El Gobierno mete prisas al Pacto de Toledo. Esta primera semana de septiembre, a puerta cerrada, con las comparecencias de los responsables del Ministerio de Seguridad Social, la AIREF y el Banco de España, se dará un acelerón a las discusiones de los parlamentarios, para aprobar las recomendaciones del Pacto de Toledo de la anterior legislatura, entonces rechazadas por Podemos y ERC. La urgencia de dar una imagen de unidad del PSOE, Unidos-Podemos, PP y Ciudadanos en el ámbito de las pensiones es un preámbulo necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Frente a viejas concepciones que conducían a aceptar la política posible, la que cabía en los estrechos márgenes de la política económica de los gobiernos, la COESPE ofreció desde su creación otras perspectivas. Se ha constituido como un bloque sólido que en total libertad e independencia ha fijado sus reivindicaciones, ha modulado su funcionamiento, ha permitido desarrollar democráticamente el trabajo en común de muchas y distintas sensibilidades.
Esto la convierte en referencia para todo el movimiento obrero, con la convicción de que solo con la movilización se puede detener la ofensiva del capital financiero para destruir el sistema de reparto en que se fundamenta nuestra Seguridad Social. La fortaleza de sus posiciones se asienta en el rechazo y oposición al Pacto de Toledo, y solo superando ese obstáculo y la cortina de humo de sus recomendaciones abiertas a los fondos privados de pensiones, logró elaborar y desplegar su tabla de reivindicaciones y sus movilizaciones libres e independientes frente a los gobiernos de cada momento.
La COESPE como movimiento libre e independiente por su defensa del sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, gobierne quien gobierne, se convierte en un factor de orden frente al caos generado por el poder y los poderosos para destruir los derechos sociales de la clase obrera
Los pensionistas han conseguido poner la defensa de las pensiones como uno de los elementos centrales de la agenda de la política del país. Entre los elementos de cohesión que fortalecen su movimiento podemos citar:
Las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que se quieren aprobar, salvo improbables sorpresas, son las de las sesiones celebradas en la anterior legislatura. Son contrarias a las reivindicaciones en muchos aspectos, entre ellos los siguientes:
El Presupuesto de la Seguridad Social seguirá soportando el pago de gastos impropios que deben pagarse con el Presupuesto del Estado. Se dice que eso solo sería hasta 2025, pero es difícil de creer, pues desde los inicios del Pacto de Toledo en 1995, se repite la cantinela de que el Ministerio de Hacienda debe asumir esos gastos. Y 25 años de incumplimiento son muchos años.
Esos “gastos impropios” crean un falso déficit de la Seguridad Social, que se compensará con préstamos, en vez de aportaciones, es decir, aumentando la falsa imagen de una Seguridad Social en quiebra, a que nos tienen acostumbrados.
Tampoco aparece ninguna indicación de que se vaya a anular la falsa deuda de la Seguridad Social con el Tesoro, fruto de la manipulación de cuentas que reiteradamente se hace al financiar con préstamos, en vez de aportaciones.
Se continuará escondiendo parte de los déficits del Estado en el pasivo de las cuentas de la Seguridad Social.
Entre las recomendaciones sigue estando la ya tradicional de entregar edificios del patrimonio de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas.
Se valora como adecuada la utilización realizada del Fondo de Reserva por los sucesivos gobiernos.
Se recomienda que haya una dotación mínima al fondo de reserva del 7% del gasto anual de las pensiones contributivas, pero se condiciona a cuando existan recursos disponibles para ello.
Se apoya la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo computado para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y después se verá la posibilidad de que alcance toda la vida laboral.
Sobre el incremento de la pensión mínima, nada se dice sobre el IPREM congelado o sobre su subida al SMI. Dicen cosas que ofenden: dicen que no se pueden subir mucho las pensiones mínimas para no desincentivar la cotización, es decir, porque entonces los trabajadores no querrían trabajar.
Se recomienda el impulso a de los sistemas complementarios y vincularlos a la negociación colectiva, financiándolos con aportaciones del trabajador y la empresa. Poniendo los recursos en manos de las entidades financieras y, además con bonificaciones fiscales. Quieren convertir a los sindicatos en vehículos de conexión con los bancos.
Al analizar los elementos en los que se basa la solidaridad intergeneracional del sistema de reparto, la COESPE ha constatado que ha sido y seguirá siendo una práctica regular de los gobiernos utilizar los excedentes de cotizaciones, no para constituir reservas, sino simplemente para financiar gastos ajenos a las prestaciones propias del sistema de reparto de nuestra Seguridad Social.
Como señalan estudios sindicales, de las universidades e incluso en parte del Tribunal de Cuentas, son recursos cuantiosos. Por eso, la COESPE ha dispuesto realizar una campaña de recogida de firmas dirigidas a los diputados instándoles a decidir que se realice una auditoría pública sobre la utilización de los excedentes de cotizaciones para gastos impropios y sin constituir reservas, que en la situación actual serían suficientes para compensar la insuficiencia de las cotizaciones causada por las reformas laborales y hacer frente a la incorporación de nuevos jubilados de la generación babyboom.
Es la forma concreta de deshacer toda la propaganda oficial y oficiosa de que no hay recursos para mantener el sistema y la pretendida necesidad de recortes, de reformas paramétricas y de abrir la Seguridad Social a los fondos privados de pensiones. Es una forma concreta de demostrar la falsedad de los déficits y las deudas de la Seguridad Social, se demostrará que son una construcción de los diferentes gobiernos que saquean los recursos y cotizaciones del régimen de reparto de la Seguridad Social.
Efectivamente, la COESPE como movimiento libre e independiente por su defensa del sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, gobierne quien gobierne, se convierte en un factor de orden frente al caos generado por el poder y los poderosos para destruir los derechos sociales de la clase obrera.
Juan Miguel Fernández | Profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y Asesor técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.