11 de febrero de 2011, 3:37
nuevatribuna.es | 10.02.2011
El acuerdo sobre pensiones es negativo para los trabajadores y no es apoyado por la mayoría de la sociedad. Lo dice la propia ciudadanía según una encuesta de opinión (ver diario El País 6-2-2011). Este acuerdo nace con un importante problema de legitimidad social. No sólo afecta al Gobierno socialista sino, particularmente, a los dirigentes sindicales que lo han firmado y ven debilitada su credibilidad ante la sociedad. Veamos los datos.
Dos tercios o más de la población están poco o nada de acuerdo con las cuatro principales medidas: ‘ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años’: 76%; ‘para retirarse a los 65 años habrá que tener 38,5 cotizados’ (65+38,5): 70%; ‘para las jubilaciones a los 67 años habrá que tener cotizados 37 para alcanzar el 100%’ (67+37): 71%; ‘ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión a 25 años’: 66%. Este pacto es considerado mala noticia también por la mayoría del 51% de los ciudadanos (el 46% de los votantes socialistas y el 59% de los del PP). Sólo es valorado como buena noticia por el 33% de los mismos (41% de los votantes del PSOE y el 24% de los del PP). No hay más datos desagregados pero es fácil intuir que entre los votantes de la oposición política de izquierdas, los afiliados a los sindicatos y los que participaron o apoyaron la huelga general del 29-S la disconformidad con esas medidas y este pacto es todavía mayor.
Por otra parte, la actuación de los agentes para conseguir el pacto económico y social recibe la nota de suspenso: sindicatos, 3,8; Gobierno, 3,9; patronal, 4,2, y PP, 3,8 (0 muy mala y 10 muy buena). Además, la gestión de Zapatero es desaprobada por el 69% (la de Rajoy por el 67%), que inspira poca o ninguna confianza al 82% de los ciudadanos y el 62% de los votantes socialistas (la de Rajoy el 78% del total y el 48% de los votantes del PP).
Por tanto, la mayoría ciudadana percibe esas medidas como un recorte de las pensiones públicas, un retroceso de la protección social, una merma de sus derechos; no las ven una solución equilibrada. Esa percepción crítica se corresponde con el contenido regresivo del pacto y contra las ideas fuerza que lo justifican.
El acuerdo supone, para el año 2027 que culmina su total aplicación, un recorte del gasto social en pensiones de 3 puntos del PIB, más de 30 mil millones de euros anuales (de hoy). Significa que con esta reforma se reduce un 25% el gasto total previsto en esa fecha del 12%, para mantenerlo en el 9% actual. Este es el primer hecho reconocido por el Gobierno. Es el dato clave que utiliza para alcanzar su objetivo fundamental: conseguir confianza (de los mercados financieros, el poder económico y las instituciones de la UE). Su orientación central es continuar con las reformas estructurales (regresivas). Por tanto, el contenido del pacto es presentado oficialmente como freno al gasto público y concesión a los mercados (y a Merkel), una aplicación estricta de las políticas de ajuste y austeridad de la UE.
De ese hecho se deduce el segundo: un fuerte recorte de las pensiones futuras respecto de los derechos actuales. No se puede afirmar el primer hecho (para contentar a los mercados) y negar el impacto regresivo para los pensionistas futuros (para evitar el descontento popular). Esta rebaja se sitúa en una media del 20% de la cuantía mensual de la pensión, aunque está distribuida muy desigualmente, debido a las diferentes medidas adoptadas. El recorte adicional en los colectivos principales, según detallo en otra parte, se sitúa entre 7 puntos (asalariados de 65 años de edad y 38,5 de cotización), pasa por 19 puntos (asalariados de 63 años de edad y 33 años de cotización) y llega a 26,5 puntos (asalariados de 65 años de edad y 35 de cotización).
Igualmente es diverso el efecto de la ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años: un recorte adicional medio de 5 puntos, aunque para la gran mayoría (70%) supone 7 puntos y para la minoría (30%) es neutro o menor que la media, incluso una pequeña parte de desempleados en los últimos años (sin prestación contributiva de desempleo ni convenio especial) puede salir beneficiada (y perjudicada la parte de esos desempleados en los diez años ampliados).
