Hay que evitar caer en confusiones. La reivindicación del derecho a decidir no conlleva, como algunos de uno y otro lado pretenden, ni es equivalente a plantear la independencia.
Esto viene al caso de la actual situación en Cataluña estimulada por el acuerdo CiU-ERC que plantea el camino de la consulta a la ciudadanía sobre el derecho a decidir como una consulta hacia la independencia. Es decir plantea el resultado en lugar del proceso de consulta
El derecho a decidir es algo más amplio tal como diversas fuerzas de izquierda, especialmente ICV-EUiA, han dejado claro al plantear que hay que lograr una gran mayoría que defienda el derecho a decidir y después proponer las diversas opciones.
La realidad de Cataluña como nación es incuestionable y, al margen de lo que puedan establecer las normas legales, es bastante clara y ha sido manifestada ya desde el inicio de la transición democrática, y mucho antes.
La oposición democrática en Cataluña constituyó en su momento la Asamblea de Cataluña como organismo unitario de todos los demócratas catalanes y en el punto tercero de su declaración fundacional exigía "el restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, como expresión concreta de estas libertades en Cataluña y como vía para llegar al pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación”
La realidad de los hechos diferenciales nacionales en España se puso de manifiesto ya en el debate constitucional. A pesar de la situación en la que se redactó la Constitución, donde todavía estaban intactos los poderes fácticos del franquismo, el tema fue la base de las discusiones más duras alrededor del título VIII de la Constitución.
Como decía el desaparecido Santiago Carrillo, el término nacionalidades establecido en el texto constitucional era una forma de referirse a los hechos nacionales catalán y vasco especialmente, de ahí la diferenciación entre nacionalidades y regiones. Esto se repite en la forma de acceso de unos y otros a la autonomía y al mayor grado de competencias, según el artículo 151, y lo establecido en la Disposición Transitoria segunda referida exclusivamente a Cataluña, Euskadi y Galicia.
En la propia discusión del título son bastante definitorias, del carácter particular de Cataluña y las demás nacionalidades históricas, las expresiones de algunos de los ponentes constitucionales, es el caso por ejemplo de Herrero de Miñón que se refiere señalando a las mismas como "Hechos diferenciales con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad”. Más claros son los ponentes Roca i Junyent que hablaba de "Nación sin Estado, con personalidad cultural, histórica y política propia .... Dentro de la realidad plurinacional de España, .... como Nación de Naciones", o Solé Tura que define la nacionalidad histórica como "Un estado de conciencia colectivo que se fundamenta no solo en la historia, en el pasado común, en la lengua, en la cultura o en la realidad económica sino también en una forma determinada de concebir apoyo propia realidad frente a las otras".
La sociedad catalana expresó su voluntad colectiva en los referendums de 1979 y 2006 cuando ratificó los respectivos Estatutos de Autonomía. Pero es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 a instancias del PP y el Defensor del Pueblo comportó entrar en contradicción con las aspiraciones del pueblo de Cataluña expresada en el referéndum del 2006 y significó una ruptura del consenso constitucional.
Las elecciones de noviembre de 2012 el Parlamento de Cataluña, expresaron que una mayoría del pueblo de Cataluña considera que es necesario ejercer de forma democrática su soberanía mediante su derecho a decidir su futuro.
Optar por el derecho a decidir no implica necesariamente optar por la independencia. La sociedad catalana es muy plural y habrá que optar por aquella fórmula que conlleve el más amplio consenso y mantenga la cohesión social.
Desde la izquierda y el catalanismo popular hay que tener muy claras las posiciones a mantener. No se puede caer en el juego y en el enfrentamiento a que nos quieren llevar las derechas nacionalistas tanto la española como la catalana. La izquierda siempre se ha definido como internacionalista y solidaria. Como decía el viejo dicho "los trabajadores no tenemos patria, nuestra patria es el mundo". Las izquierdas coherentes y en concreto las catalanas han defendido siempre los derechos de los nacionalismos oprimidos ante los nacionalismos opresores. Y es por eso que la izquierda catalana siempre ha defendido los derechos nacionales de Cataluña. Sin obviar el hecho de que los nacionalimos oprimidos si se liberan pueden convertirse a su vez, ellos mismos o sus clases dominantes, en nacionalismos opresores.
