viernes 18/6/21

Regular el trabajo desde el derecho al trabajo digno

El trabajo es un derecho constitucionalmente garantizado, de contenido concreto, que no puede confundirse con el empleo como objeto de intercambio en el mercado, como una mercancía...

Las llamadas “reformas de estructura” exigidas por las instituciones financieras internacionales, el Banco Central Europeo y la Comisión a los países afectados por un sobreendeudamiento privado, convertido en su justificación económica en problema de competitividad, ha tenido como consecuencia la implantación de una nueva normativa laboral caracterizada por la exaltación de la unilateralidad empresarial, el declive del control colectivo y la degradación de las garantías laborales en especial sobre el despido. Los efectos han sido tremendos en términos primero de destrucción acelerada de puestos de trabajo y posteriormente en la consolidación de la precariedad en el trabajo y el aumento exponencial del trabajo ilegal, no declarado.

La crítica a esta deriva política es cada vez más extensa, asumida en distintos grados pero de forma generalizada no sólo por los sindicatos, sino por una amplia mayoría del arco político, parlamentario y no, con la excepción del PP en el gobierno español y CiU en el catalán. La derogación de las leyes de reforma laboral del 2012 a 2014 es un compromiso político muy amplio que deberá realizarse tras las elecciones de noviembre del 2015.

Sin embargo, las presiones para que esto no suceda o que se haga en términos muy relativos son muy fuertes por parte de los poderes económicos, que utilizarán en su favor la amenaza de la liquidez bancaria ofertada por el BCE y el mecanismo de estabilidad financiera. La irreversibilidad del desequilibrio de poder en las relaciones laborales, la concentración residual del poder contractual de los sindicatos en el ámbito de las grandes empresas, y la anulación práctica de las garantías del trabajo y del empleo por la vía de la reducción de “costes” de terminación del contrato, es un objetivo fundamental de esta política, aunque posiblemente sea suicida en términos económicos al inducir tendencias deflacionistas muy fuertes que se acentuarán con la nueva oleada de crisis en marcha. Se pretende ante todo la reconfiguración de las relaciones de poder en el ámbito del trabajo asalariado en el sentido señalado de incrementar la asimetría fortaleciendo el poder privado del empresario a la vez que se pone en crisis la noción de representación colectiva y se margina el espacio de acción sindical.

Pero el rechazo ante la estabilización – el “acomodamiento” como es definido por Ignacio Fernández Toxo – de esta situación normativa, no sólo se manifiesta en la resistencia a su aplicación a través del conflicto y del recurso a la tutela jurídica, sino que esencialmente se proyecta sobre el cuadro normativo que debe sustituir al actualmente vigente. Este es un tema central, pero sobre el que los sindicatos confederales no han elaborado ninguna propuesta más allá de la Iniciativa Legislativa que plantearon ya en el 2010 y que fracasó al no ser tenida en consideración tampoco – y mucho menos -  con la nueva mayoría parlamentaria que conformó  el gobierno del PP. Pero ese texto no se maneja actualmente como complemento al discurso que explicita los motivos del rechazo de la reforma laboral por sus consecuencias, ni por tanto se discute ni se propone entre sus afiliados o entre los trabajadores en los centros de trabajo un modelo alternativo de regulación de las relaciones de trabajo.

No se disponía por tanto de un programa de regulación normativa del trabajo asalariado que precisara una garantía positiva del derecho al trabajo y reforzara el poder colectivo y sindical sobre la base de un principio de representación efectiva de las personas que trabajan. Este es el objetivo de una iniciativa parlamentaria del Grupo de Izquierda Plural que, bajo la forma de una proposición no de ley, se presentó el 7 de octubre 2014 en el Congreso, bajo el título “promover el derecho al trabajo digno”, articulado en 50 proposiciones concretas.

El sentido de este texto lo explicó Joan Coscubiela en un artículo publicado en nuevatribuna.es el pasado 7 de Octubre.

“Trabajo digno significa cosas distintas en función de cada país. En algunos aún comporta abolir formas de trabajo esclavo, de la que en muchos casos se benefician empresas transnacionales que se aprovechan de este modelo de globalización sin reglas ni derechos. En España el trabajo digno pasa por detener el proceso de grave precarización de las condiciones de trabajo. Y para conseguirlo una condición necesaria - aunque no suficiente ni la única- es revertir las Reformas Laborales aprobadas con la coartada de la crisis económica.

Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) quiere contribuir al debate y a las soluciones con propuestas propias para demostrar que sí existen alternativas y para ello hoy presentamos en el Congreso de Diputados una Proposición No de Ley que, después de hacer balance de estos años, propone 50 líneas de actuación para avanzar en la dignificación del trabajo. Esperemos que el Reglamento del Congreso permita discutirla pronto”.

