domingo 16/5/21

Holocausto en Madrid

ayuso

¡No se dejen engañar! ¡No hay más ciego que el que no quiere ver! ¡No se pierdan en los detalles! ¡Los árboles son reales pero no les pueden impedir ver el bosque! El ser humano es un ser capacitado para distinguir lo importante de lo trivial, para analizar las situaciones, para localizar las causas y formarse una opinión propia. No hace falta ser catedrático en Lógica formal.

Desde el inicio de la pandemia el Gobierno se ha empeñado en una información en momentos hasta excesiva en prolongadas y aburridas ruedas de prensa, descendiendo a veces hasta detalles que exceden del interés informativo; conversaciones a diecinueve bandas con las Comunidades y Ciudades autónomas  y con todos los grupos parlamentarios, que unas y otros siempre consideran insuficientes; en rendiciones de cuentas parlamentarias que aprovecha una parte de la oposición, los que el resto de la semana se tocan las narices o todo lo más se pasean en descapotable por La Castellana con su bandera de España, en vejarles e insultarles. Sin educación ni decoro. Todo el mundo lo ha podido ver.

Tremendo error. Para todos los hijos de puta que llenan este país lleno de hijos de puta, dar explicaciones es sinónimo de culpa. Y cuánto más explicaciones das más culpable eres. Peor. “Su cuenta les traerá”, “excusatio non petita”, etc.

Y mientras ruido mucho ruido, en las instituciones, en la prensa, en las redes, en las calles… ¡Ruido hasta en los balcones! Ruido para tapar todas las vergüenzas, para que no oigamos lo que debemos oír.

Declara Cinta Pascual, “he visto a un médico entrar en una Residencia y decir (señala con el dedo): mórfico, mórfico, mórfico”. Con ese calificativo evidentemente se refería a los que no eran susceptibles de hospitalización

¿Y qué es lo que no quieren que sepamos? Las verdades del barquero. Que las Comunidades que han sufrido más la pandemia, que más muertos han aportado a las estadísticas son precisamente aquellas que más recortaron en sanidad y servicios sociales desde 2012. Madrid y Cataluña. Verdad simple y elemental, al acceso de cualquiera. Irrebatible. Apodíctica.

¿Qué más quieren que ignoremos? Que los principales focos de contagio en Madrid han sido los Hospitales y las Residencias de Ancianos, ambos bajo la competencia de la Comunidad de Madrid. Dejen de marear con el 8-M y demás ocurrencias. Que los Hospitales se convirtieron en un foco de contagio, porque todo el sistema sanitario primario colapsó, se derrumbó de primeras como un castillo de naipes por falta de capacidad objetiva tras los recortes sufridos. Que los médicos de Atención primaria atendían avisos domiciliarios hasta las once de la noche. Que hubo que cerrar centros de salud y ambulatorios centralizándose toda la atención sanitaria en los Hospitales (a eso le llaman, Hospitalismo). Y que en las Residencias de ancianos ocurrió lo mismo por un determinado modelo de negocio privado, con subvenciones o sin subvenciones públicas, implantado y promovido por el PP y regido por el amiguismo y el beneficio privado, con posibles retornos. Al uso acostumbrado.

¿Qué hacen el PP y sus adláteres promoviendo denuncias y querellas contra el Gobierno? Hasta sesenta y cinco parece que tiene el Tribunal Supremo sobre la mesa. Ruido. Disimular su propia responsabilidad. Su propia culpa, evidente. La mejor defensa es el ataque, que dicen los futboleros. Y para ello lo movilizan todo y son capaces de la mayor de las desvergüenzas.

Está tardando la necesaria investigación contra aquellos jueces que secundan el ruido y construyen la acusación dejando sus funciones en manos de terceros. Está tardando la investigación contra los supuestos policías judiciales que planchan huevos y fríen corbatas, con tal de “vender la moto” a quien está deseando creérsela. Que se creen que la justicia es suya. Se ha discutido si cabe o no apreciar el delito de falsedad en la elaboración de informes. Y es claro que los informes, en principio, no tienen más valor probatorio que el que les atribuye la convicción del Juez. No son en términos generales documental. Y el simple error no constituye delito. Pero no menos cierto es que los medios probatorios suelen ser mixtos, contener elementos propios de varias clases de ellos. No hay informes/informes sino que en los informes se contienen frecuentemente elementos documentales y cuando éstos se alteran y manipulan deliberadamente para forzar conclusiones, el delito es posible y de una inusitada gravedad. Y sin necesidad de llegar a la falsedad en documento público, estaríamos hablando de prevaricación.

