viernes. 26.04.2024

Al mismo tiempo, espera cumplir el objetivo de los "cien días para las cinco grandes medidas de la declaración de emergencia" que supone una "oportunidad de empleo, de modernización de la economía y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

En declaraciones a los medios antes de iniciar la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, la ministra ha mostrado su convencimiento en que prevé "cumplir" el objetivo de los "cien días para las cinco grandes medidas de la declaración de emergencia", aunque además serán necesarios otros cien días más para otros muchos aspectos que declinan de esta ley.

"El conjunto de las 30 medidas que incorporamos en esa declaración formal de emergencia forman ya parte del eje transversal de acción del conjunto del Gobierno, seguidas, diría con gran interés y acompañadas por las administraciones autonómicas y locales en muchos casos, pero también de múltiples instituciones organizaciones e la sociedad civil y de actores económicos que ven en esto una gran oportunidad de empleo, de modernización de nuestra economía y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

El proyecto normativo fue presentado hace justo un año, en febrero de 2019 y tras el parón electoral, parece que en el mes de marzo llegará a las Cortes para iniciar su tramitación y después de su paso de por las conferencias sectoriales de energía y de medio ambiente, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de que el Consejo de Estado emita su informe.

"Son plazos difícilmente evitables incluso si se tramita por la vía de urgencia. Más bien será en marzo"

Si bien, ha apuntado que "dentro de esa frustración por haber estado un año en funciones" lo positivo es que en este tiempo las distintas organizaciones han ido haciendo sus contribuciones más allá del tiempo oficialmente previsto en el contexto del trámite de información pública.

En todo caso, confía en que pueda llegar cuanto antes para que sean los grupos parlamentarios los que "enriquezcan" la norma.

En ese tiempo, ha dicho que "a la vista de los comentarios" el texto que se enviará a las cortes incluirá dentro de las "obligaciones de la ley" el establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes, que para la ministra son "fundamentales por razones de salud pública, ruido y ocupación del espacio público".

"Son señales que nos permiten acomodarnos a un modelo de movilidad interior mucho más sana, mucho más saludable, mucho más amistosa, más agradable para los vecinos cuando existen alternativas en la mayor parte de las ciudades. Es algo que queremos fortalecer, endurecer", ha manifestado.

Precisamente, ha asegurado que Madrid central es "inevitable" en la nueva ley y considera que el Ayuntamiento de la capital está "fuera de marco, fuera de perspectiva", al plantear una propuesta "confusa" en la que opina que más bien "se apunta a la idea de invitar a los coches a Madrid, en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos".

Preguntada por el adelanto en el calendario de otros países de la fecha para prohibir la comercialización de vehículos diésel o de gasolina, Ribera ha explicado que la propuesta del Gobierno "en estos momentos" es la de limitarse a "mantener y acompañar" las decisiones del marco de la UE y mantenerse en esas recomendaciones y limitaciones temporales que introduce la directiva europea, aunque admite que algunos países están "queriendo abrir el debate" sobre como anticipar esa fecha.

"Es un debate abierto, a nosotros lo que nos importa en estos momentos es garantizar la viabilidad de nuestros objetivos ambientales de clima y de calidad del aire y de salud pública y por otra parte, acompañar un proceso importantísimo de transformación de nuestra industria, del conjunto de la cadena de valor del sector del automóvil y del sector de la movilidad", ha afirmado la Vicepresidenta que ha añadido que los Ministerios de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, así como el de Industria y Transición Ecológica están trabajando en la cuestión.

La ‘Ley de cambio climático’ llegará al Parlamento en marzo