Ciertamente una cosa es valorar la conveniencia o no de que un país como Grecia esté o no en el euro dado el criminal error de las exigencias impuestas por la llamada troika y otra cosa es la hoja de ruta que debiera recorrer Grecia –u otro país– para salir de la Unión Monetaria. Más tarde analizaré las ventajas de estar fuera, pero ahora me centraré en el camino económico de salida. Nada diré sobre las reformas legales e institucionales para tal cometido porque no soy un experto, pero esas leyes y cambios se pueden implementar, pero los diseños económicos están sujetos al comportamiento de los ciudadanos y no se pueden regular mediante leyes. No hay tampoco precedente de una operación semejante por más analogías que puedan encontrarse en otras épocas. Veamos los problemas y pasos principales:
1) La primera cuestión que se plantea al salir de la moneda actual –el euro- es que ha de sustituirse por otra moneda, tanto en términos físicos como en términos de derechos adquiridos, de anotaciones en cuenta en bancos y empresas, dado que la moneda no es sólo un medio de pago sino también un depósito de valor. Por ello el Tesoro y su fábrica de moneda de un país que quisiera salir del euro tendría que fabricar la moneda en secreto para tenerla a punto para el día H de sustitución del euro por la nueva moneda. No es este sin embargo el problema principal de este cambio. Los bancos estarían obligados a capturar los euros y entregar la nueva moneda a los ciudadanos que necesitaran metálico. Es posible que muchos ciudadanos no quisieran entregarla en un primer momento, pero cuando vieran que cuando intentan sacar efectivo de cajas y cajeros vieran que les entregan la misma moneda y por la misma cantidad que antes no podrían objeción. Los únicos ciudadanos preocupados por el cambio de moneda serían los importadores y los que pretendieran evadir divisas.
2) La segunda cuestión sería fijar el tipo de cambio de la nueva moneda respecto a la existente porque los ciudadanos del país se acostarían un viernes por la noche y se encontrarían –debería ser así– con que el lunes siguiente tendrían sus cuentas denominadas en la nueva moneda. Nada en apariencia habría cambiado porque los importes de todos los saldos y cuentas serían los mismos, sólo que expresadas en la nueva moneda. Ahora bien, al obrar así lo que habríamos hecho es considerar que el tipo de cambio de la nueva moneda es uno, es decir, un euro=un dracma (el nombre de la nueva moneda podría ser en el caso griego el mismo que la vigente antes de la entrada en la Unión Monetaria).
3) ¿Podría sostenerse este cambio en las relaciones financieras y comerciales con el exterior? En absoluto y tampoco sería conveniente. Detrás de la moneda –y esta es la tercera cuestión– está la política monetaria de un país, está la oferta monetaria, la labor del Banco Central en su tarea de facilitar liquidez al sistema financiero y en su papel de prestamista de última instancia tanto del sistema como del Estado. Por todo ello las autoridades monetarias (el Banco Central y el propio Gobierno) habrían de seguir una senda de política monetaria acorde con los problemas del país, huyendo de dos situaciones extremas y contradictorias: la falta de liquidez y las tensiones inflacionistas. Además, en el caso griego y en otros muchos, de entrada el Banco Central del país con su nueva moneda debería dotar de liquidez al Sector Público porque, en la nueva situación, ni la Unión Económica ni el FMI estarían dispuestos a facilitar crédito al país en euros dadas las expectativas devaluatorias abiertas con el cambio de moneda. En un primer momento el Gobierno no podría atender a todas las necesidades del Estado de Bienestar y tendría que centrarse en lo imprescindible como la Sanidad, Educación, pensiones, dependencia, paro y nóminas, y retrasar el resto de las obligaciones de pago en lo posible. En todo caso lo que no podría ocurrir –como ocurre con las obligaciones impuestas ahora por Bruselas– es que por afán de reducir el déficit llevara a reducir el Gasto Público, porque éste es un componente esencial de la demanda agregada y ello provocaría una caída de la producción, una disminución de las rentas y un cierre de empresas