La novedad en esta campaña la ofrece Vox, que considera quebrada la SS y aboga por sustituir el actual sistema de reparto por otro de capitalización. De ahí se deduce que ya no será posible actuar por consenso, dado que Vox cuestiona lo básico
Durante algunos años ha funcionado el Pacto de Toledo. Todos los partidos convenían que lo que hubiera de hacerse en materia de pensiones se haría en la Comisión del Pacto de Toledo, por consenso entre todos los grupos, y con el acuerdo de la patronal y los sindicatos. Este pacto se basaba en la idea de que todos los partidos estaban de acuerdo en algo esencial: mantener el sistema de reparto en virtud del cual las cotizaciones sociales actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales. Con esa base, se han ido introduciendo ajustes y reformas las más de las veces por consenso.
En 2012 el Gobierno Rajoy aprobó una reforma sin el acuerdo de los demás partidos. En sustancia, la reforma consistía en recortar las pensiones, tanto las presentes, estableciendo una casi congelación de las mismas, como las futuras, mediante el llamado factor de sostenibilidad. El 0,25% de revalorización establecido para los tiempos de déficit no cumplió su objetivo porque, al mantenerse la inflación cercana a cero, las pensiones actuales han mantenido su poder adquisitivo. Cuando la inflación ha empezado a repuntar el Gobierno Rajoy rectificó por las presiones del PNV y volvió de forma transitoria al IPC como índice de revalorización. De este modo, la reforma de las pensiones de Rajoy ha pasado a mejor vida. Pero tampoco ha sido sustituida por otra ya que la Comisión del Pacto de Toledo ha sido incapaz de acordar nada. En esto han llegado las elecciones y la cuestión de las pensiones ha sido objeto de controversia electoral, aunque el ruido y el ondear de banderas han hecho que ni las pensiones ni otros asuntos importantes destaquen sobre el ruido y ofrezcan a los pensionistas razones para votar a este o a aquel partido según las propuestas que hagan.
La novedad en esta campaña la ofrece Vox, que considera quebrada la SS y aboga por sustituir el actual sistema de reparto por otro de capitalización. De ahí se deduce que ya no será posible actuar por consenso, dado que Vox cuestiona lo básico. Conviene señalar que si la SS estuviese quebrada sería un logro del gobierno del PP al que habría que exigir responsabilidades. Y si el hecho de que la SS arroje déficit implicase la quiebra, también el Estado estaría en quiebra. Y por lo mismo todas las CCAA y muchos ayuntamientos. Lo cierto es que la SS presenta un déficit importante que se ha cubierto con el Fondo de Reserva (una herencia de Zapatero de la que la derecha no quiere hablar) primero y cuando éste se ha agotado con transferencias del Estado. De modo que la SS ha hecho frente a todas sus obligaciones puntualmente y no se puede decir que haya quebrado, como erróneamente señala Vox. Dicho sea de paso, si se pusiese en marcha el plan de Vox para pasar de un sistema al otro, sí que habría riesgo para la SS ya que de inmediato vería reducidos sus ingresos actuales al perder las cotizaciones de todos los que por fuerza o por elección pasaran al nuevo sistema sin por ello reducir el gasto, ya que tendría que seguir pagando las mismas pensiones al menos por veinte años. El plan de Vox exigiría una inyección de dinero muy alta por parte del Estado.
Yo, como pensionistas que soy, estoy interesado en dos cosas básicas: una, que el poder adquisitivo de mi pensión se mantenga y otra que se asegure el pago de mi pensión. Como ciudadanos tengo interés en otras muchas cosas, por ejemplo, cual será la edad de jubilación, cuál será la pensión de viudedad, etc. El interés del colectivo de pensionistas (si tal colectivo existiese) se reduciría a esas dos reivindicaciones, las cuales son las dos únicas que pueden unir al colectivo con independencia de la posición política de cada cual. Por eso, los programas electorales de los partidos se deben juzgar a la luz de esas dos cosas. Interesaría mucho un debate sobre esas cuestiones para clarificar la posición de los partidos que concurren a las elecciones. Añado que el interés de los pensionistas debería consistir en que las propuestas de los partidos coincidieran. Pero me temo que no es así.
Para equilibrar las cuentas de la SS solo hay dos caminos: o se reducen gastos o se aumentan ingresos. Lo primero es la vía adoptada por Rajoy en 2012, congelando las pensiones actuales y reduciendo las futuras. El PP de Casado no desmiente la esencia de aquella reforma aunque venga envuelto en frases más o menos ambiguas. Una de las propuestas estrellas de Casado es la de fomentar con dinero público los fondos privados de pensiones. Lo cual, unida a una rebaja de impuestos, que equivale a una disminución de ingresos públicos, marca la senda por la que transita el pensamiento de la derecha: rebajar el gasto en pensiones y bascular sobre pensiones privadas para quien pueda permitirse el lujo de ahorrar por esa vía.
Desde la izquierda, la vía elegida es de aumentar los ingresos por varias vías, pero, en general, aumentando impuestos.
Y esto nos lleva a otro parteaguas de las propuestas electorales. La derecha habla de reducir la fiscalidad de las rentas altas (por ejemplo, bajando el marginal superior del IRPF), de la riqueza que se hereda (supresión del impuesto de sucesiones) o que se transmite (supresión del impuesto de donaciones) o que la que se posee (supresión del impuesto de patrimonio) o de los beneficios da las empresas (rebaja del tipo). En definitiva, la “revolución fiscal” de que habla Casado consiste en que paguen menos los que tienen más, sean personas o empresas. Uno de los rasgos más negativos de la crisis del 2008 es que se ha producido una enorme concentración de la riqueza en el la parte superior de la escala social, se mida por el 10 % o por el 1 %. Más aún, la concentración es tanto mayor cuanto más arriba se pone el listón. Muchos economistas, observadores de la dinámica social avisan de que esa tendencia a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos es peligrosa para el futuro del sistema y recomiendan exactamente lo contrario de lo que proponen las derechas en España: aumentar la fiscalidad sobre la riqueza y no disminuirla.
Se mire como se mire, al final serán los recursos públicos los que aseguren el cobro de las pensiones, como ya está sucediendo. Y esos recursos se llaman impuestos. La izquierda debe ser capaz de obtener esos recursos de los que más beneficios han acumulado estos años de crisis. Probablemente este asunto será clave en la próxima legislatura.