El contenido de esta proposición no de ley discurre por varias líneas de actuación, que se pueden resumir en las siguientes:

a) El trabajo es un derecho constitucionalmente garantizado, de contenido concreto, que no puede confundirse con el empleo como objeto de intercambio en el mercado, como una mercancía.

b) En el trabajo debe garantizarse un principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

c) El  objeto del derecho al trabajo revaloriza ante todo sus contenidos formativos, de donde es importante revalorizar mecanismos contractuales formativos no ligados a su bajo coste salarial.

d) La norma legal debe recuperar el equilibrio relativo en las relaciones de trabajo a través de una regulación clara de la flexibilidad negociada, garantías en la contratación de entrada, garantías más firmes en la extinción del contrato y en el despido, fortalecimiento de la negociación colectiva.

e) El poder contractual del sindicato y la fuerza vinculante del convenio colectivo debe constituir el centro de la regulación de las condiciones de trabajo y empleo, garantizados y promocionados mediante garantías legales fuertes de la eficacia de los convenios y del deber de negociar.

Como puede verse, se trata de un texto muy apegado a una forma de entender las relaciones de trabajo en plena consonancia con la cláusula del Estado Social y el respeto del derecho al trabajo del art. 35, pero que en modo alguno se plantea como un programa de cambio radical del modelo económico de mercado libre. Además incorpora las formas de concentración empresarial y descentralización las alteraciones de la fisonomía de la empresa. como un dato relevante a efectos normativos laborales.

Pese a su evidente importancia, no ha tenido hasta el momento la difusión que sería deseable. El blackout informativo respecto de estos temas es absoluto, y la propia dinámica política lleva a las fuerzas políticas de la izquierda a centrarse en los problemas de actualidad antes de popularizar elementos centrales de su proyecto político reformista.

Consciente posiblemente de estos déficits informativos, el viernes 24 de octubre, el Grupo Parlamentario Izquierda Plural organizó una “Jornada por el Trabajo Digno” en el Congreso de Diputados, en la que se presentaba esta proposición no de ley, inserta desde luego en su contexto, en especial el europeo, a partir del cambio de gobierno y el plan de trabajo de la Comisión en estos aspectos. La Jornada, coordinada por Marga Ferré, siempre activa secretaria de coordinación política y de programas de IU, contó así con la participación primera de dos eurodiputados del grupo, Paloma López del grupo de Izquierda Unitaria y Ernest Urtasun, del Grupo de Los Verdes, que fundamentalmente trabajaron sobre el papel de la Unión Europea y la continuidad de los paradigmas de la austeridad y de la flexibilización de los mercados de empleo en el sur y en el este de Europa, aunque advirtiendo que los efectos degradantes de los derechos del trabajo se extiende ya a países con peso económico y político más fuerte, Italia y Francia, pero también Bélgica. La segunda parte de la Jornada se dedicó a la presentación de las 50 propuestas que contiene la proposición no de ley para la promoción del trabajo digno, que corrió a cargo de Joan Coscubiela, para lo que además contaron con la presencia de Toni Ferrer de la UGT e Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, como exponentes de alto nivel de la presencia y representación del sindicalismo confederal. Ambos valoraron de forma extremadamente positiva la propuesta de Izquierda Plural, aunque en un discurso más volcado sobre la descripción crítica de los efectos de la reforma y la situación actual de las relaciones laborales, pero resaltando un hecho evidente, que la reforma laboral tiene necesariamente que ser revertida, aunque no es posible volver a la misma situación de la que se ha partido, es decir, antes de la primera acción del 2010. La jornada fue inaugurada por Jose Luis Centella y clausurada por Cayo Lara ante una audiencia fundamentalmente compuesta por dirigentes de grado medio locales y regionales de las distintas organizaciones de IU, con una nutrida representación de ICV-LV y EUiA.

El texto que promueve Izquierda Plural debe ser conocido. Es muy probable que, dada la legalidad reglamentaria del parlamento español, que cercena cualquier iniciativa no consensuada por los dos grandes partidos, este texto ni siquiera pueda ser debatido en esta sede. Tampoco es muy seguro que integre la actualidad del debate de Izquierda Unida, más volcado en una perspectiva hegemonizada por la consideración social de la ciudadanía en el espacio municipal o autonómico que dificulta priorizar los temas estrictamente ligados al poder en los lugares de trabajo. Por eso mismo no es previsible que otros grupos de la izquierda se ocupen de contrastar estas propuestas. Pero debería ser distribuido para su discusión y enriquecimiento tanto en el ámbito sindical – organizando jornadas en común desde el sindicalismo confederal  con el grupo político que ha producido las propuestas – como en el espacio cultural doctrinal y académico, que posibilitaría un diálogo sobre las bases políticas y el diseño técnico de la iniciativa.

Regular el trabajo desde el derecho al trabajo digno