El RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, dedica su artículo II a lo que denomina “de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud” que desarrolla los planes del Gobierno para el recorte de las prestaciones sanitarias que ya se habían anunciado en las palabras de Rajoy en el discurso de investidura, con los eufemismos habituales, señalando que querían establecer una cartera común de servicios sanitarios públicos, como si esta no existiera desde el REAL DECRETO 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Ya entonces era de esperar que ese empeño en negar la evidencia, la existencia de una cartera de servicios comunes del SNS y señalar su necesidad no tenia otro objetivo que recortar las prestaciones.
Pues bien, el RDL 16/2012 confirma lo esperado. La cartera de servicios se fragmenta en 3 modalidades: básica, accesoria y suplementaria, y se señala que solo la básica tendrá carácter gratuito en el momento del uso, introduciendo mecanismos de copago en las otras dos en temas tan importantes como la prestación farmacéutica, que luego se desarrolla separadamente en el RDL, la protésica y ortoprotésica, la dietoterapia y el transporte sanitario, donde el texto legal añade que se incorporara el copago y lo hará con las mismas características que el farmacéutico, con la salvedad de que, en este caso, no existirán los máximos de aportación por el usuario, es decir, que los pensionistas pagaran el 10% del coste real (sin topes en la aportación) y los activos, entre los que, conviene recordar, se incluye a los parados que no han agotado la prestación económica, lo harán en porcentajes que oscilan entre el 40 y el 60%.
Pero ahí no acaba la cosa, el RDL faculta al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, para que, en el plazo de 6 meses, promulgue una orden ministerial que fije las prestaciones incluidas en la cartera básica, es decir y para entendernos, que estas se van a recortar y que algunas de las actuales saldrán de la cartera básica para ir a parar a las carteras accesoria y/o complementaria, sujetas por lo tanto a copagos, o simplemente quedaran excluidas de todas ellas con lo que serán sufragadas íntegramente por el bolsillo de quienes necesiten estas prestaciones.
Estamos pues ante otra importante agresión a los derechos de los ciudadanos a los que se les recortan aún más sus derechos a las prestaciones asistenciales, y todo ello en un contexto en que se aumentan los copagos por los medicamentos y se establecen por temas tan importantes como el transporte sanitario, dietas, prótesis, etc. Todo ello tendrá unos efectos económicos dudosos y desde luego producirá una importante desatención a las personas mas enfermas y con menos recursos, así como un efecto de incentivo a la contratación de seguros sanitarios, aunque solo sea para poder hacer frente a este aluvión de exclusiones y copagos.
Con todo ello, nos encontramos con una política muy agresiva que rompe con la accesibilidad de nuestro sistema de salud ya que, muchas de sus prestaciones se quedan hipotecadas a la capacidad económica de las personas. Se rompe así, con el derecho constitucional a la protección de la salud y se deja desprotegida a una gran parte de la población en un momento de grave crisis económica.