y despidos, que es lo que ocurre actualmente ante la exigencia suicida de acabar con el déficit reduciendo los gastos en plena crisis. El Gobierno tendría un índice, una guía por sus consecuencias para valorar el nivel del Gasto Público financiado mediante emisión de la nueva moneda (dándole a la máquina de hacer billetes): que la demanda agregada del año en curso no sea inferior a la del año anterior (límite inferior) y mantener la inflación controlada casi mes a mes (límite máximo). Mientras los niveles de emisión de la nueva moneda, es decir, los niveles de base monetaria del Banco Central (dinero emitido más los depósitos de las entidades financieras privadas en el B. Central) den lugar a una oferta monetaria que lleven a la suficiencia de demanda agregada por un lado y a la inflación contenida por otro, la cosa podría ir razonablemente bien. En esto el papel del Banco Central es crucial porque el país no podría acudir a la financiación exterior al menos en un primer momento. A pesar de lo anterior, los ciudadanos que cobraran en la nueva moneda y gastaran con élla no notarían el cambio puesto que el tipo de cambio sólo afecta a las relaciones con el exterior (pagos a importadores, transferencias sin contrapartidas al exterior) y los que tuvieran deudas denominadas en euros.
4) El cuarto problema sería las relaciones comerciales y financieras del país con el exterior. El país de la nueva moneda debe mantener las relaciones comerciales con el exterior, lo cual le obliga a proveerse de euros para el pago de las importaciones. Esto se realiza a través del sistema financiero, que ha de jugar un papel también crucial, porque por un lado debe facilitar divisas a las empresas importadoras que establecen sus acuerdos de pago en moneda extranjera, pero por otro deben evitar cualquier complicidad ante las fuertes presiones que recibirían de los particulares de fortuna y empresas para evadir divisas, bien mediante transferencias sin contrapartida material, bien pagando facturas engordadas de empresas importadoras que, aprovechando esa condición, quisieran evadir divisas. Este es uno de los motivos por los que todo el sistema financiero debería pasar al control del Estado en un fin de semana; también sectores estratégicos como el energético. No es el único motivo porque otro sería que los bancos y resto de entes financieros que facilitan financiación interior deberían seguir e incluso aumentar su papel crediticio y no caer en la tentación de boicotear la acción del Gobierno esperando una marcha atrás de sus decisiones. Las posibilidades de banqueros y empresarios de convertirse en delincuentes ayudando a los ricos a sacar sus fortunas al exterior, tanto mediante transferencias (anotaciones en cuenta) como también físicamente serían muy fuertes. Nuevas leyes de represión surgidas al mismo tiempo deberían aumentar los castigos para estos comportamientos. La razón de ello es que el grado de control de estas operaciones, de los mecanismos de evasión nunca es lo suficientemente fuerte para reducir al cien por cien la evasión en condiciones normales, mucho más en las condiciones de un cambio de la vieja moneda a la nueva. Además, el control directo del sistema financiero a través del personal del Banco Central en el sistema financiero no podría mantenerse mucho tiempo, y eso suponiendo que el Banco Central tuviera suficiente personal preparado para ello. Hay que tener en cuenta que son muchas instituciones financieras y mucha operativa a controlar: bancos, cías. de seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, operaciones de derivados (opciones, mercado de futuros, contratos de permutas), seguros financieros, pago de intereses al exterior, etc. El Gobierno podría fijar el tipo de cambio al exterior, pero lo mejor sería dejar flotar la moneda y que fuera los mercados que están detrás de la balanza de pagos los que dieran con el tipo que equilibra pagos y cobros (los de la balanza comercial y los de las de las transferencias sin contrapartida). No todos los pagos al exterior se podrían controlar y algunos no deberían (pagos de los inmigrantes a sus familias fuera del país), por lo que se autorizaría una cantidad al mes razonable.
