A pesar de los reiterados esfuerzos de Rajoy relacionados con la superación de la crisis y con la defensa de sus pronósticos sobre el crecimiento de nuestra economía -por encima del 2%, en el año 2015, si el tipo de cambio y el precio del petróleo se mantienen en los valores actuales- el año 2014 pasará a la historia como el año de la corrupción, del incremento de la desigualdad (desempleo, precariedad, bajos salarios y desprotección social), de la pobreza (infantil, energética…) y de la persistencia en la Unión Europea de las políticas de ajuste (impuestas) en detrimento del crecimiento y de la creación de empleo, lo que, por añadidura, atenta contra la dignidad de las personas y de la propia democracia.
En efecto, según el CIS del mes de noviembre, el 63,9% de los ciudadanos opinan que la corrupción es el principal problema de nuestro país. Una opinión reforzada y directamente relacionada con la trama Gürtel, el caso Bárcenas, las comisiones y el blanqueo de dinero de la familia Pujol, los ERE, el escándalo de Bankia, los gastos irregulares de Monago, la operación Púnica y la financiación ilegal del PP, entre otros asuntos. A todo ello hay que añadir los reiterados intentos del PP de apartar al juez Ruz de la tramitación de algunos casos, lo que representa para la opinión pública un grado intolerable de impunidad y la confirmación de que el PP no tiene ningún interés en colaborar con la justicia en el esclarecimiento de la trama de corrupción instalada en el PP (que compromete al propio Rajoy) desde hace más de 20 años.
El problema de la desigualdad representa un gravísimo problema económico y sobre todo social que, incluso, ha merecido la atención de la OCDE preocupada por el aumento de las desigualdades y su repercusión negativa en la marcha de la economía.
El reciente informe de la OCDE hace hincapié en que el incremento de la desigualdad rebaja el crecimiento de la economía y, en este sentido, denuncia que en los años de la crisis la desigualdad ha crecido en los países miembros, sobre todo en España: en 2011 la renta media del 10% de los ciudadanos con más ingresos era nada menos que 14 veces mayor que la del 10% con menos recursos, mientras que en el año 2007 esta diferencia era de 8,4 veces. El texto confirma también que la redistribución de la renta no frena el crecimiento de la economía como se viene defendiendo desde posiciones neoliberales. Más bien ocurre todo lo contrario: el freno al crecimiento se produce precisamente por una nefasta política económica que no considera prioritario el combate contra la desigualdad y se dirige exclusivamente hacia el crecimiento, lo que terminará por debilitar ese crecimiento a medio y largo plazo en la medida que la desigualdad aumenta y se consolida.
En su último informe mundial sobre salarios, la OIT también denuncia que España es el país donde más aumentó la desigualdad en el periodo de crisis debido a la distribución negativa de los salarios y la caída del empleo. Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de la economía informal y los trabajadores con un contrato en precario (temporal y a tiempo parcial) son los más afectados por la devaluación salarial que se ha producido bajo el paraguas de la reforma laboral: según UGT, desde el año 2010 el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de su poder de compra, el SMI acumula una pérdida del poder adquisitivo de 5,1 puntos y los empleados públicos, según los sindicatos de la función pública, entre el 17 y un 24% en los últimos cinco años. Una devaluación que, además, agudiza las dificultades que tienen las familias para reducir su endeudamiento y frena su capacidad de consumo, como lo demuestra la caída de los precios en el pasado mes de noviembre, que ha situado el Índice de Precios al Consumo (IPC) en cómputo anual en el -0,4%, lo que, finalmente, repercute muy negativamente en la creación de empleo y en el pago de la deuda y nos sitúa al borde de la deflación.
Por lo tanto, la reducción de las desigualdades requiere, en primer lugar, aumentar el SMI (UGT y CCOO reivindican situarlo en 725 euros en 2015 y 800 en el año 2016, con el propósito de alcanzar el 60% del salario medio, que establece la Carta Social Europea suscrita por España), recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos y de los salarios en general, además de fortalecer la negociación colectiva para garantizar que todos los trabajadores estén protegidos por un convenio. Para que eso ocurra se debe tener en cuenta el IPC previsto y el reparto de los beneficios que se generen por un aumento de la productividad que, todo hay que decirlo, viene aumentando, en las economías más desarrolladas, por encima del crecimiento de los salarios, lo que explica el aumento de la participación de las rentas del capital en la renta nacional en menoscabo de las rentas salariales. Asimismo, sigue resultando imprescindible recuperar la cláusula de revisión salarial para garantizar los incrementos pactados y evitar los efectos negativos de un hipotético aumento de la inflación.
