La estructura del Estado no está finalizada. El inconmensurable avance logrado en la transición democrática, no ha agotado el perfil que este país precisa para acomodarse a la estructura que requieren los tiempos y, sobre todo, las personas que viven estos tiempos. Afirmar que el Estado español hace aguas en varios frentes, no descubre nada desconocido. Muy al contrario, exhibe una preocupación profunda sabiendo que se deben hacer reformas y que se teme tomar la decisión de iniciarlas.
Llegará un momento en que, poco a poco, se habrán incorporado todas las Comunidades Autónomas con su pequeña mochila de incongruencias, incumplimientos o desajustes advertidos en un Estado que chirría con demasiada frecuencia. Si la disonancia catalana es obvia, no lo es menos toda la oscura trama de la financiación autonómica o la esfera de la educación, o qué decir de la de Sanidad o de la Justicia, o la de los combustibles, o la de la electricidad. Cuáles y cuando se ejercen las competencias es un misterio insondable. Donde se establece el techo competencial de una Comunidad Autónoma. La lealtad Institucional es otro flanco no sólo inacabado, sino deficientemente establecido. No queda nada claro cuándo la lealtad se debe prestar a una Región y cuando se debe optar por la del Estado que las contiene.
Los interrogantes relacionados con la prioridad de las lealtades son demasiado diversos como para tener un índice de prelación de calidad indiscutible. Ingredientes como las razones económicas y por otro lado las sociales, contribuyen a oscurecer cualquier argumento leal. Se puede ejercer la libertad de establecimiento de impuestos. En casos, puede resultar imperativo para equilibrar ingresos de una Hacienda maltrecha, como hemos podido comprobar recientemente, con el advenimiento de la crisis. Pero, del mismo modo, una Comunidad vecina podrá suponer ventajas fiscales comparativas, que suponen un aliciente para establecer actividad industrial. ¿Cuál es el manejo de las lealtades en un caso como éste? ¿Con quién hay que ser leal, cuando la incidencia puede ser provocada por los mismos que debieran ser los más leales? ¿Cómo es leal un Estado y como se es leal con él en estas circunstancias? Es posible que se pueda afirmar sin temor a error que uno de los principios más violentados es, precisamente la lealtad institucional.
La propia estructura de representación del Estado no es proclive a suscitar lealtades. Los Diputados y Senadores actuales, lo son en razón a su pertenencia a un cuerpo electoral regionalizado. Son representantes de las Regiones en Madrid. Pero en las Instituciones centrales se debaten y se toman acuerdos sobre aspectos de ámbito estatal. En casos, con cierta frecuencia, los intereses del gobierno central pueden estar enfrentados con los de una Región, en razón de una mayor presencia de cierto aspecto en una parte del país. Un ejemplo muy recurrente es el del agua. Hay regiones de España, donde la eficacia del caudal es incomparablemente menor que en otras. Ya conocemos que la articulación de las lealtades de región y de Estado y de otras regiones ha dejado mucho que desear. El parche que el PP ha rubricado recientemente, nunca mejor dicho, hará agua dentro de bien poco.
¿Qué hacer un Diputado en Cortes ante una propuesta del Gobierno Central que entra en colisión con los intereses de los ciudadanos de su Región? Esta es la pregunta. La respuesta es dramática en la actualidad. El PP, suele, con demasiado descaro, formular grandilocuentes afirmaciones y rutilantes advertencias, como viene ocurriendo en la Región de Murcia. Su Presidente decía plantarse ante quien hiciera falta, Madrid, Bruselas o …, a favor de los intereses de los inversores regionales en instalaciones fotovoltaicas. El cacareo altivo, en defensa de los intereses regionales era constante en los medios de comunicación regionales que coreaban tales desmanes. La ley que propiciaba el PP a nivel nacional era la que había que torcer. El Presidente regional daba a entender que doblegaría la voluntad de Rajoy a favor de sus representados inversores regionales. Pero la ley llegó al Parlamento la semana pasada. Los diputados regionales, controlados, promocionados y debidos al actual Presidente regional, votaron a favor de la ley y en contra de los intereses de los inversores murcianos a quienes decía defender el Presidente regional. ¡Sorpresa! ¿Hablamos de lealtades? ¿por qué fueron desleales con la Región unos diputados elegidos por los ciudadanos perjudicados contra cuyos intereses se han pronunciado estos representantes políticos?, ¿era incierto todo lo que pregonaba el Presidente regional?, ¿Cuál podría ser su voluntad cierta cuando prometía ayuda?, ¿será que la única defensa de las lealtades está en los tribunales de justicia?, ¿emprenderá ahora una nueva campaña legal para restablecer lo que pudo, al menos testimonialmente, pronunciarse sin tapujos? El galimatías es que, en ese alarde de patrioterismo regional, el Presidente murciano ha recurrido al Tribunal Constitucional la Ley del Sector eléctrico, que el Parlamento aprobó el 19 de diciembre y que perjudica, nada menos que a 20.000 inversores murcianos, mientras que sus diputados votan a favor de la ley recurrida por su Presidente.
Siempre quedará la duda de si las faltas de lealtades se deben a la estructura inacabada del Estado o simplemente a personalidades desleales que, en todo caso se hubieran comportado de igual modo. Es probable que no sea nada fácil librarse de este tipo de personajes, ni siquiera en estos días navideños, pero mejor será que se eviten cuanto mayor número de escollos mejor, porque igual se suaviza la convivencia, sin tener que relatar las deslealtades.