preciso de mercado.

En materia fiscal, mas pedagogía y menos demagogia, ni las “chuches”, ni la supuesta neutralidad de la política fiscal, porque ésta, como la política económica, de la que forma parte, no es neutral; favorece unos u otros objetivos, redistribuye la riqueza real con unos u otros objetivos y por tanto sobre el conjunto de la población sus efectos son distintos y por eso además no puede quedar sólo, siendo esto importante, en una mera batalla de cifras, como tampoco es indiferente sobre el que se aplique el mayor peso fiscal: si sobre los ingresos o sobre el consumo.

Pero además el incremento de los ingresos al Estado a través de la fiscalidad sirve para orientar el crecimiento económico hacia una vertiente más estable y sostenible en la medida en que puede servir para también contribuir a un cambio en el modelo productivo.

Desde estos planteamientos, que no son teóricos, se perfila además la necesidad de que se incremente la recaudación fiscal, por dos razones: una estructural, el incompleto desarrollo del estado del bienestar de nuestro país hace que los efectos de las políticas sociales en España sean mucho más reducidos: las transferencias sociales apenas permiten que se reduzca un 20 por ciento la población en riesgo de pobreza, mientras que en Suecia o Dinamarca esa reducción alcanza al 60 por ciento. Evidentemente esto es debido a que nos separan diez puntos de gasto social, en porcentaje del PIB.

Una segunda razón coyuntural, pero no por eso menos importante es el fuerte endeudamiento público que esta generando la crisis económica. Ante un déficit público que puede llegar al 10 por ciento del PIB este año es imprescindible incrementar los ingresos fiscales.

De otra parte abordar el fraude fiscal, que puede estar suponiendo que el 20 por ciento del PIB generado en España no tribute, ante una media europea que viene a ser la mitad, con lo que se lograrían unos mayores ingresos públicos de en torno a los 35.000 millones de euros.

Aunque también, por la necesaria equidad, progresividad y sostenibilidad que debe tener el sistema fiscal, deberían introducirse cambios normativos que den marcha atrás a la carrera desfiscalizadota a la que hemos asistido en los últimos años.

Todo ello hace preciso abordar una serie de medidas, que no pueden minimizadas por, los elementos más superfluos del debate en torno a la fiscalidad y que serian entre otras las siguientes:

Es precisa una reforma en la consideración del delito fiscal y, consecuentemente, es imprescindible la creación de la policía fiscal, y la especialización fiscal de jueces y fiscales.

Hay igualmente que adoptar medidas que dificulten la utilización de los paraísos fiscales, que vayan más allá de la declaración del G20.

Esas medidas deben incluir también factores de corrección que avancen hacia una fiscalidad más progresiva y sostenible que establezca un Impuesto sobre Altas Fortunas, y hay que recordar aquí que la desaparición del Impuesto sobre Patrimonio ha supuesto una reducción de ingresos del unos 1.800 millones de € al año.

Al igual que hay que avanzar hacia una mayor fiscalidad sobre las rentas del capital, diferenciando el origen de la renta, que actualmente esta en un escaso 18 por ciento, frente al máximo del IRPF que esta en un 43 por ciento.

Una fiscalidad que incremente la imposición medioambiental, que apenas representa el 1,8 por ciento del PIB español, frente al 2,4 por ciento de media de la UE, y sobre el uso de la energía un 1,4 por ciento del PIB en España, frente a un 1,7 por ciento europeo.

De otra parte también hay que subrayar lo que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ya consideró en 2005 como una auténtica amnistía fiscal, la modificación legal por la que se decidió que fuera la CNMV, y no la Agencia Tributaria, quien tomara la decisión definitiva sobre el grado cumplimiento de algunas SICAV de los requisitos legales para constituirse como tales a las más de 200 SICAVs que estaban en ese momento bajo inspección.

Hay que recordar que esta figura societaria es usada por las grandes fortunas para gestionar su patrimonio, de forma que en vez de pagar el 35 por ciento de los rendimientos, como cualquier otra sociedad mercantil, pagan tan solo el 1 por ciento.

Igualmente hay que avanzar en la línea de alcanzar una armonización en materia fiscal en la UE; al respecto es preciso recordar que habría que incrementar en 5 puntos del PIB la presión fiscal de España para que se sitúe en la media de la zona euro.

El 7 de Octubre, día mundial a favor del trabajo decente, no debe dejar al margen este tema: uno de los mayores riesgos que ha detectado la OIT en el actual escenario de recesión económica es el mayor riesgo de empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras.

Este riesgo debe afrontarse desde políticas salariales coherentes, pero no únicamente: el salario diferido, gestionado a través de políticas públicas de carácter social eficaces, es un elemento de primera magnitud para afrontar este reto. Un reto, por consiguiente, eminentemente vinculado con las políticas fiscales.

Rodolfo Benito Valenciano - Secretario Confederal de Estudios de CCOO y Presidente de la Fundación 1º de Mayo.




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