La fragmentación de su aplicación no puede esconder ese fuerte impacto reductor en el año 2027, aunque el recorte sea gradual y progresivo. Además, hay que acumular la reducción del 10% del importe total a cobrar por los pensionistas, derivada de los dos años menos de percepción (al prolongar de 65 a 67 años la edad legal mayoritaria de jubilación o el incremento de 35 a 37 años la cotización necesaria para alcanzar el 100%). Por ejemplo, una persona con 65 años de edad y 25 de cotización antes cobraría el 80%; con la reforma, con esos mismos 25 años percibirá el 67,6% (contando 5 puntos por la ampliación de la base de cómputo) y debe esperar hasta los 67 para jubilarse; así, a esos 12,4 puntos de mayor penalización hay que añadir ese 10% menos que percibe durante el conjunto de su vida (en vez de 20 años de media por su esperanza de vida a los 65 años, desde los 67 cobrará la pensión 18 años), junto con el incremento de la penalidad del trabajo obligatorio en esos dos años adicionales hasta los 67 (que grava más a las capas populares).
Por tanto, la reforma significa la reducción global del gasto social en pensiones de 3 puntos del PIB, el 25% del gasto previsto para el año 2030, que coincide (hoy) con un recorte de 30 mil millones de euros, cada año, que se retraen de la protección social pública. Aunque la cuestión más complicada es cómo se aplica a los distintos colectivos de trabajadores, la consecuencia es ese recorte medio del 20% de la cuantía mensual de las pensiones futuras (respecto de lo que percibirían con los derechos anteriores a la reforma).
Diversas fuentes oficiosas admiten un recorte significativo del 12%, aunque los responsables sindicales lo minimizan o lo consideran casi nulo. En todo caso, ante la evidencia de mayor o menor recorte, se utilizan tres tipos de discursos para intentar justificarlos, cosa que a la vista de las opiniones ciudadanas no han hecho mucha mella.
El primero es una paradoja: hay que recortar (ahora) para ‘fortalecer el sistema público’ (mañana). Se instrumentaliza este objetivo positivo y compartido y se reinterpreta. ‘Garantizar las pensiones públicas’ resulta que es reducirlas respecto de los salarios y cotizaciones realizadas, rebajar la calidad de vida de los pensionistas futuros, retroceder en derechos y condiciones, debilitar la protección pública, facilitar la privatización parcial del sistema de seguridad social. La posición de la mayoría social es clara: recortar es empeorar hoy y mañana. Y su lógica, aplastante: fortalecer el sistema es mejorar las pensiones públicas no disminuir los derechos actuales.
El segundo discurso para justificar los recortes es el que los considera un medio clave para conseguir el fin de ganar la ‘confianza’ de los mercados financieros y las instituciones internacionales y europeas. La idea es que el sacrificio de las clases trabajadoras es imprescindible para frenar el acoso de esos poderosos. Es la lógica de la austeridad (para las clases populares). ¿Qué es esa confianza? Según ellos la garantía de pago de la deuda a medio y largo plazo por la contención del déficit y el gasto públicos, vías de negocio para los mercados financieros con los fondos privados de pensiones, contención de las demandas sociales y control político del descontento popular. Pero sin reactivación económica no hay bases sólidas para garantizar el pago de la deuda soberana, y los mercados pueden no fiarse. Y sin una reforma fiscal progresiva, necesaria para aumentar el gasto público y posibilitar el crecimiento económico y del empleo (cotizaciones), pervive la desconfianza. Además, con la continuidad y refuerzo de las políticas de ajuste económico (ampliadas próximamente en el Consejo Europeo de marzo), mayor austeridad del gasto público y moderación salarial, en España tampoco se genera consumo y actividad económica suficientes para crear empleo de forma significativa, lo cual no facilita la mejora de los ingresos y cotizaciones a la Seguridad Social. En resumen, esa ‘confianza’, objetivo central para el Gobierno y supuestamente conseguida con el acuerdo, es frágil y efímera, y no impide, en pocas semanas o meses, nuevos ataques especulativos o presiones para el recorte de más derechos sociales, económicos y laborales.
