Los programas de rentas mínimas desarrollados por las Comunidades Autónomas tienen una cobertura, una (in)suficiencia y unos criterios muy restrictivos (salvo en País Vasco y Navarra); apenas se benefician, de forma transitoria, el 2% de la población, la más excluida, con una tasa de riesgo de pobreza de más del 20%. Ya desde los comienzos de su implantación, en los años noventa, y dada la generalización de las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, desde distintos ámbitos progresistas se cuestionaron sus límites y se plantearon distintas fórmulas y debates para superar ese marco rígido e insuficiente de la protección pública.
En los últimos años, tras la crisis social y económica, la propuesta de una renta social (o básica) garantizada, dentro de un plan más global de rescate ciudadano, ha tenido una mayor repercusión pública… pero sin apenas cambios normativos y presupuestarios, solo algunos retóricos. Los argumentos y justificaciones teóricas apenas han cambiado en este cuarto de siglo.
En la mayoría social predomina esa cultura cívica y solidaria, demostrada estas semanas, pero en el ámbito económico y político la pugna es evidente y los consensos difíciles sobre el sentido del impacto global de la política social
En las recientes medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo, de 1 de abril, dirigidas a apoyar a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, se da un paso significativo al desarrollar, desde el punto de vista jurídico, el concepto de vulnerabilidad económica. Supone un reconocimiento básico de dos aspectos clave, con implicaciones prácticas y normativas. Por un lado, la existencia de una nueva ‘necesidad social’ por el descenso de rentas disponibles para mantener unas condiciones de vida dignas; por otro lado, la asunción por el Estado de su obligación de cubrir su función de protección pública y solidaridad social.
Y se anuncia la aprobación, en los próximos días, de una propuesta concreta de renta básica de ámbito estatal, con el nombre de ‘ingreso mínimo vital’, que sería complementaria con los mecanismos existentes de protección social: rentas mínimas de las CC. AA., prestaciones de desempleo, pensiones no contributivas o medidas compensatorias (alquileres, servicios básicos, otras transferencias monetarias…). Se plantea, por tanto, garantizar unas condiciones de vida dignas, va dirigido a las personas vulnerables y pretende reequilibrar las dinámicas de desigualdad y empobrecimiento, especialmente, de los sectores más desfavorecidos y golpeados por esta crisis. Es una orientación que comparto, aunque habrá que observar su alcance, concreción y desarrollo.
En un plano más general, la principal enseñanza de la actual experiencia de la crisis sanitaria-económica es, quizá, la siguiente: frente a las insuficiencias de los mercados, la irresponsabilidad de una globalización desbocada y una política neoliberal de recortes sociales y privatizaciones, se ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos, especialmente el sistema sanitario, el intervencionismo de un Estado protector y solidario, la consistencia de lo común y la cooperación social y la necesidad de una nueva gobernanza europea e internacional.
Hay que superar una tendencia dominante: la sobrecarga, mayor en momentos de crisis como ésta, del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados adjudicado a las mujeres, poco reconocido y remunerado, en el ámbito familiar y extrafamiliar
El interrogante es qué reajustes se van a producir en la estructura socioeconómica, las mentalidades y actitudes cívicas y la legitimidad de las distintas opciones políticas, liberal-conservadoras y progresistas, a la hora de encarar las políticas públicas. En resumen, cómo evitar nuevas desigualdades y la involución social y democrática, a diferencia de la anterior crisis económico-financiera y sus políticas prepotentes de austeridad. En el fondo, el dilema y la pugna sociopolítica se plantea respecto de la necesidad (o no) de reelaborar y consolidar los fundamentos de la justicia social, de avanzar (o no) en la igualdad social, la libertad y la solidaridad colectiva, de fortalecer (o no) los derechos humanos, cívicos y sociales.
Parto de la realidad de los actuales mecanismos de los modernos Estados de bienestar europeos, bastante debilitados como en el caso español, y con una perspectiva de democracia social avanzada, para guiar las políticas sociales públicas de progreso. Supone poner el énfasis en la protección pública, la seguridad social y la solidaridad colectiva para hacer frente a los riesgos clásicos de la enfermedad (sistema sanitario), la vejez (sistema de pensiones), la incapacidad (dependencia) o el paro (prestaciones de desempleo), a los que podríamos añadir el sistema educativo (incluido de cero a seis años), como medio imprescindible para la integración laboral y cívica. Y como malla de seguridad última, ante las insuficiencias y grietas existentes y para atajar la pobreza, la garantía de unas rentas y recursos suficientes para vivir dignamente, con la cobertura pública de los medios fundamentales (alimentación, vivienda, servicios básicos…). Son imprescindibles para el reparto equitativo de los cuidados y una reproducción social equilibrada, así como para la cohesión social y cívica.
Se trata de renovar las bases del contrato social colectivo, basado tradicionalmente en un pacto social de las personas activas (que ‘contribuyen’ con empleo e impuestos) respecto de las inactivas (menores de edad, enfermas, pensionistas, no remuneradas o desempleadas). Como no es un estatus fijo, sino que la mayoría pasamos en nuestra biografía personal por esas distintas etapas y situaciones, se debe producir una relativa equidad en su conjunto mediante un pacto generacional y cívico. Es la base de la reciprocidad entre derechos y deberes, entre aportación y prestaciones sociales y servicios públicos.
Todos estos equilibrios y garantías de los derechos sociales, laborales y democráticos han estado cuestionados estas décadas por las contrarreformas neoliberales, regresivas y autoritarias. Ahora se han puesto en alerta, por una parte, ante la situación generalizada de inseguridad y del riesgo de involución social y, por otra parte, por el incremento y la diversificación de las ‘necesidades sociales’ de protección (institucional y solidaria) y la demanda compensadora (monetaria y social).
Al mismo tiempo, hay que superar una tendencia dominante: la sobrecarga, mayor en momentos de crisis como ésta, del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados adjudicado a las mujeres, poco reconocido y remunerado, en el ámbito familiar y extrafamiliar.
En la mayoría social predomina esa cultura cívica y solidaria, demostrada estas semanas, pero en el ámbito económico y político la pugna es evidente y los consensos difíciles sobre el sentido del impacto global de la política social, y todavía más de la política económica, laboral y fiscal. La posición progresista está enfrentada con las dinámicas neoliberales defendidas por las derechas y los grupos de poder: privatización, mercantilización y recorte de los servicios públicos, así como segmentación de la protección, con unas prestaciones monetarias públicas insuficientes para la mayoría social y una salida privada para las capas acomodadas, con recursos propios. Ello en el marco de una brecha entre países del Norte y del Sur en la Unión Europea que resquebraja su proyecto común y su modelo social. En definitiva, el desafío es reforzar la protección social pública y el conjunto del Estado de bienestar.