En estos años de crisis socioeconómica, y sin que la mayoría social hubiera salido de ella, se han visto incrementadas sus graves consecuencias por la actual crisis sanitaria y económica. Particularmente, se ha ampliado la conciencia cívica de su injusticia. Las fuerzas políticas y sociales que apoyan la mayoría gubernamental y parlamentaria intentan implementar una salida de progreso. La agenda social y democrática es ineludible. Al mismo tiempo, las derechas y sus grupos mediáticos están produciendo un freno destructivo y enmascarador respecto de esa tarea modernizadora, de justicia social y articulación democrática; su ilusión es el bloqueo del cambio de progreso y su obsesión por retomar el poder ejecutivo. Hay que alzar la vista y explicar el contexto histórico-social e interpretativo para explicar la actual pugna política y discursiva y los procesos de legitimación social, prefigurar las estrategias superadoras de ese bloqueo y definir las perspectivas de futuro.
Importancia de la nueva cuestión social
La realidad de esta década larga ha exigido dar mayor relevancia teórica y sociopolítica al tema ya clásico de la cuestión social. Según las interpretaciones modernizadoras (y postmodernas) estaba superada y desaparecida, aunque siempre ha estado presente; ahora resurge como una situación grave para la población y la principal preocupación de la ciudadanía.
Me detengo en ello. Presenta, al menos, cinco planos interconectados diferentes a la época anterior de crecimiento económico y ascenso social: 1) la crisis socioeconómica: sus características y consecuencias sociales (paro, desigualdad, empobrecimiento, exclusión social…), junto con la responsabilidad de los poderosos; 2) la gravedad de las políticas regresivas iniciales, todavía no revertidas: recortes sociolaborales y reestructuración del Estado de bienestar, con el debilitamiento de su función reguladora, redistribuidora y de protección pública; 3) la gestión antisocial de las élites políticas europeas incluido los aparatos socialdemócratas gobernantes; 4) el distanciamiento del poder y su carácter elitista y dependiente de los mercados, respecto de los ciudadanos, o bien el debilitamiento de la calidad democrática de las instituciones, y 5) las respuestas de la sociedad: desafección, indignación/resignación, ciudadanía activa, resistencias…
Las grietas económicas y sociopolíticas producidas, especialmente las brechas internas y entre países, el Norte y el Sur, han supuesto que, ahora, las políticas económicas dominantes en la Unión Europea y, específicamente, su nuevo plan de recuperación económica para los próximos años haya tenido que abandonar la rigidez austeritaria y adoptar medidas más expansionistas, de modernización económica y de protección y cohesión social.
En este tema de la mayor importancia de la cuestión social, en sus distintas variantes, se están produciendo en el ámbito social y académico distintas discrepancias no sólo analíticas sino de enfoques y prioridades. Es difícil el consenso, o dicho de otra forma, en el mundo asociativo, institucional e intelectual hay pluralidad de posiciones. En una primera aproximación se puede decir que las ideas diversas en este campo específico, confrontadas a las nuevas realidades expresadas esta década larga, están condicionadas por dos tipos de rasgos.
Uno es de tipo práctico o sociopolítico. Está basado en la experiencia vivida y relacional de las mayorías ciudadanas con el deterioro de sus condiciones vitales y estructurales. Al mismo tiempo, se han conformado nuevas corrientes sociales progresistas y de izquierda (con fuertes componentes feministas y ecologistas) y una nueva configuración de los campos electoral y político-institucional. Se ha producido una doble rearticulación entre las izquierdas, con un programa compartido de progreso, y entre las derechas, con una posición reaccionaria de polarización y bloqueo a toda costa frente a una política gubernamental y una gestión democrática, social y plurinacional.
Los principales grupos de poder pretenden frenar el desarrollo de una dinámica de progreso que tiene la legitimidad de una mayoría social y parlamentaria, intentando desactivar el apoyo social a este Gobierno de coalición de izquierdas. Tratan de impedir un proyecto de modernización económica, democratización institucional y refuerzo del débil Estado de bienestar, con la mejora de los servicios públicos y la protección social, que constituyen el reto principal del actual Ejecutivo progresista. Su firmeza y capacidad política y el grado de apoyo ciudadano para superar ese desafío van a condicionar la senda social y político-institucional de esta década que comienza y el modelo de país resultante.
Una tarea interpretativa realista y rigurosa
Otro componente es de carácter teórico, en el que me voy a centrar. Se han quedado viejas las interpretaciones, por un lado, liberales o modernizadoras y, por otro lado, las postmodernas o culturalistas, que relativizaban ambas la importancia de la problemática socioeconómica de desigualdad, precariedad y desprotección de las mayorías sociales, ante su evidencia y la subjetividad popular de su gravedad.
Aunque existen insuficiencias interpretativas y normativas entre las izquierdas, sobre todo, hay que hacer frente a la construcción de una interpretación de esa realidad distorsionada por enfoques liberales dominantes en el poder económico, institucional, mediático y académico, que pretenden minusvalorar esa situación y la conciencia social sobre ella, para evitar un cambio de progreso y su legitimidad ciudadana.
