La fusión de Caixa Bank con la actual Bankia pone en cuestión y a debate varias cuestiones que no son fácilmente soslayables, a pesar de estar inmersos en este problema que parece que todo lo vela que es la pandemia y los rebrotes, cuando ya son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias totales y máxima responsabilidad para combatirla. La fusión o absorción –desde el punto de vista económico para el país es indiferente- de ambas entidades financieras tiene aristas diferentes como son: la posible pérdida de competitividad, las pérdidas para los contribuyentes de las ayudas del Estado –es decir, de nuestros impuestos- el posible aumento de costes de servicios para los clientes de la actual Bankia, el futuro del empleo y, también, la posible pérdida de oportunidad de la creación de una banca pública que algunos colectivos y sectores de la sociedad defienden. Veamos con algún detalle estos aspectos.
En el diario Expansión del 7 de septiembre se publicaba cómo quedaba la participación de las diferentes entidades financieras en términos de activos financieros. Concedemos al diario la suficiente credibilidad que, por otra parte, coincide con otras publicaciones. Hasta la fecha el Banco de Santander -el gigante del sistema financiero- tenía 1,57 billones de activos. Y seguirá siéndolo porque el banco resultante de la fusión tendrá 0,97 billones de activos financieros conjuntos. El siguiente banco en tamaño –aceptando este criterio de activos financieros- lo será el BBVA con 0,75 billones. Y el cuarto banco será el Sabadell, pero ya a una distancia considerable con 0,23 billones. Es decir, con la fusión se consolida claramente un oligopolio en nuestro país en línea con los oligopolios financieros reinantes en Europa como son los franceses, alemanes, italianos, etc. Parece clara la pérdida de competitividad del sistema que, como ocurre siempre, irá a costa de los clientes, es decir a costa de los demandantes de servicios bancarios, como indica el análisis microeconómico de los mercados. Y no hemos visto que se hayan pronunciado al respecto ni la Comisión sobre la competencia, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni ninguna otra institución que tenga competencias sobre el tema. Tampoco sabemos que piensan oficialmente el Banco de España o el BCE como entidades, más allá de declaraciones más o menos afortunadas de sus responsables. Esperamos el punto de vista del Parlamento europeo que debería darse en breve.
Mientras esta política se mantenga creo que el aumento oligopolístico del sistema español no va a incidir sustancialmente en los tipos de interés
Hecha la fusión cabe preguntarse cómo incidirá en dos aspectos al menos: el de los posibles aumentos de costes para los clientes de Bankia y de cómo afectará a los tipos de interés, tanto de los créditos en vigor como de los futuros. En cuantos a los tipos de interés parece que deben respetarse los existentes por una simple cuestión de seguridad jurídica de que los contratos han de mantenerse, y un crédito, al fin y al cabo, es un contrato entre prestamista (el banco) y el prestatario (el cliente). Otra cosa será para los futuros prestatarios. En esto son muchos los factores que influyen, pero es decisiva la política monetaria del BCE y este mantiene la capacidad de financiación casi ilimitada a todas las entidades financieras de la UE dada la baja –en España incluso negativa- inflación.
Mientras esta política se mantenga creo que el aumento oligopolístico del sistema español no va a incidir sustancialmente en los tipos de interés. En efecto, si el banco fusionado quisiera aumentar los tipos por su cuenta gran parte de las empresas y particulares que son sus clientes podrían emigrar a otras entidades. Y esto para las medianas y grandes empresas es más fácil puesto que suelen mantener líneas de crédito y de depósitos en varias entidades a la vez, y lo único que tienen que hacer es volcar sus demandas de financiación y ofertas de depósito hacia otras entidades sin necesidad de cerrar sus cuentas en el banco fusionado. Para los particulares es más problemático –sobre todo para los pensionistas- ante el miedo de que un cambio de entidad pudiera crear incertidumbre por posibles errores y colapso en el funcionamiento de la Seguridad Social para mantener el abono puntual de las pensiones en las nuevas cuentas. Esperemos que, en este caso, la administración de la SS sea solvente.
Ahora bien, donde se puede producir un aumento de los costes para los clientes es en las diversas comisiones que cobran los bancos por sus servicios, especialmente en las comisiones de mantenimiento de las cuentas. La razón de ello es que, si hay dos bancos donde más diferencias hay de cobro de comisiones por sus servicios son precisamente Caixa Bank y Bankia. Más aún, se diría que una de las razones de la fusión es precisamente la justificación para una subida del cobro de comisiones de servicios en Bankia. Porque una de las razones por las que se produce la fusión y que no ha aparecido en los papeles, es que Bankia es un banco con pérdidas reales a pesar de los 24.000 millones que pusimos de nuestros impuestos cuando gobernaba Rajoy a través del FROB. Hay que recordar en estas fechas lo que dijo el Sr. de Guindos. Recordemos ahora que, según el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, a los españoles no nos iba a costar un euro las ayudas al sistema financiero español. Si se produce la fusión sin reclamación, los españoles –también los que votaron en su día al PP- habremos puesto casi 44.000 millones de nuestros impuestos para evitar la debacle financiera que los teóricos de la economía libre de mercado decían que nunca se produciría. El argumento –a falta de datos oficiales del propio Bankia- viene avalado por la publicación en el diario digital elEconomista.es de que el banco fusionado necesitará provisionar nada más y nada menos que 6.300 millones por el alza de la morosidad: la sombra del ladrillo es muy alargada. Y no hemos mencionado la Sareb.
