La primera ley de la ciencia en la etapa democrática se publicaba allá por 1986. En 2011 es aprobada la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Desde entonces han pasado diez años marcados por los recortes y la crisis económica desencadenada en 2008, a los que ha venido a sumarse una complicada situación de pandemia.
Durante estos años hemos perdido 30.000 personas preparadas profesionalmente para dedicarse a estas tareas. Unas porque han tenido que huir de España para poder desarrollarse profesionalmente y otras porque han tenido que buscarse la vida en otras tareas, que poco o nada tienen que ver con aquello para lo que se han preparado duramente.
Baste saber que si hace diez años dedicábamos un escueto 1´34% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) a Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i) hoy ese porcentaje, ya de por sí pequeño, se ha reducido a un 1´24%. Las Ofertas de Empleo Público han desaparecido prácticamente y la precariedad se ha adueñado de la vida y de los empleos de las personas que se dedican a la investigación en España.
Además, la investigación pública se transfiere con demasiada frecuencia y con mínimos costes hacia el sector privado. Unos investigan con medios públicos las vacunas y otros las comercializan a precios desorbitados.
El Sistema Español de Investigación sigue sin resolver bien la contratación del personal, su estabilidad laboral, su dedicación exclusiva
El Sistema Español de Investigación sigue sin resolver bien la contratación del personal, su estabilidad laboral, su dedicación exclusiva. El personal investigador siempre queda al servicio de los organismos que contratan y la precariedad sigue siendo la norma, pese a los cambios de denominación que se producen para hablar de fijeza, o estabilización, otro aspecto que nos termina separando de la Unión Europea. La carrera profesional, la promoción, la movilidad, siguen siendo problemas nunca bien resueltos.
Se crean cada dos por tres nuevas figuras que pretenden laboralizar el empleo de los científicos, alejarla del funcionariado, que anuncian mayor estabilidad, pero sin abandonar el recurso a la temporalidad. Las estructuras de personal siguen alejadas de las exigencias de la Unión Europea en cuanto a la protección de las personas trabajadoras durante los periodos de contratación y cuando el contrato desaparece.
Todos estos dislates aparecen hoy encubiertos en buenos deseos de favorecer la transferencia de recursos investigadores hacia las empresas. Un intento loable que termina justificando la conversión del investigador en empleado al servicio del beneficio empresarial, hasta el punto de que la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, termina por no afectar al personal investigador que quiera trabajar en empresas que incorporan tecnología.
La flexibilidad siempre es necesaria en cualquier actividad humana, pero asistimos cada vez con mayor frecuencia a escándalos que no sólo rozan la ilegalidad, sino que se adentran en el comportamiento delictivo que enmascara beneficios irregulares, cuando no ilegales, en actividades de colaboración público-privada en el campo de la investigación.
La ciencia española en el alambre
La cooperación entre los organismos públicos y el sector privado no puede verse abocada a la confusión de intereses, sin límites, sin regulaciones, derivando recursos públicos de forma abusiva hacia el sector privado y al lucro personal y/o empresarial. Al final algunos investigadores terminan defendiendo su nueva posición de privilegio muy por encima de la defensa del interés general.
El sector público es motor de creación de conocimiento y avance científico. Su relación con el sector privado y con el conjunto de la sociedad y sus necesidades es necesaria, pero debe siempre someterse al interés general, respetando cada uno de los ámbitos, flexibilizando los modelos de colaboración, pero regulando claramente los objetivos.
Las leyes no necesariamente cambian modelos, ni introducen mejoras reales, si no son capaces de intervenir directamente en la solución de los problemas y buena parte de los mismos tienen que ver con la inestabilidad de los recursos y del personal que dedicamos a la investigación en España.
