Lo inteligente en Moncloa y en la vida política de este país sería partir del hecho de que Cataluña, al día de hoy, hasta que no se produzca alguna ley que sea inconstitucional, no hay independencia
Visto lo visto en el tema catalán se puede sacar dos conclusiones que valen para la política en general: antes de actuar hay que pensar y, si se piensa, hay que olvidarse de los votantes. Ninguna de las dos cosas se cumplen en la carta-ultimatum de Rajoy a Puigdemont, es decir, del Jefe de Gobierno del Estado al representante del Estado en uno de sus territorios. Trata Rajoy a Puigdemont como al enemigo, como los ultimátum que se daban los gobiernos de los países europeos en la I y II guerras mundiales. Además le trata como el padre al niño que no aprueba las asignaturas, no como un político debe tratar a un político. Rajoy no tiene altura moral ni intelectual para tratar así al representante de una Autonomía. Rajoy está mermado moralmente para dar lecciones por la corrupción de su partido –del que es Presidente- y para valorar su nivel intelectual hay que recurrir a los números negativos. Sólo le asiste la razón jurídica, la cual es suficiente para ejercer la coacción y la represión en un territorio del Estado, pero no para solucionar el problema, el secular problema catalán. Periodistas y políticos de izquierdas han dado por buena la carta de Rajoy interrogando si había declarado o no la independencia en el acto en el Parlament. Hay que recordar que no hubo votación en el Parlament y que las palabras del Presidente de la Generalitat son sólo una declaración dando por bueno el referéndum del 1-O sobre la base de una ley previa que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal. Si hubiera en Moncloa un celemín de inteligencia, lo inteligente y lo que, probablemente, se ajuste a una correcta interpretación constitucional, es que ¡Puigdemont NO declaró la independencia! Lo que hizo fue atenerse a un resultado electoral sobre una ley fuera de la Constitución. Abundando más, por si hubiera duda, lo que declaró lo anuló en la práctica al suspenderlo.
Lo inteligente en Moncloa y en la vida política de este país sería partir del hecho de que Cataluña, al día de hoy, hasta que no se produzca alguna ley que sea inconstitucional, no hay independencia. Entonces, ¿por qué Rajoy, su Gobierno, el PP y Ciudadanos se ponen en lo peor, en la hipótesis más difícil para encarar una solución del secular problema catalán? Por dos motivos: porque eso piensa el PP que le va a dar votos y porque la brutal actuación de la policía y guardia civil el 1-O no quedaría justificada. Aún así, la pregunta inteligente al Presidente de la, hoy por hoy, autonomía catalana sería la siguiente: ¿Sr. Puigdemont, señores del Gobierno de la Autonomía de Cataluña, miembro del Parlament, al día de la fecha esta autonomía se rige por el Estatuto catalán y la Constitución o no? Esa pregunta obliga mucho más a un sí o no por varios motivos: no obliga a negar un hecho –no una intención- como fueron las palabras de Puigdemont en el Parlament, trata a Puigdemont como un político y no como un niño caprichoso que tiene que negar lo que hizo, y permite mirar el futuro y no el pasado. Con o sin respuesta del representante del Estado en Cataluña, el Jefe de Gobierno del Estado tendría un criterio para actuar. Valoraría, a partir de ahora, todas las leyes emanadas del Parlament y podría mandarlas al Tribunal Constitucional para que este tribunal las valore a su vez si están dentro o fuera de la Constitución. Y con las quedaran fuera ya podría actuar en lo concreto, ante una ley concreta.
Hasta la fecha, lo inteligente, es considerar que estamos dentro de la Constitución: por el pasado, porque sobre las leyes no constitucionales ya se ha pronunciado el Tribunal, lo cual permite declarar ilegal el resultado del referéndum del 1-O y sin valor jurídico sus efectos posteriores, al igual que las leyes de transitoriedad; y por el futuro, porque están por ver esas futuras leyes. Pero eso no da votos y no justificaría el apaleamiento de los ciudadanos catalanes que iban a votar y no tienen por qué saber de la constitucionalidad de las leyes. Y los que lo entiendan no merecen ser apaleados; a lo sumo podrían ser detenidos por cometer un acto ilegal. El hecho político del apaleamiento ha trastocado la salida inteligente y Rajoy y su Gobierno se ha encaminado por la coacción gratuita, por la represión y parecería que no puede dar marcha atrás. Y, sin embargo, lo hará, lo tendrá que hacer tarde o temprano, porque no puede suspender el Parlamento de Cataluña, que es el órgano responsable de las leyes del cual emanan y ¡aún no se ha votado en este órgano la independencia! Y no lo puede hacer porque ni el Gobierno ni el Parlamento de la nación pueden anular un parlamento autonómico que es soberano dentro de su territorio. Además la ley de transitoriedad también está anulada por el Constitucional. Lo único que puede hacer el Gobierno es mandar al Constitucional las leyes que, presuntamente, vea motivos de inconstitucional y obrar en consecuencia en lo concreto. Eso sí, siempre podrá de facto mandar a la guardia civil, a la policía para apalear a catalanes: ¿le sigue eso dando votos en el resto del Estado?
El problema actual de Rajoy y el PP es que está contaminando la actuación del PSOE porque, a los ojos de la ciudadanía, parece que el partido socialista le está dando un cheque en blanco para actuar. Creo que no es así y es de esperar que no sea así, pero las apariencias son esas. Y resulta imprescindible que el PSOE guarde sus naves para abordar una solución distinta a la del PP, es decir, a una solución, porque el partido conservador, por sí solo, prácticamente ha quemado las suyas por una interpretación errónea de lo sucedido –aunque interesada electoralmente- y por la actuación brutal de policías y guardia civil el 1-O. En cuanto a los otros dos partidos han cometido errores que les han llevado a ser irrelevantes en este problema. Ciudadanos porque se ha convertido en un jaleador del Gobierno de Rajoy instándole a la peor de las soluciones; Unidos Podemos porque está perdiendo base electoral por la defensa a ultranza del derecho a decidir. Al final, guste o no guste, el partido clave es el PSOE, pero debe nadar entre dos orillas: no puede dejar de actuar como si estuviera gobernando porque, de lo contrario, dejaría al PP, a pesar de todo, con esa responsabilidad a pesar de su actuación irresponsable y equivocada; y no puede casarse con el PP, no puede darle ese cheque en blanco o blanqueado, porque está en el límite electoral para ser alternativa real al PP y no un mero continuador de su política. La represión del Estado a lomos del tardofranquismo (PP) se cierne sobre Cataluña y sólo el PSOE puede frenarlo para, simultáneamente o después de unas elecciones generales, dar una alternativa federal con transferencias de competencias que hoy están en manos o compartidas con la Administración Central del Estado. Pienso en fiscalidad, leyes laborales, Seguridad Social, pensiones, Cultura, cupo vasco generalizado, etc. Veremos si, al menos en el PSOE, hay vida inteligente dado que en la Moncloa está ausente y los otros dos partidos se han encadenado voluntariamente a la irrelevancia. Una reforma de la Constitución que permita amplias transferencias a las Autonomías ya en un Estado federal puede romper a la derecha catalana y dejar en auténtica minoría el independentismo. Entonces, hasta un derecho a decidir podría ser pactado porque lo ganarían los no independentistas. Pero eso es actuar con inteligencia, claro.