Quizá lo menos preocupante sea la pérdida de empleo siempre que ello se haga mediante bajas voluntarias e incentivadas, vía ERE o no
Pero los contribuyentes no podemos resignarnos a perder esos 44.000 millones sin más; y menos como si la fusión fuera un velo que intentara tapar esto. Hay tiempo después de la fusión para la creación de un impuesto que deba pagar el sistema financiero a lo largo, por ejemplo, de un decenio, que compense ese crédito de facto otorgado más los intereses. No hay que darlo por perdido porque eso no ocurrió en USA cuando la Administración Obama puso 750.000 millones en el 2008 y eso no ocurrió en muchos países europeos entonces. A posteriori los bancos, en muchos casos, devolvieron las ayudas otorgadas. Aquí se ha hecho tarde y mal, pero lo que hicieron con engaño y mentiras los de Guindos y los Rajoy de entonces es reparable, aunque el poderoso techo financiero y mediático se nos venga encima. Creo que hay una masa crítica de españoles –y no solo entre los votantes del PSOE y Podemos- como para parar el golpe de los poderes fácticos si tal atrevimiento ocurriera. Nada está escrito de una vez para siempre. Que el conjunto del sistema financiero pagara 5.000 millones extras de sus beneficios durante un decenio es asumible desde cualquier punto de vista económico y financiero.
Quizá lo menos preocupante sea la pérdida de empleo siempre que ello se haga mediante bajas voluntarias e incentivadas, vía ERE o no. El empleo conjunto es de 51.000 trabajadores y 6.700 oficinas. Es también una oportunidad para disminuir el número de oficinas –con sus costes- sin disminuir en la misma medida el empleo, con la resultante de aumentar el empleo por oficina. En este aspecto y por comparación con Europa, la banca primero y luego las cajas de ahorro llevaron demasiado lejos la reducción de empleo por oficina, creando problemas de asignación de recursos y de eficiencia. Otro problema para la entidad fusionada es la diferencia de salarios entre ambos bancos actualmente.
Por último queda el problema de la pérdida de oportunidad de la creación de una banca pública que tuviera como matriz Bankia, puesto que el FROB –es decir, el Estado- tiene mayoría en el banco y en otras entidades relacionadas con Bankia. Por lo dicho y por el estado supuestamente de las cuentas de Bankia no sería precisamente este banco una oportunidad fallida sino una oportunidad errada, porque ese hipotético banco público empezaría de la peor manera posible.
En España hace mucho que no existen entidades públicas dignas de tal nombre. Las cajas de ahorro se comportaban en sus aspectos crediticios como bancos privados. Lo mismo ha estado haciendo Bankia desde que el Sr. Rato dio el campanazo de la salida en bolsa de la entidad, fruto de la fusión de Bancaja y Caja Madrid con 6 entidades más. Para examinar una posible banca pública hay que examinar su necesidad y su posibilidad. En cuanto a su necesidad hay que valorar si es mejor una banca pública que pudiera financiar a sectores y empresas mejor que, de forma alternativa, no pudiera hacerlo el Estado desde los presupuestos del Estado. Desde el punto de vista de las posibilidades de funcionamiento y futuro con solvencia de una banca pública, depende de que hubiera nichos de demanda de crédito por parte de subsectores y empresas solventes –que puedan devolver los créditos en tiempo y forma- que ¡no hubieran descubierto y satisfecho la voracidad crediticia de un Santander, un BBVA, la propia actual Caixa Bank y el resto de las entidades de crédito! Es verdad que en Europa hay bancos que, patrimonialmente, son públicos, pero cabe preguntarse: ¿desde el punto de vista crediticio se comportan y pueden comportarse como banca pública?
Una banca pública no puede medirse por la cuenta de resultados de la propia banca sino por dos aspectos: por el posible coste para el contribuyente en el caso de pérdidas de la entidad y por los efectos económicos globales sobre la economía. Ambas irían, con mayor probabilidad, en direcciones opuestas. Resumiendo, la existencia de una banca pública digna de tal nombre dependería de dos cosas: de esos nichos crediticios no descubiertos por la banca privada y de que los españoles asumieran que, con sus impuestos, se debería compensar las pérdidas de esa hipotética banca como consecuencia de haber forzado los límites de solvencia adecuada con el fin de contribuir al desarrollo del país, financiando empresas y subsectores que la banca privada no considera suficientemente solventes. Problemático y trascendente el tema. Desde luego, actualmente, el partido que sostuviera a un Gobierno que tuviera que pedir a los españoles semejante obligación no volvería a gobernar en decenios.
Pero no todo está perdido. Una forma de avanzar en la contribución de lo público a la financiación de empresas y sectores es a través de los avales y la asunción de parte de las pérdidas de la financiación de los bancos privados mediante la subvención de los tipos de interés –al menos parcialmente- e, incluso, de parte del principal. Pero eso sí, a partir de que la banca privada corra con la mayor parte de la financiación y el riesgo. Esa labor la hace actualmente el ICO en España y el BEI en la Unión Económica. Un ICO multiplicado por tres podría ser un fuerte embrión de esa banca pública necesaria y posible. Ahí lo dejo.