La aprobación por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados de la ley que regula la eutanasia (algo que el PP considera un «fracaso» del sistema sanitario, y la ultraderecha de Vox un «quebranto al derecho a la vida») supone el reconocimiento de un nuevo derecho civil que, según la portavoz de Sanidad del PSOE María Luisa Carcedo, «nos hace libres y avanzar en libertad».
En contra de lo que los sectores más conservadores del espectro político quieren hacernos ver, esta ley no obliga a nadie a hacer uso de ella, como tampoco lo hizo la del aborto, la del divorcio o la del matrimonio entre personas del mismo sexo, tres hitos que en su momento fueron duramente censurados por la rancia moral de una hipócrita derecha que, paradójica y contradictoriamente a sus cristianos principios, hicieron buen uso de sus ventajas muy a pesar de su empecinamiento por demonizar estos referentes como una imposición del Estado.
Si hacemos memoria, AP y su heredero el PP se opusieron hace décadas al divorcio, al aborto y al matrimonio igualitario. Sin embargo, una vez la derecha gobernó con mayorías absolutas, ni siquiera se les ocurrió abolir ninguna de estas leyes sino más bien disfrutarlas, ya fuera a través de sus divorcios, también ahorrándose viajes clandestinos a Londres en fines de semana muy aprovechados, o ya más tarde celebrando bodas gay de derechas.
Es significativo que sólo el PP y Vox se hayan opuesto frontalmente a la ley de la eutanasia (también UPN votó no), alegando los primeros que es una ley «injusta e inoportuna, no responde a una demanda social y opta por elegir provocar la muerte», mientras que la extrema derecha de Abascal alertaba con la amenaza de «consecuencias aterradoras» y anunció recurrir al Tribunal Constitucional.
A título personal, reconozco sentirme feliz, me felicito por pertenecer a una sociedad libre y democrática, y me congratulo ante el reconocimiento legal —por fin— de que el dolor y la enfermedad son dos elementos consustanciales a la condición humana, y que es un deber ético aceptar el derecho de no condenar a vivir en sufrimiento a quienes no desean más que poner fin a su vida con dignidad cuando sus expectativas son cada día peores.
Respecto al respaldo de los grupos parlamentarios han dado luz verde a este proyecto de ley, me sorprendió escuchar a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, oponiéndose al PP y Vox al considerar la ley de eutanasia como «responsable, sensata y un modelo garantista» así como también exigiendo a la derecha «respeto»para quienes la apoyan. Quien iba a imaginar el día de la foto de Colón que la señora Arrimadas acabaría siendo una pieza más —aunque sólo fuera para aprobar una ley— de ese puzle al que tantas veces llamó Gobierno Frankenstein. Es evidente que Ciudadanos se está esforzando por reubicarse en ese centro que tal vez jamás debió abandonar.
Y volviendo de nuevo a la derecha más derecha, es lamentable que el Partido Popular haya dedicado una buena parte de su historia a poner trabas a muchos avances sociales significativos y presumiblemente contrarios a la moral católica que dicen profesar. Unos avances que la evidencia y la aceptación social siempre acaba reconociendo como necesarios, incluso por parte de muchos sectores conservadores. En cierto modo, la estrategia de la derecha al oponerse sistemáticamente a lo que otros consideran progreso, siempre ha sido refutar —de boquilla—lo que en realidad desean pero jamás se atreverían a proponer. En suma, se táctica es poner trabas a unos derechos que a nadie se le obliga a ejercer, y que en nada afectan a quienes no los desean. Porque, digámoslo claramente no sin cierta ironía, la ley de eutanasia no privará a nadie del disfrute de una muerte lenta y dolorosa si en verdad ese es su deseo.