No será nada fácil conseguir un acuerdo entre los interlocutores sociales en materia de salarial ante la actitud de la CEOE y las continuas recomendaciones del Banco de España, que insiste en mantener la moderación salarial para salir de la crisis sin argumentos económicos que lo respalden como no sean los simplemente ideológicos. Esta actitud es la que está frenando la firma de un nuevo Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), a pesar del esfuerzo de los sindicatos que, lógicamente, aspiran a recuperar las conquistas perdidas en los últimos años (giro social) y a desarrollar una política salarial más expansiva que genere confianza y ayude a reactivar el consumo y, como consecuencia, a crear empleo.
Al margen de los salarios y de la creación de empleo, la superación de las desigualdades debe tener en cuenta una política fiscal más justa, el fácil acceso a los servicios públicos y una protección social suficiente para reducir la pobreza.
Las últimas medidas fiscales del Gobierno -de marcado carácter electoral- son injustas y erróneas, incluso para la propia Comisión Europea. El sentido común nos indica que tenemos que ingresar fiscalmente más -y no menos, sobre todo con el déficit actual por encima del 5,% y la deuda pública situada en 1,016.969 billón de euros, el 96,5% del PIB- hasta situarnos en la media de recaudación europea: penalizar a las rentas más altas; recuperar de manera generalizada el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones; establecer un impuesto a las transacciones financieras; trabajar en la Unión Europea para erradicar los paraísos fiscales; y, finalmente, luchar decididamente contra la economía sumergida y el fraude fiscal, dotando a la Agencia Tributaria de una inspección con suficientes medios técnicos y humanos para garantizar su eficacia (según la web de GESTHA, a finales de 2014 habrá 2.000 efectivos menos que en el año 2010 y 700 menos que en 2013, de los cuales el 90% son baja en la lucha contra el fraude).
En relación con los servicios públicos -de acuerdo con la oposición política- se debe blindar su financiación en la Constitución (ante futuros recortes), además de eliminar, paulatinamente, el copago sanitario y la subida de tasas de diverso tipo.
En materia de protección social se debe recuperar, lo antes posible, la financiación de la dependencia, incrementar las pensiones (sobre todo las más bajas) y frenar la caída de la prestación por desempleo que, según los Servicios Públicos de Empleo, se sitúa en tan sólo el 57% de los parados registrados (45% en los parados EPA), lo que es intolerable y representa una pérdida de 20 puntos respecto al año 2010. En este sentido se inscribe el último Programa acordado entre los interlocutores sociales y el Gobierno que, si bien mejora la situación de los desempleados de larga duración con cargas familiares, en absoluto recupera los porcentajes de protección anteriores a la crisis, a pesar de que este Programa -de una duración de sólo 15 meses- afecta a más de 400.000 personas que recibirán 426 euros mensuales durante 6 meses.
Como se puede observar, la actitud del Gobierno no está resultando favorable a respaldar estas alternativas como lo demuestran los Presupuestos Generales del Estado previstos para el próximo año. Tampoco la Unión Europea está ofreciendo medidas suficientes (Plan Juncker) que corrijan la actual situación, que resulta insoportable en algunos países del sur de Europa, como ocurre en España con altos índices de pobreza, de desahucios (150 al día en el 3º trimestre del año) y de exclusión social. No es extraño que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) insista en flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal y en un Plan de choque de 10 años de duración y una inversión del 2% del PIB de la Unión Europea cada año (2,5 billones de euros), con capacidad de crear 11 millones de empleos. En este mismo sentido, según UGT, actúa la iniciativa ciudadana europea New Deal 4 Europe que pretende conseguir un millón de firmas en, al menos, siete países europeos para exigir a la Comisión Europea la creación de un Plan público de inversión para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y la Creación de Empleo (sobre todo de jóvenes) dotado con 400.000 millones de euros en tres años.
Por todo ello, ¿a quién le puede extrañar la indignación de la ciudadanía que escucha perpleja las declaraciones provocativas sobre la mejora de nuestra economía? ¿A quién le puede sorprender, en medio de la desigualdad y de la pobreza (extrema en algunos casos), el auge de los populismos de distinto signo en la Unión Europea? ¿A quién le puede sorprender que los ciudadanos hagan comparaciones entre EEUU y la Unión Europea a la hora de abordar la crisis y el desempleo (por debajo del 6% en EEUU y del 12% en la Unión Europea) y se planteen salir de la Unión Europea? En coherencia con ello, las últimas encuestas de nuestro país confirman que el electorado en general se declara de izquierdas y dispuesto a gobernar si tiene el apoyo electoral suficiente -ante el rotundo fracaso de las políticas neoliberales-, a pesar de que los poderes financieros y mediáticos no van a facilitar el triunfo de la izquierda y de Podemos, como se está comprobando en la actualidad.
Por eso, deberemos estar atentos a las falsedades que, previsiblemente, se trasladarán a los medios de comunicación y a las campañas de miedo y de descrédito que se multiplicarán de nuevo, como ya ocurrió hace más de 30 años con el PSOE. No debemos olvidar que, después de las fiestas de fin de año, dará comienzo una reñida y decisiva precampaña electoral que debería estar presidida por una auténtica regeneración moral y democrática.