5) Una quinta cuestión es la deuda privada y pública denominada en euros que hubiera en el momento de la conversión de la moneda. En cuanto a la privada no debiera tocarse y las empresas que pudieran pagarla se les facilitaría la divisa, pero con el control suficiente para que no se diera una evasión de divisas camuflada como la comentada; en cambio, la deuda pública del Estado denominada en euros así como los préstamos recibidos en esa moneda sería otro cantar. Aquí el Gobierno podría establecer un calendario de pagos mucho más largo, bien sea con acuerdo con los acreedores, bien sin acuerdo, puesto que se habría zafado del chantaje de Bruselas y de la Merkel para atender los pagos del Estado dado que ahora su Banco Central le facilitaría liquidez. Todo ello con los límites antes expuestos: demanda agregada del año en curso no inferior a la del año anterior y primeros brotes inflacionistas.
6) Una sexta cuestión es la lucha contra la evasión fiscal, porque en los países meridionales europeos los niveles de fraude son muy altos y con tan sólo de que el Estado recaudara toda la deuda tributaria potencial derivada de las leyes tributarias se acabarían los déficits, es decir, la justificación de Bruselas para llevar a los países a la bancarrota por sus exigencias de su reducción brutal del déficit público en tan poco tiempo. Es verdad que los efectos de estas posibles medidas no tendrían efectos inmediatos, pero también hay que pensar en el medio plazo porque todos los signos de solvencia y de determinación en la acción del Gobierno en aras de mantener la producción y el empleo tendrían sus efectos positivos al contado, por mor de las expectativas y su influencia en precios y salarios.
Asegurada la liquidez de lo público y de lo privado por el Banco Central del país, ahora las ventajas de no estar en el euro son las siguientes: 1) El país dispone de un Banco Central y, por tanto, de política monetaria, es decir, capacidad de fijar la senda de la oferta monetaria; 2) Dado el control del sistema financiero, principalmente de los bancos, las empresas no verían cerrado el grifo de la financiación externa (a la empresa), cosa que ocurre ahora no sólo en Grecia; 3) El Gobierno podría fijar por sí mismo un nuevo calendario de pagos de su deuda pública y de sus préstamos denominados en euros dado que ya no está sujeto al chantaje de Bruselas; 4) Al tener moneda propia podría fijar –o dejar flotar- su moneda en relación al resto de las monedas y con ello solucionar los déficits de balanza de pagos (al menos la comercial); 5) El Gobierno del país con la nueva moneda tendría, en definitiva, mejores y nuevos instrumentos para centrar su acción en la solvencia del país y no en su liquidez, en políticas monetarias, financieras y en la economía real tendentes a una ligera expansión que permita sostener las empresas existentes y no a combatir el déficit público mediante una contracción de la economía, cosa que ocurre actualmente en Grecia, Portugal, Italia y España, que llevan a más paro y más cierre empresarial. Los dos grandes peligros en esta situación una vez superado el período transitorio, son la inflación por un lado, pero que para ello el Banco Central tiene el control de la oferta monetaria por su control de la base monetaria; por otro, la evasión de divisas, pero ahí también hay mecanismos suficientes de control si el Gobierno y su Administración se ponen a ello.
Son estos algunos de los problemas previsibles en la salida de un país de una moneda que no controla, de un banco central sobre el que no tiene influencia, de una oferta monetaria que deber compartir que no se adecua a sus necesidades y de una insuficiencia financiación exterior de sus necesidades en momentos de crisis. Pueden surgir otros problemas imprevistos. Las dificultades son enormes, el camino es pedregoso, pero es un camino que se ve la luz del túnel; en cambio, con las condiciones impuestas por Bruselas y la Merkel –entre bambalinas– no se ve cómo ni cuando se detendrá la espiral contractiva a la que los cretinos neoliberales que nos gobiernan (entre nosotros ahora Rajoy) nos están sometiendo y que han puesto en el abismo a Grecia, mejor dicho, al pueblo griego. Aviso para caminantes.