Pero sobre todo están tardando las querellas presentadas por la Marea de las Residencias en Madrid, Leganés y Alcorcón contra Doña Isabel Díaz Ayuso, Presidente de la Comunidad, Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad y Don Enrique López, Consejero de Justicia y otros, ignorando el grado de participación que se les atribuye, porque hay indicios de delito en las SEIS MIL SIETE MUERTES habidas en las Residencias de la Comunidad de Madrid. Muertes de personas en situación de absoluta indefensión provocada porque se les denegó la asistencia hospitalaria. Y a la espera  de las decenas de investigaciones promovidas por la Fiscalía en diferentes Residencias. Benévolamente se les imputan delitos de homicidio por imprudencia, denegación de auxilio y trato vejatorio.

Casi convictos pero nunca confesos niegan el protocolo (“no existe” o “solo era un borrador”) que impidió el acceso a los Hospitales de los enfermos provenientes de las Residencias. Niegan hasta lo evidente. ¿Desde cuándo los borradores se firman? ¿Desde cuándo los borradores se difunden y distribuyen en los Centros hospitalarios dependientes de la Comunidad, antes de ser aprobados? El primero de los protocolos se difundió a 475 residencias ¿Y si es un borrador como explicar que la realidad se haya ajustado meticulosamente a sus previsiones? ¿Cómo explican que el 80% de los fallecidos adscritos a Residencias fallecieran en las Residencias y no en los Hospitales? Bastará una ronda de declaraciones de los responsables de las Residencias para comprobar la tesis. ¿Por qué el Consejero de Servicios Sociales, Sr. Reyero, cuando vio lo que estaba pasando y que le podían cargar las culpas porque era su área de responsabilidad se apresuró a dejar por escrito constancia de su oposición al protocolo y a lo que estaba sucediendo?

Niega la Sra. Presidente que se practicara triaje hospitalario. Y no es seguro que sepa lo que está diciendo. Porque ante las situaciones en que hay saturación de una estructura sanitaria precisamente lo que hay que hacer es un triaje, una valoración para dar prioridad en la atención de acuerdo con criterios de urgencia y gravedad. Considerando que no todo lo urgente es grave y no todo lo grave es urgente. Pero aquí no hubo triaje. Al parecer lo que se hizo fue que el personal de las Residencias valoraran los pacientes con orientadores geriátricos de la Comunidad, telefónicamente y con base a protocolos  elaborados por la Comunidad de Madrid.

Ya hemos perdido la cuenta de cuantos protocolos aparecen referenciados en la prensa. Se habla hasta de cinco, si bien hay querellantes que afirman que más allá de protocolos la decisión se fundaba en hechos más simples según el momento: la procedencia, la edad (+80 años) y/o en el grado de dependencia del paciente (tercer grado).

Así el primer protocolo se limitaba a excluir de la asistencia hospitalaria a los dependientes de grado 3, el más severo, siempre que estuvieran internados en una Residencia y aunque presentaran buenas expectativas de vida. Los tres protocolos siguientes se fundaban en la aplicación del llamado Índice de Barthel que sirve para cuantificar la capacidad para las actividades de la vida diaria. En España su aplicación se relaciona para distinguir la Invalidez contributiva absoluta de la Gran Invalidez y también como referencia para la valoración de los grados de dependencia. A menor puntuación mayor incapacidad y mayor dependencia. En el segundo de los protocolos se excluía de la asistencia hospitalaria a los pacientes terminales y a aquéllos con puntuación inferior a 60 puntos/100. Los dos posteriores según referencias periodísticas suavizaron el criterio excluyendo a terminales y a aquellos con una puntuación inferior a 45 puntos/100 (mayor incapacidad y mayor dependencia que en el primero). En el quinto de los protocolos, y definitivo hasta el momento, se crea un baremo ad hoc que la Consejería denomina “Escala de fragilidad” que establece hasta nueve niveles. Solo los pacientes encuadrados en los primeros siete niveles podrían acceder a la hospitalización. Se excluyen a los encuadrados en los niveles o grados 7, 8 y 9. Precisamente los más “frágiles”. En el grado 7 se incluyen los dependientes graves y estables y sin riesgo vital. En el nivel 8 los dependientes muy graves a los que el padecimiento de afecciones menores pudiera poner en riesgo vital. Y en el nivel 9, los pacientes terminales con una expectativa de vida inferior a seis meses.

