La actual propuesta del Presidente de Gobierno de iniciar un proceso negociador que culmine en un pacto nacional por la reconstrucción económica y social ha sido referenciada a otra experiencia histórica: los Pactos de la Moncloa, económicos y políticos, firmados en octubre de 1977 por todo el arco parlamentario. No obstante, conviene explicar las diferencias sustanciales existentes entre ellas que aventuran distinto recorrido.
Ahora, frente a los deseos mayoritarios en la sociedad (92%, según el CIS) y el Gobierno, partidarios del consenso político y social, es improbable un acuerdo global, tal como también admite la mayoría (79%, según Metroscopia) de la población. La razón principal: las derechas lo rechazan. Su motivo: su supuesta orientación progresiva y la hegemonía institucional de las izquierdas. Por lo que, quizá, se quede en un proceso de pugna comunicativa y legitimadora a efectos político-electorales y en la firma de algún acuerdo parcial. Pero como hay que hacer frente a la crisis socioeconómica que se avecina por la pandemia, solo cabría una opción: la reafirmación de la actual mayoría de investidura, con una ampliación y readecuación del programa compartido.
Veamos algunos elementos concretos. Existe un punto común entre los dos momentos y contextos, de entonces y ahora: una grave crisis social y económica, aun con distintas particularidades. Y una diferencia sustancial: distinta hegemonía gubernamental, ayer, el centro derecha y hoy las fuerzas progresistas. En esta fase previa de legitimación de los enfoques conviene precisar tres aspectos respecto de los embellecidos Pactos de la Moncloa con los que se compara este plan negociador.
Primero, frente a la idea mediática dominante, no tuvieron, especialmente el económico, un mayoritario consenso social entre las clases trabajadoras, aunque si reunió un gran respaldo institucional, económico, de la clase política y las direcciones sindicales. Así, según el estudio publicado en su día (1980) por Víctor Pérez Díaz, uno de los pensadores socialistas más lúcidos y partidario de ellos, solo lo apoyaban el 25% de la gente obrera, el 36% lo rechazaban y el 39% no tenían una posición formada. Por otro lado, el 55% de los técnicos y el 38% de los empleados daban su apoyo a los Pactos de la Moncloa, aunque todavía cerca del 34%, en ambos casos, los rechazaban y el resto -11% y 28%, respectivamente, no tenían opinión-. Sobre esa base se desarrolló la gigantesca operación mediática, que todavía sigue, para ampliar el apoyo social al llamado consenso político y los pactos sociales que, en esos momentos, nunca se acercó a la mitad de las clases trabajadora; o sea, no tenían suficiente legitimidad popular.
Segundo, el impacto inmediato fue la reducción de la capacidad adquisitiva de los salarios de unos cinco puntos, considerando que los efectos a medio plazo (entre 1977/1985) de la política de pactos sociales (algunos solo firmados por UGT y en pugna con CCOO) que condicionaban la negociación colectiva supusieron una devaluación salarial de 21 puntos. Ello sin la prometida creación de empleo (se destruyeron más de dos millones) y con un fuerte y regresivo ajuste económico y laboral. Hoy unos acuerdos regresivos y con devaluación salarial no tendrían ninguna legitimidad popular.
Tercero, los principales promotores del Partido Comunista (Santiago Carrillo y Nicolás Sartorius), a los pocos meses de su firma, ya denunciaban el incumplimiento de las contrapartidas políticas mientras se cumplían a rajatabla los grandes ajustes económicos y salariales. En su caso consistían, sobre todo, en una comisión de seguimiento a través de la cual ganar capacidad de influencia institucional y electoral y a la que el propio PSOE se opuso. O sea, fue un fiasco para el PCE, cuya dirección pretendía, de acuerdo con la estrategia eurocomunista, hacerse valer en el intercambio de condiciones socioeconómicas de la mayoría social, con la desactivación de la presión popular, a cambio de ganar posiciones de poder institucional. La historia posterior confirmó el fracaso de esas expectativas político-electorales, en medio del aplauso de las derechas a esa estrategia.
Hoy el espacio de las fuerzas del cambio es más amplio y está consolidado, se ha conformado en la lucha por la justicia social y la democracia. Su desafío: defender a la mayoría social, evitar la involución socioeconómica y política, ampliar su electorado y fortalecer sus posiciones institucionales y de gobierno.Su riesgo, similar al de entonces: defraudar a su base social, pero tienen aprendida la experiencia.
Cuarto, queda la gran justificación positiva: la reestructuración económica y la consolidación de la democracia. Pero ello, con perspectiva histórica, está lleno de luces y sombras. Por una parte, hubo una transición política que dejaba atrás la dictadura e inauguraba nuevas libertades civiles y políticas, pero que era poco modélica, con un déficit democratizador del poder establecido y una consolidación de los bloques de poder fácticos, junto con la debilidad estructural de las izquierdas transformadoras.
Por otra parte, se consolidó un débil Estado de bienestar: lo mejor, el avance en la sanidad pública y la mínima reforma fiscal; con claroscuros en la educación, y grandes insuficiencias en el sistema de pensiones y servicios públicos. Pero, sobre todo, se impuso un regresivo estatus socioeconómico y laboral, que todavía se arrastra desde entonces, y un desigual modelo de relaciones laborales, favorable al empresariado.
En definitiva, esos rasgos de devaluación salarial y ajustes económicos regresivos, con la consolidación de un débil modelo social y laboral y la hegemonía del centro derecha no se pueden reproducir ahora; tendrían menor legitimidad pública y darían al traste con una salida progresista. Y aunque Pedro Sánchez quiera emular a Adolfo Suárez en una similar operación consensual para reforzar su liderazgo, las derechas tienen claras las dos diferencias: su contenido sustantivo, que ahora tiene que ser social, equitativo y en defensa de lo público, y su gestión institucional, liderada por la actual alianza de progreso. No tiene margen para grandes concesiones al Partido Popular en ambos objetivos estratégicos. Son los motivos del rechazo actual de las derechas, cuya opción regresiva y ventajista tiene difícil credibilidad práctica y legitimidad cívica. Y su estrategia de desgaste gubernamental incierta en sus resultados políticos y electorales.
En conclusión, ayer los Pactos de la Moncloa tuvieron un amplio consenso institucional (no social) y se aplicó sobre todo lo negativo para la mayoría trabajadora; los defienden a rabiar las derechas. Pero hoy ese tipo de acuerdo, problemático y ambivalente, no tendría ese apoyo político y mucho menos popular. No hay margen para un acuerdo intermedio. Y el pacto y las condiciones propuestaspor el gobierno de coalición, de contenido social y en defensa de lo público y bajo su liderazgo, son rechazados por las derechas. El proceso negociador quedará en una pugna comunicativa y de legitimación social de cada parte, quizá en algún acuerdo parcial.Sobre todo, evidenciará la necesidad de fortalecer el actual compromiso de la investidura y el acuerdo de progreso, con la correspondiente adaptación para hacer frente a la crisis que se avecina.