La realidad hoy en Cataluña es que se niegan o se ponen en cuestión derechos básicos como el de una financiación equilibrada o los referidos al papel de su lengua en la educación, entre otros. Al mismo tiempo que se debe hacer frente a un intento de recentralización del Estado en perjuicio de las propias competencias.
Después del fracaso del intento, encabezado por Pasqual Maragall, con la propuesta de nuevo Estatuto de 2006, que quería ser un nuevo acuerdo con el Estado, descabezado por la sentencia citada del Constitucional, ahora es imprescindible establecer una nueva relación entre Cataluña y el Estado. Y eso es lo que debe establecer la consulta al pueblo o el ejercicio del derecho a decidir.
La posición de la izquierda debe ser en principio partidaria de la posibilidad de una nueva relación con el Estado, pero una relación clara de tipo federal o confederal, que reconozca la personalidad y los derechos de Cataluña como nación y una relación solidaria regulada con el resto del Estado.
Es evidente que esta no es la posición de otras fuerzas catalanas de derecha nacionalista o independentistas que no quieren relación con el estado y parten de posiciones insolidarias y aislacionistas, ni de las derechas estatalistas y nacionalistas españolas.
Antes de la consulta a la ciudadanía es necesario un debate político serio y en profundidad, más allá de populismos dirigidos más al estómago o al corazón que al cerebro. Y ver cuál de las diversas opciones es la más adecuada.
Desde la izquierda hay que defender una Catalunya que reciba una financiación adecuada pero aceptando el hecho de que las zonas más ricas deben tener un nivel de solidaridad con el resto, pero que no puede comportar perder el ordinal entre comunidades en cuanto a las capacidades económicas antes y después de la aportación al fondo de solidaridad. Es decir solidaridad si pero dentro de un orden. Al mismo tiempo hay que definir una clarificación competencial especial entre Cataluña y el Estado, a pesar que sabemos que esto es difícilmente compatible con un modelo constitucional caduco como el que está vigente en España, donde es difícil establecer un necesario Estado federal. Hay que defender también que el futuro de Cataluña debe conformarse dentro de la Unión Europea y no aisladamente.
No hay que dar por supuesto que una Cataluña virtualmente independiente resolvería todos los problemas de la sociedad. No se puede dar ni garantizar, como defienden algunos, la hipótesis de que una Cataluña independiente se mantendría dentro de la UE, como tampoco se puede obviar el hecho de que en caso de entrar posiblemente podríamos pasar a ser un país contribuyente neto a los fondos comunitarios. Habrá que valorar los problemas de una Catalunya independiente, desde los gastos propios de ser un Estado independiente, hasta el hecho de qué deuda debería soportar en la actual situación de crisis. Y también de qué manera se hace compatible la independencia con el hecho de que el 46% de nuestra producción va en dirección al resto de España.
Es evidente que tanto una salida a una nueva relación con España como una solución puramente independentista son de difícil aplicación. En todo caso es evidente que lo que hace falta es tratar de establecer un pacto entre Cataluña y España, tanto por permanecer, de otra manera, como por salir. Y en esto creo que dentro de la dificultad es más posible una solución de nueva relación que una de división como plantea la propuesta independentista.
Por último hay un elemento fundamental en todo este proceso y es mantener la cohesión social de la mayoría de la sociedad, especialmente difícil en un momento de crisis como ahora. Alguien debería plantearse que todos los grandes cambios precisan de un gran apoyo social, no es cuestión del 51 ni 60%. Hay que evitar una ruptura social y ello conlleva capacidad de debate y acuerdos políticos que supongan porcentajes altos no tanto de parlamentarios como de apoyo ciudadano. Y creo que hoy este amplio apoyo por el derecho a decidir existe entre los ciudadanos de Cataluña, los que votaron CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA o CUP, pero sin duda no sería el que tendría una opción independentista que es muy posible que fuera minoritaria dentro de la sociedad catalana, o que comportara una ruptura en dos mitades del cuerpo social.
Y en todo esto y en la resolución de un problema que es grave tendrá mucho que decir la posición dialogante o de confrontación que adopten los partidos estatales.