La cuestión se nos antoja una auténtica salvajada. Evoca las prácticas de selección del nazismo. La edad o el grado de dependencia en modo alguno puede justificar la exclusión de la hospitalización. Bástenos decir para hacernos entender que dependientes graves como Stephen Hawking, de vivir, estar internado en una Residencia madrileña y haber contraído el coronavirus, no habrían recibido atención hospitalaria. O Ramón Sampedro, aquel ciudadano severamente recluido en una cama, al que se le negó la eutanasia, de concurrir las mismas circunstancias se le habría facilitado la muerte por falta de asistencia. ¡A qué tanto escándalo y moralina hipócrita con la eutanasia! Dependencia y expectativas de vida o viabilidad vital son conceptos tangentes, pero no necesariamente concurrentes. Y menos aún es aceptable el peculiar método de valoración empleado.

Curioso que esta misma gente, con Esperanza Aguirre al frente y Fernández-Lasquetty, hoy metido en los mismos afanes privatizadores con el Hospital del Niño Jesús, y especialmente el entonces Consejero de Sanidad Sr. Lamela, persiguiera rabiosamente al Dr. Montes

Declara Cinta Pascual, Presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas, “he visto a un médico entrar en una Residencia y decir (señala con el dedo): mórfico, mórfico, mórfico”. Con ese calificativo evidentemente se refería a los que no eran susceptibles de hospitalización. Dicho de otra manera, señalando a quién se le daba oportunidad de vivir y a quién no. Debió ser una escena dantesca. Inolvidable, como la decisión de Sophie. Propia de un campo de exterminio.

Lo de “mórfico” merecería una consulta médica porque esa referencia a la morfina es equívoca. Todos sabemos que los opiáceos tienen efectos analgésicos y se usan en pacientes con disnea por FEVI insuficiente, cuestión totalmente ajena al coronavirus, pero que está contraindicada en las depresiones y enfermedades obstructivas de las vías aéreas. ¿Hay que entender que se estaba ordenando la sedación terminal?

Curiosa esta gente que se opone al derecho a una muerte digna, al testamento vital y demás cosas de rojos. Eutanasia = Asesinato, ponen en sus pancartas.

Curioso que esta misma gente, con Esperanza Aguirre al frente y Fernández-Lasquetty, hoy metido en los mismos afanes privatizadores con el Hospital del Niño Jesús, y especialmente el entonces Consejero de Sanidad Sr. Lamela, persiguiera rabiosamente al Dr. Montes y su equipo del Severo Ochoa por practicar la sedación humanitaria de enfermos terminales. Práctica absolutamente conforme con la deontología médica. Y todo para desviar la atención y ocultar la operación de construcción por el Gobierno de Doña Esperanza, la madre de todos los sapos, de siete hospitales públicos con gestión privada y uno más directamente privado (Aconsejable ver el Documental “El Severo me duele”, producido por el Gran Wyoming, en YouTube). Todo lo que dijeron se vuelve contra ellos y ahora con razón porque es bien diferente sedar a enfermos terminales que así lo interesan y otra bien distinta decidir la muerte de alguien sin contar con su voluntad y con base a protocolos éticamente arbitrarios. La edad o la discapacidad son criterios constitucionalmente discriminatorios.

Todo esto requiere un juicio. Todas esas muertes deben ser aclaradas. Una a una.



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