Hay que desconectar del trajín de estos días. Me refiero a la política, claro. O al menos lo que aparece repetido como política en todos los medios de comunicación y que se centra en los relatos -es la palabra clave- que narran los desencuentros entre PSOE y UP en la formación de un gobierno de cambio y de progreso como el que ambas formaciones habían prometido a sus electores en abril del 2019. Una narrativa que se concentra en el método y los objetivos -gobierno de coalición o gobierno sostenido en torno a un programa acordado- que se van desplegando ante los ojos y los oídos de la población en una continua sucesión de enfrentamientos y desplantes que hace previsible la desembocadura del proceso en un final que todos decían no desear, la convocatoria de elecciones. Un final largamente anunciado en el que muchos nos resistíamos a creer, confiando en que prevalecería la intuición política democrática que normalmente acompañaba a la izquierda. Pero que se ha plasmado en el comunicado final conocido en la tarde del martes 17 de septiembre. No se propondrá un candidato a la investidura de presidente del gobierno y por tanto se disolverán las cámaras para celebrar elecciones el 10 de noviembre próximo sin que ni siquiera se celebre un debate de investidura en el Parlamento.
Los comentarios primeros a esta noticia han sido muy enojosos. La expresión más utilizada en los espacios organizados de los intereses sociales a los que los partidos políticos progresistas deberían prestar atención, y en especial en el campo sindical es la de irresponsabilidad, oportunidad perdida, separación tajante entre la ciudadanía y la política. Y una sensación muy extendida de enfado, de malestar, de enojo frente a la impotencia en el logro de acuerdos que abrieran cambios sociales en los que había tanto en juego. Ese sordo rumor no es acallado por el ruido de los reproches cruzados entre los partidos de la izquierda en una noche en la que ya se comienza a intervenir de nuevo pensando en la celebración electoral de noviembre.
Aunque en mi formación cultural sea fundamentales Puro Veneno y 19 días y 500 noches, tales gustos por la poética musical y los personajes que retratan ambas obras no me llevan a plantearme siquiera la posibilidad de abstenerme como síntoma del rechazo ciudadano a la incapacidad de la política para dar respuesta a las aspiraciones colectivas que se plasmaron en los resultados electorales de abril, cuando todo parecía seguro. Votaré, como tantos otros, pero será ineludible plantearse el sentido de esa libertad cívica fundamental. Libertad ¿para qué? No hablo del PSOE y de su insensata tendencia a reiterar las elecciones para crecer ocupando el centro del tablero que, al parecer, según sus asesores, está despoblado ante el corrimiento a la derecha de Ciudadanos. ¿Para qué sirve que haya una izquierda relevante electoralmente si no consigue sus objetivos inmediatos? Los 71 diputados de UP permitieron la moción de censura y fueron, al fin, claves en el cambio político. Los 42 diputados de las elecciones de abril no han logrado lo que parece ser el fin al que todo se debe subordinar, entrar en el gobierno. Y la legislatura agoniza entre un cruce de reproches seguramente justificados a la obstaculización del proyecto diseñado que no fue posible realizar. Ese fracaso es sin embargo clave en la valoración de la estrategia emprendida.
Para la gente común, está escrito que la convocatoria de nuevas elecciones supondrá la decepción y el retroceso sobre sus aspiraciones y reivindicaciones que tuvieron una posibilidad de afirmarse tras los resultados de abril
¿Por qué se vota a una opción política determinada? Normalmente en la intención del voto cuentan de manera fundamental las pretensiones y las aspiraciones de los ciudadanos que ejercitan el derecho al sufragio. Modificar los aspectos más nocivos de la reforma laboral, imponer la revalorización de las pensiones y derogar el factor de sostenibilidad, depurar la ley mordaza de los elementos más ofensivos contra la democracia, derogar el precepto penal que permite la incriminación penal de los piquetes de huelga, diseñar una estrategia de reindustrialización en un marco de sostenibilidad, regular el precio de los alquileres y promover eficazmente el derecho a la vivienda digna, impulsar un pacto educativo que financie adecuadamente y reconstruya la destrucción del sistema por la Ley Wert, revertir la privatización en servicios públicos clave como la sanidad, abrir un amplio debate sobre la democracia en la empresa, todas ellas son las razones por las que una persona orienta su voto. Eso es lo que conforma el contenido de las reivindicaciones y los programas electorales, pero ese es el debate que se ha ocultado en los relatos que se trasladan a la ciudadanía informada. Todos conocemos al dedillo las ofertas concretas que Sánchez e Iglesias han ido cuajando –o, para ser más preciso, las propuestas y los rechazos a las mismas– sobre la forma que debe adoptar la cooperación o coalición entre ambas fuerzas políticas, pero en esa narración se difumina o incluso se borra por completo el contenido de la regulación que pretenden ambas fuerzas políticas, la construcción de un programa común en el que se pueda llegar a una suerte de compromiso que recoja el eje central de las reivindicaciones sostenidas por los sindicatos y otros movimientos sociales.
No resulta muy sugerente discutir sobre quien es el culpable del desencuentro, ni tampoco cuál es el peso relativo de la culpa de cada cual. Todos tenemos nuestras preferencias y las podremos justificar con toda suerte de detalles. Pero lo que es evidente es que ambas fuerzas políticas, en diferente grado desde luego, han incurrido en una gran irresponsabilidad al no ser capaces de afirmar un campo de encuentro en el que se asentaran líneas centrales de cambio social y de reforma en coherencia con lo que los electores habíamos votado en abril. El contexto económico tanto en España como fundamentalmente europeo, la remodelación de las instancias de gobierno en la UE, no han sido tampoco elementos que hayan acelerado o favorecido la necesidad de estabilizar un panorama de cambio social y de profundización democrática como la que exigían la mayoría de los electores en abril. En campaña electoral escucharemos reiteradamente la imputación cruzada de culpabilidades, pero lo relevante es que la totalidad de las personas que votaron por el cambio en abril sufrirán las consecuencias de no haber logrado un acuerdo de progreso.
No hablemos de las incertidumbres que se plantean con las nuevas elecciones, cuyos resultados se confían por parte de las fuerzas políticas de la izquierda, a la predictibilidad de las encuestas. Un lenitivo para la opinión de los dirigentes políticos y en especial para los spin doctors del presidente del gobierno, pero que no asegura por el contrario la confianza de los ciudadanos en que todo seguirá igual pero mejor, permitiendo por fin un gobierno monocolor apoyado desde donde sea menester, izquierda o derecha, sin claudicaciones ni presiones. Un escenario que también reconfortará seguramente a quienes desde la izquierda siempre han apostado porque el PSOE se sitúe en un lugar donde se siente más cómodo con sus aliados de la derecha económica que sostenido por la izquierda social. Al contrario, para la gente común, está escrito que la convocatoria de nuevas elecciones supondrá la decepción y el retroceso sobre sus aspiraciones y reivindicaciones que tuvieron una posibilidad de afirmarse tras los resultados de abril. Algo sobre lo que la izquierda política tendrá que reflexionar y, en su momento, asumir las responsabilidades que le correspondan en no haber logrado algo tan sencillo como un acuerdo básico sobre las condiciones más relevantes de un cambio social que sintetizara el programa decididamente progresista que había vencido en las elecciones de abril. Una voluntad política de la mayoría de la ciudadanía que ahora ha sido desechada e inutilizada.