La pasada semana llamó mi atención la noticia de que José María Aznar y su esposa hubieran adquirido una mansión de lujo (dos millones de euros) en una de las zonas más exclusivas de Marbella y también que fuera la tercera vivienda de alto standing que el expresidente adquiría desde que dejó la Moncloa.
Tras una breve reflexión concluí que no era la compra de una millonaria residencia lo que disparaba mis alarmas sino la improcedencia de que el comprador fuera un hombre público que en su día fue elegido presidente de gobierno y que hoy vive (al igual que sucede con Felipe González) rodeado de lujos sin que nadie pueda asegurar si habría podido acceder a ellos de no haberse dedicado a la política.
No pretendo plantear un malicioso silogismo dirigido a concluir que Aznar se enriqueció ilícitamente gracias a la política, Dios me libre, sino sólo sugerir que, por ética, no se debería permitir a nadie que detente cargos políticos y que gestione dinero público, hacer alarde de unas riquezas a las que no tenía acceso antes de dedicarse a la res pública.
Del mismo modo, me planteo la improcedencia de que quienes posean una gran fortuna puedan acceder a la política, más aun si su riqueza procede de una actividad sobre la que el político puede ejercer poder. Sumemos a esto lo difícil que debe ser para quien no sufre privaciones gestionar solidariamente una crisis como la que afecta a millones de españoles y empatizar adecuadamente con su pobreza y necesidades.
No se trata de negarle a nadie el derecho a ser rico ni tampoco oponerse a que cualquier ciudadano pueda ejercer un cargo público si es democráticamente elegido, pero sí que cuestiono éticamente el contrasentido de que quienes siendo ricos y teniendo las necesidades más básicas cubiertas, puedan ponerse en la piel de aquellos que carecen de recursos y adoptar medidas en beneficio de la mayoría aunque les perjudique impositiva y fiscalmente en sus ingresos y patrimonio.
Así, es fácil entender por qué la mayoría de la ciudadanía contempla con recelo a quienes dicen actuar en beneficio de la colectividad mientras viven en la opulencia. Mas cuando suele tratarse de individuos de talante arrogante y prepotente que actúan como si estuvieran por encima del bien y del mal y hasta del resto de los mortales a quienes parecen despreciar aunque sus riquezas se nutran del esfuerzo de los más desfavorecidos.
Como dato curioso, constataré la ausencia de "gestos de generosidad" ante la crisis económica por parte de los millonarios españoles en contraste con los de otros países, como Francia o EEUU, que no hace mucho pidieron una mayor presión fiscal sobre sus fortunas como contribución para paliar la crisis. Es pues comprensible que la ciudadanía se escandalice al ver cómo hay políticos millonarios (o que actúan al dictado de las grandes fortunas) que les imponen políticas de ajuste y recortes de salarios y de prestaciones sociales en base a unas disposiciones que a ellos no les afectan sino que, incluso, les benefician.