Los fenómenos de violencia urbana no son nuevos en nuestro país. Nos podemos remontar a los episodios de “Kale borroka” en Euskadi en la década del 2000 que no fueron aislados. Cabe decir que en la misma época, sin que se diera la más mínima publicidad, se dieron más episodios de violencia de baja intensidad en el área de Barcelona por parte de autodenominados grupos antisistema especialmente durante los fines de semana y contra oficinas bancarias.
Recientemente hemos comprobado cómo se daban fenómenos de mucha mayor violencia en determinados momentos del proceso independentista catalán, cuando se dieron numerosos y extremadamente violentos ataques dirigidos contra las fuerzas del orden, por parte de numerosos grupos de manifestantes radicalizados, al finalizar concurridas manifestaciones pacíficas. La principal diferencia con la violencia de épocas pasadas ha sido la elevada publicidad por parte de los medios de comunicación, especialmente por el seguimiento en directo por parte de medios televisivos ansiosos de audiencia. En definitiva los actos de violencia se convirtieron en espectáculo televisivo.
Hechos posteriores de actuaciones desmesuradas de este tipo se dieron también por la entrada en prisión de un rapero poco conocido como Pablo Hasel. La reacción de los denominados grupos antisistema fue especialmente grave y virulenta. E igualmente hubo un amplio seguimiento mediático.
Últimamente los fenómenos de violencia urbana han dado un salto cualitativo con la violencia desplegada con motivo de los “botellones” que se convocan por las redes sociales y que congregan a grupos masivos de jóvenes que se reúnen de forma no legal para beber y hacer jarana y que acaban con grupos de estos jóvenes atacando y quemando mobiliario urbano y finalmente dirigiéndose directamente a atacar a las fuerzas policiales que tratan de disolverlos.
Podemos decir que hemos ido pasando de una violencia arbitraria que se trataba de justificar con razones pseudo-politicas a una violencia sin justificación de ningún tipo en lo que podríamos denominar una “banalización de la violencia”.
Evidentemente este proceso de banalización de la violencia no puede desligarse del contexto social y político que lo rodea. Los actos violentos en Catalunya y la falta de respeto a las normas de convivencia y a la autoridad de las fuerzas policiales responsables del orden público no pueden desligarse de hechos como que desde la máxima representación política de la comunidad, el Govern i el Parlament, se vulneraran de forma ostentosa las principales leyes, la Constitución y el Estatut. O el hecho que desde el poder político catalán se instase a la desobediencia y a colapsar vías de comunicación o sabotear las líneas ferroviarias. Debemos recordar que el President Torra alentaba a los CDR a apretar en sus actuaciones. Si el gobierno de una comunidad desobedece y llama a desobedecer las leyes ¿qué ejemplo se difunde? Si ello además cuenta con el aplauso y la difusión por parte de medios de comunicación públicos y privados ¿qué imagen se propaga entre la población? Es una invitación desde el poder público a hacer lo que a cada uno le venga en gana. Y aún más grave es el hecho de que desde los poderes públicos no se condenen los actos de violencia y por el contrario se analice críticamente la actuación de las fuerzas de orden público, todo ello ampliado por la amplia difusión de los medios de comunicación.
Pero el tema no pude reducirse únicamente a la actuación de los gobernantes catalanes ya que desde hace tiempo desde la derecha española se están estimulando actuaciones de desobediencia. Dirigentes significativos de la derecha han alabado el derecho individual a hacer lo que venga en gana, baste recordar a José Ma. Aznar cuando ante la decisión de las autoridades de tráfico de limitar los niveles de alcoholemia declaró "Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente….¿y quién te ha dichoa ti que quiero que conduzcas por mí?",en un claro desafío a las normas implantadas por la DGT.
Y no hay duda de que este planteamiento de exaltación del derecho individual a hacer lo que se quiera ha sido una constante por parte de dirigentes del partido popular en el último período desde el momento en que proclamó como “ilegítimo” al gobierno de Pedro Sánchez y que les ha llevado a confrontar y deslegitimar todas sus propuestas políticas y las leyes aprobadas. El PP da una muestra de desobediencia y desacato institucional al no cumplir el mandato constitucional de renovación del Consejo del Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Pero también al oponerse a aplicar leyes como la de Educación o la futura Ley sobre alquileres de vivienda.
El caso más ejemplar es la continuada insumisión de la Comunidad de Madrid a aplicar las restricciones derivadas de las normas sanitarias adoptadas para combatir la Covid-19, todo ello en base a una inalienable defensa de la libertad individual. Es esta concepción de la primacía del individualismo, por encima de las normas de convivencia, lo que se reflejó en el “turismo de borrachera” fundamentalmente francés que acudió a Madrid durante los períodos del Estado de Alarma. Y es esta primacía del individualismo, convertido en derecho a la libertad, por encima de la normas de convivencia cívica, lo que exhibió en su exitosa campaña electoral en Madrid.
No hay duda de que los ejemplos de actuaciones de desobediencia por parte de responsables políticos, tienen una influencia directa en la negación de toda autoridad y en la confrontación directa de sectores de jóvenes con los representantes de la autoridad que son las fuerzas policiales.
Cabe responsabilizar también a quienes desde posiciones liberales o progresistas tratan de justificar estos brotes de “violencia nihilista”. Esta violencia y estos violentos no se pueden justificar en base a decir “que los jóvenes han sufrido mucho durante la pandemia”.Todos los sectores de la sociedad han sufrido con la pandemia y una gran mayoría se ha comportado de forma socialmente responsable. Tampoco vale justificar estos brotes violentos relacionándolos con la falta de oportunidades de la juventud y sus problemas económicos y sociales, puesto que esta explosión de “violencia narcisista individualista” no la protagonizan precisamente los jóvenes de sectores más desfavorecidos sino jóvenes con un nivel de bienestar bastante aceptable, muchos de los cuales ahora llenarán los locales de ocio nocturno. Las explicaciones y justificaciones “buenistas” de algunos articulistas diletantemente progresistas no ayudan a entender la situación.
Cabe decir y repetir hasta la saciedad que los sectores más desfavorecidos durante tiempo por la crisis económica y ahora la sanitaria, que los ha golpeado con mayor fuerza, están demostrando un civismo alejado del que sería un hasta cierto punto justificado “estallido social”. Actitud muy diferente de la de esos jóvenes de mucha mejor condición social que provocan las “violencias del botellón”.
Confundir en los medios de comunicación o en las redes sociales la violencia de la quema de contenedores con la defensa de libertades como la de expresión u otras o ahora con la explosión de una juventud sufridora no ayuda a entender lo fundamental. Estos actos de violencia que ahora se dirigen directamente contra los responsables de orden público son un fenómeno que atenta y compromete la convivencia social y sus normas y el conjunto de la clase política debería reflexionar sobre ello.
Ya es hora de que desde la izquierda, ya que la derecha parece enajenada para hacerlo, se actué con seriedad. La violencia debe condenarse radicalmente en defensa de la convivencia cívica y deslegitimarla como método de protesta social. Podemos resumir diciendo, parafraseando a Gramsci, que en un momento de crisis cuando se vislumbran cambios “aparecen los monstruos”.