El tercer tipo de discurso es el basado en el determinismo demográfico para justificar la necesidad de una reforma regresiva. Es aceptado en el propio acuerdo. El envejecimiento es real pero, según previsiones del propio Gobierno, el incremento de la esperanza de vida a los 65 años, entre los años 2009 y 2030, es de un 5,4% (y un 2,5% más para el año 2040). Es un aumento limitado que puede perfectamente afrontarse. Incluso las previsiones gubernamentales estiman que el sistema tiene suficiencia financiera, incluido el Fondo de Reserva, hasta el año 2029. Pero aquí es cuando es preciso un enfoque diferente al de reducir el gasto: a partir de esa fecha hay que garantizar las prestaciones por la vía de mejorar los ingresos propios del sistema (ampliar el empleo, aumentar salarios y bases de cotización), empezando desde ahora, o, si es necesario, con la participación de la financiación pública. Pero nada de ello se contempla en el acuerdo.
Por último, aun los que admiten sólo ligeros recortes pretenden justificar el acuerdo como mal menor. Reconocen merma de derechos para los trabajadores pero, al mismo tiempo, incremento del poder contractual de los sindicatos. No obstante, es difícil explicar que el retroceso de los derechos sociales y laborales mejora la capacidad representativa, negociadora y transformadora del sindicalismo. Con el pacto se puede frenar la ofensiva mediática contra los sindicatos y conseguir su mayor reconocimiento institucional, cosas positivas. Constituyen el dique más amplio y compacto contra las políticas neoliberales de ajuste y austeridad; es necesario reforzarlos y frenar las dinámicas que tratan de debilitarlos. No obstante, con este pacto social la mayoría de sus dirigentes que lo han apoyado han cometido un gran error. El aval a ese recorte de las pensiones tiene ese coste de menor prestigio y autoridad moral entre la ciudadanía, conseguidos arduamente sobre todo este último año de oposición a las medidas antisociales y defensa firme de los derechos sociolaborales, (manifestaciones hace un año contra este plan de pensiones, huelga general contra la política de ajuste y la reforma laboral). Ese apoyo de la mayoría de las direcciones sindicales a esta reforma de las pensiones, con esa disconformidad y distanciamiento de gran parte de su base social, perjudica al propio sindicalismo y su capacidad representativa y transformadora. Esa decisión disminuye la credibilidad popular y la legitimidad social de sus estructuras dirigentes, como manifiesta esa encuesta de opinión. Le da menos fuerza para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores y la sociedad y queda en una posición más subordinada ante el poder económico y político.
No toda la responsabilidad en la relativa situación de pasividad social e impotencia es de los órganos dirigentes de los sindicatos. La influencia de la oposición de la izquierda política es limitada y es débil la contestación social y la articulación de otros grupos y movimientos sociales. Todos nosotros, incluida la intelectualidad progresista, tenemos nuestra particular responsabilidad para defender los derechos sociales y laborales, impedir las políticas regresivas y antisociales y promover un cambio de la política socioeconómica. Contamos con esa amplia conciencia social de disconformidad con los recortes de derechos y los retrocesos en las condiciones sociolaborales. Ahora, se trata de taponar la vía de agua generada por este acuerdo y fortalecer el sindicalismo y la izquierda social y política. Y conviene no profundizar en el error (embelleciendo el acuerdo, insistiendo en la misma lógica o reaccionando airadamente contra la gente que está en desacuerdo).
Los problemas principales de la sociedad, el amplio y persistente paro, las consiguientes brechas sociales e incertidumbres y el impacto de la reforma laboral, continúan. Nuevas políticas antisociales, la moderación salarial o la reestructuración regresiva del Estado de bienestar persisten en el horizonte y no se han neutralizado. Se necesitan una izquierda social y política más consistente, unos sindicatos fuertes y una acción sindical firme con la perspectiva de recuperar derechos y defender un modelo social avanzado.
Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid