7 de octubre de 2010, 15:37
NUEVATRIBUNA.ES - 1.3.2010
Eran las 2:00 am hora española, cuando la noticia me sorprendió al recibir varios mensajes de texto en el móvil. La familia y los amigos hablaban de triunfo de la democracia y no era para menos: el 26 de febrero de 2010 será recordado en América Latina, y particularmente en Colombia, por el fallo histórico de la Corte Constitucional que demuestra que existe el Estado de Derecho. La independencia del poder judicial ha prevalecido sobre los deseos de un presidente que pretendía perpetuarse al menos ocho años más, y que ya consiguió reformar la Constitución para optar a su anterior reelección.
En casi todos los países latinoamericanos los presidentes que han querido perpetuarse no han respetado las leyes, ni han encontrado obstáculo en ellas, modificándolas a la medida de sus ambiciones. Por eso Colombia es ahora una orgullosa excepción para el mundo porque el sometimiento del poder judicial a los intereses de los partidos sucede más a menudo de lo que parece en países con democracias más fuertes, para infortunio de los y las ciudadanas.
En América Latina existe el formalismo de las leyes para todo. Fruto de esta tradición se han elaborado leyes de papel, y quienes detentan el poder las manipulan en sus principios constitucionales para mantenerse en el gobierno. Los excluidos de este ejercicio - los ciudadanos de a pie -, y la oposición política piensan que las leyes no sirven para nada, que son letra muerta. Las cosas no han cambiado en este continente todo lo que se merecen sus sociedades, pero un poco sí. Con este fallo Colombia se aleja de esta odiosa injusticia. La Corte ha sido un contrapeso efectivo, ha equilibrado los poderes, y ahora vislumbra un futuro donde el ordenamiento jurídico será el garante de una democracia débil. La amenaza del poder ilimitado se aleja de una Colombia azotada por muchos males. No son pocas las embestidas que ha sufrido la justicia colombiana en forma de presiones, promesas de prebendas, violencia y muerte.
La Corte Suprema ha ordenado la detención de un familiar del Presidente de la República acusado de tratos ilegales con grupos paramilitares. Este hecho y la labor en el juzgamiento de los senadores de la parapolítica han devuelto la confianza en las leyes a la sociedad colombiana. La pretensión del gobierno Uribe de perpetuarse a costa de vicios de forma y de contenido del plebiscito ha sido frenada por la Corte Constitucional. Y esto dice mucho de un país donde poderes independientes son capaces de contradecir la voluntad presidencial. Colombia no es Venezuela. Los principios constitucionales y su respeto a los mismos son el sustento de la democracia y la paz, aunque ambos objetivos estén lejos de lograrse.
PANOMRAMA ELECTORAL
El juego democrático de las elecciones presidenciales del próximo mayo presenta un abanico de candidatos. Ninguno de ellos lograría la presidencia en la primera vuelta. Por un lado, se encuentran quienes buscan el apoyo de Uribe y provienen del tradicional establecimiento y, por otro, figuran los candidatos alternativos de centro izquierda. Cualquiera que gane se enfrentará a un legado muy difícil de gestionar: la presencia del paramilitarismo en el poder legislativo, la violación de los derechos humanos, el estancamiento en la superación de los índices de la pobreza y la presencia de una guerrilla que sigue sin mostrar la voluntad de paz. Puestos a soñar, cabría esperar la grandeza de mentes y corazones para lograr la reconciliación nacional y la construcción de una sociedad donde las exclusiones sociales y políticas, fuente de injusticia y de violencia casi eterna, tengan su fin mediante el logro de un gran consenso social y político. Sería algo deseable en 200 años de independencia.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
Eran las 2:00 am hora española, cuando la noticia me sorprendió al recibir varios mensajes de texto en el móvil. La familia y los amigos hablaban de triunfo de la democracia y no era para menos: el 26 de febrero de 2010 será recordado en América Latina, y particularmente en Colombia, por el fallo histórico de la Corte Constitucional que demuestra que existe el Estado de Derecho. La independencia del poder judicial ha prevalecido sobre los deseos de un presidente que pretendía perpetuarse al menos ocho años más, y que ya consiguió reformar la Constitución para optar a su anterior reelección.
En casi todos los países latinoamericanos los presidentes que han querido perpetuarse no han respetado las leyes, ni han encontrado obstáculo en ellas, modificándolas a la medida de sus ambiciones. Por eso Colombia es ahora una orgullosa excepción para el mundo porque el sometimiento del poder judicial a los intereses de los partidos sucede más a menudo de lo que parece en países con democracias más fuertes, para infortunio de los y las ciudadanas.
En América Latina existe el formalismo de las leyes para todo. Fruto de esta tradición se han elaborado leyes de papel, y quienes detentan el poder las manipulan en sus principios constitucionales para mantenerse en el gobierno. Los excluidos de este ejercicio - los ciudadanos de a pie -, y la oposición política piensan que las leyes no sirven para nada, que son letra muerta. Las cosas no han cambiado en este continente todo lo que se merecen sus sociedades, pero un poco sí. Con este fallo Colombia se aleja de esta odiosa injusticia. La Corte ha sido un contrapeso efectivo, ha equilibrado los poderes, y ahora vislumbra un futuro donde el ordenamiento jurídico será el garante de una democracia débil. La amenaza del poder ilimitado se aleja de una Colombia azotada por muchos males. No son pocas las embestidas que ha sufrido la justicia colombiana en forma de presiones, promesas de prebendas, violencia y muerte.
La Corte Suprema ha ordenado la detención de un familiar del Presidente de la República acusado de tratos ilegales con grupos paramilitares. Este hecho y la labor en el juzgamiento de los senadores de la parapolítica han devuelto la confianza en las leyes a la sociedad colombiana. La pretensión del gobierno Uribe de perpetuarse a costa de vicios de forma y de contenido del plebiscito ha sido frenada por la Corte Constitucional. Y esto dice mucho de un país donde poderes independientes son capaces de contradecir la voluntad presidencial. Colombia no es Venezuela. Los principios constitucionales y su respeto a los mismos son el sustento de la democracia y la paz, aunque ambos objetivos estén lejos de lograrse.
PANOMRAMA ELECTORAL
El juego democrático de las elecciones presidenciales del próximo mayo presenta un abanico de candidatos. Ninguno de ellos lograría la presidencia en la primera vuelta. Por un lado, se encuentran quienes buscan el apoyo de Uribe y provienen del tradicional establecimiento y, por otro, figuran los candidatos alternativos de centro izquierda. Cualquiera que gane se enfrentará a un legado muy difícil de gestionar: la presencia del paramilitarismo en el poder legislativo, la violación de los derechos humanos, el estancamiento en la superación de los índices de la pobreza y la presencia de una guerrilla que sigue sin mostrar la voluntad de paz. Puestos a soñar, cabría esperar la grandeza de mentes y corazones para lograr la reconciliación nacional y la construcción de una sociedad donde las exclusiones sociales y políticas, fuente de injusticia y de violencia casi eterna, tengan su fin mediante el logro de un gran consenso social y político. Sería algo deseable en 200 años de independencia.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.