En particular, hay que revalorizar la propia experiencia transformadora y democrática de las mayorías sociales y la activación ciudadana (como la nueva ola feminista), fundamentales para la conformación de un sujeto plural de cambio, bloque social o convergencia popular, que dé soporte e interaccione con el cambio político-institucional. Al mismo tiempo, se debe avanzar en un pensamiento realista e interactivo en un doble plano: una cultura cívica e igualitaria en la sociedad, y una teoría multidimensional y crítica entre la intelectualidad y las élites progresistas.
La tarea intelectual es doblemente necesaria: por un lado, crítica, deconstructiva, de ideas falsas o erróneas; por otro lado, analítica, interpretativa y normativa. Se hace difícil la aprehensión completa de la realidad, y es imprescindible el rigor analítico y la ausencia de prejuicios. Y también hay que evitar la interpretación de las discrepancias o el enjuiciamiento a otras posiciones por la vía de adjudicarles una intencionalidad o su carácter erróneo por su dependencia de tal o cual prejuicio o adscripción; sería un mal debate.
El resultado, en un entorno social progresista, es una pluralidad de ideas, más o menos consolidadas, que refleja insuficiencias en tres planos: rigor científico en el análisis de los hechos; comprensión y unidad en los enfoques interpretativos, y apertura de miras y talante modesto y autocrítico para aprender y cambiar. La diversidad de opiniones puede ser positiva o simplemente reflejar distintas sensibilidades. En distintos grupos sociales, desde partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos hasta el asociacionismo solidario, es preciso convivir con una relativa pluralidad de opiniones.
El problema, a mi modo de ver, es que, en distintos ámbitos, cuesta analizar con rigor algunas realidades nuevas de la sociedad, elaborar ideas apropiadas y, en particular, reconocer la relevancia de la cuestión social y la emergencia de una ciudadanía activa o indignada frente a la desigualdad social y el déficit democrático de las instituciones públicas y privadas. Esa dificultad es mayor porque se enfrenta al pensamiento liberal dominante que intenta relativizar y enmascarar esa realidad en una coyuntura crucial para el devenir de la sociedad, el modelo social y la legitimidad de diferentes actores.
Amplia conciencia cívica
La cuestión es que sectores amplios de la propia sociedad han desarrollado, en aspectos concretos relacionados con el sentido de la justicia social, una capacidad valorativa y un pensamiento más acertado y, sobre todo, más justo que la mayoría de las élites institucionales y la clase política. Es más, millones de ciudadanos han adoptado posiciones críticas más realistas que, incluso, el aparato socialista y gran parte de la élite académica e investigadora. Eso se ha producido con fenómenos como la desafección hacia el Gobierno socialista de Zapatero, por sus políticas regresivas en el comienzo de la crisis, o la indignación y la resistencia ciudadanas frente a las consecuencias de la crisis y su gestión antisocial y autoritaria, todavía más dura con el Gobierno de Rajoy, que culminó en un nuevo espacio político, las llamadas fuerzas del cambio.
De ello han tomado nota las derechas y sus prolongaciones mediáticas, dedicadas últimamente a la estrategia de la tergiversación y la manipulación comunicativa, con el objetivo de embarrar el campo político, confundir o reorientar las opiniones cívicas mayoritarias y deslegitimar a las fuerzas progresistas. La pugna cultural y de ideas ha cobrado relevancia porque expresa la agudización de los conflictos sociopolíticos de fondo, que tienen un componente relacional, con la modificación de las relaciones de fuerzas sociales y políticas: la reafirmación en una dinámica de progreso o democrática-igualitaria-emancipadora, o el bloqueo por las oscuras fuerzas reaccionarias de las derechas y grupos de poder que apuestan por la involución social y autoritaria con el continuismo económico neoliberal y de estructuras oligárquicas y sus privilegios históricos.
Dicho de otro modo, parte de la actividad interpretativa en los medios de comunicación ha estado a la zaga de la evolución de la conciencia crítica de sectores relevantes de la propia sociedad o la ciudadanía activa, tanto respecto de la comprensión de aspectos significativos de la realidad cuanto de su transformación. La labor selectiva y crítica se complica. Las dificultades son diversas, pero una de ellas tiene que ver con prejuicios teóricos, liberales y postmodernos, e inercias intelectuales que dificultan el análisis de la realidad para transformarla.
Detrás de esta tarea reflexiva está la necesaria lucidez para la elaboración estratégica y su implementación, en particular para las fuerzas del cambio. En el fondo están los reequilibrios sociales e institucionales producidos en esta década larga en torno a la nueva cuestión social y la democracia, sobre las que las fuerzas progresistas tienen el compromiso para avanzar y las tendencias reaccionarias pretenden impedir. Ahora, por la oportunidad institucional para encararlas por la mayoría gubernamental y parlamentaria de progreso, las derechas están intensificando su oposición destructiva y deslegitimadora.
Frente a las ilusiones de consenso global o acuerdos generales transversales, el realismo y la voluntad democrática-igualitaria aconsejan afrontar con firmeza estos conflictos sociales y de legitimidad para consolidar la nueva realidad sociopolítica y de poder en esta década que comienza, tras un proyecto de progreso, en un marco europeo incierto.