jueves. 28.03.2024
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El informe sobre la contaminación por ozono concluye que el 81 % de la población y el 87 % del territorio han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la OMS

A pesar de la mala situación y de la vulneración de los límites legales, el Gobierno central aparca sin fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, limitando las actuaciones previstas a la realización de estudios científicos y a la mejora de su medición

El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables son las principales causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales

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El informe analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

  • El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2017, a pesar de la crisis económica, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.
  • El informe toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a 37,9 millones de personas en el Estado español, el 81 % de su población, así como a 440.000 kilómetros cuadrados, el 87 % del territorio. Es decir, cuatro de cada cinco españoles han respirado un aire con un nivel de ozono superior al recomendado por la OMS.
  • Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que la guía de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 12,8 millones de personas, un 27 % del total, 2 y 3 millones de afectados más que en 2016 y 2015, respectivamente, y 6 millones más en relación a 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cuatro españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.
  • Durante 2017, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y, sobre todo, las Illes Balears, que han presentado la peor situación del Estado y también la propia desde que se dispone de mediciones de este contaminante. En cambio, los niveles de ozono han sido más moderados en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Castilla-La Mancha, Cataluña y el litoral mediterráneo desde Alicante a Girona.
  • El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (sobre todo los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
  • El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor primaveral y estival. La primavera de 2017 ha sido la más cálida y el verano el segundo más cálido desde 1965. La evolución reciente de esta contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.
  • La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.
  • Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se han estimado en 800 millones de euros en 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.
  • La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Transcurridas dos décadas desde la entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminación por ozono, todavía en 2017 han sido varias las comunidades autónomas (Asturias, Illes Balears, Extremadura y País Vasco) que no han avisado a la población de la superación del denominado "umbral de información".
  • Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. De forma sorprendente, la queja presentada por Ecologistas en Acción contra las administraciones españolas ha sido archivada por la Comisión Europea, porque "el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo".
  • A pesar de los reiterados compromisos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA), el Gobierno Central tampoco ha elaborado hasta la fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, al que se remiten todas las comunidades autónomas. para justificar su inactividad. El Plan Aire II del MAPAMA, en elaboración tras expirar en 2016 el Plan Aire I, limita las actuaciones a la realización de estudios y la mejora de su medición.
  • Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario, además, dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades, así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón. También se tiene que actuar en la limitación de las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de los puertos con un volumen de tránsito marítimo importante.
  • Aunque es necesario ampliar sustancialmente la información científica disponible sobre la dinámica del ozono, mejorando el conocimiento de sus procesos de formación y acumulación, a escala regional, estatal y continental, la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos.

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