El espacio público viario de una ciudad es el ámbito compartido en la actividad urbana social, económica y cultural. Parece algo obvio, pero en la práctica política no lo es y lo aparente se convierte en conflicto latente. Algo que en una sociedad tan gregaria como la madrileña parece no entrar en la cabeza de algunos que en sus discursos pretenden representar el interés público. Desde el costumbrismo de Arniches hasta nuestros días el "vecindario" ha incluido siempre a los artesanos y el comercio de proximidad. Pero aparece recientemente una nueva figura inventada de “vecino”, que únicamente incluye al residente, como si solo él fuese depositario del interés general. Si alguien deduce de estas palabras un planteamiento liberal, acierta con seguridad porque lo es. Pero si lo califica con ánimo ideológico peyorativo, como si desde la izquierda progresista no se pudiesen defender estos enfoques de la vida urbana real, se equivoca por completo. Sucede bastante y se nota en las urnas.
Madrid tiene 12.606 calles que constituyen 8.973 kilómetros de movilidad en la ciudad. Multiplicando por dos el número de sus aceras supondría en términos brutos 17.946 kilómetros de aceras. Pero toda estadística tiene sus lecturas sesgadas porque no todas las calles o avenidas (Ver M-30 o viales de accesos a redes de autovías, o de interconexión entre distritos etc.) pueden considerarse susceptibles de sr consideradas espacio de uso peatonal habitual o accesible.
Si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento contabiliza en 2.919 los viales históricos y para ser muy conservadores podría establecerse en más de 3.000 kilómetros la superficie lineal de aceras de uso público frecuente para la actividad residencial, económica y social de cierta intensidad en la ciudad de Madrid. Las 6.700 terrazas actualmente autorizadas, además de las más de 5.000 provisionales derivadas de la pandemia, a una media de ocupación de 20 metros lineales sobre los espacios de fachadas, supondrían 240 kilómetros de uso neto total lo que apenas representa un 9% de la superficie que hemos acotado conservadoramente, mientras que las terrazas lo son de forma absoluta y ene sta situación de singularidad. De manera que eso son los datos de partida para empezar a regular el cómo, sin demagogia.
Otro factor a considerar son las muy diferentes mediciones posibles por anchos de aceras y por ello la inadecuación de normas generalistas de “café para todos” en que se fundamentan las actuales ordenanzas municipales de Madrid en este tema capital. Las consecuencias de las restricciones del COVID 19 movieron a una empresa tecnológica a implementar una aplicación por qué se comprueba que Un 9,8% de las aceras madrileñas tiene un ancho menor a 1,2 metros. En dicha herramienta se muestra que el estrechamiento de las calles aumenta en los barrios con las rentas más bajas. Según este trabajo. El 65% de las aceras de la capital tienen menos de 3,5 metros de ancho y no permitirían mantener la distancia interpersonal de dos metros.
Otra cosa son las concentraciones densificadas de usos en determinados y muy específicos territorios de la ciudad. Bien por sus flujos turísticos en el casco histórico o por una concentración de oferta “a la moda”. Ora la antigua “Costa castellana” ora la actual costa Ponzano, Chamberí, tramos de Jorge Juan etc. Eso sin tener en cuenta las afluencias en determinada calles peatonales como los episodios de Espoz y Mina que han dado la vuelta al planeta mediático. Cuestión que, por cierto habría que valorarlo en su dimensión, porque se supone que el botellón debe de ser un tema de viandantes sin que las terrazas tengan algo que ver.
Hay pues que discutir sobre datos y no sobre categorizaciones sociopolíticas que recuerdan mucho en ocasiones a las instituciones franquistas de la llamada "democracia orgánica" que dividía la organización política en familia, municipio y sindicato; o las prevalencias obreristas históricas de los experimentos del llamado “socialismo real” del siglo XX, en los que un trabajador industrial proletario tenía un derecho a voto o de representación superior a otras clases sociales. Las ensoñaciones ideológicas producen los mismos monstruos que los sueños de la razón goyescos. Hacer prevalecer, en el uso del espacio público, a un solo sector de sus usuarios por exclusión o minusvaloración de los demás, constituye una perversión de tomo y lomo sobre el concepto de vecino y vecindario y no resuelve los problemas de convivencia urbana, que solo es posible con la regulación equilibrada de un espacio si o si compartido.
Un residente tiene los mismos derechos objetivos que el resto en el uso y disfrute del espacio público social que es de todos. Decir que las aceras son para uso único y exclusivo de los viandantes, como si fuesen pistas pedestres peatonales, sin tener en cuenta que por ellas se acceden para su uso a comercios y servicios propios de un burgo, es desconocer el origen de la ciudad y su función económica y comercial. El comercio de proximidad ha estado históricamente ligado la vida de la urbe y forma parte de la vida ciudadana. La izquierda progresista tiene que contemplar esas aspiraciones en su dimensión contemporánea o dejará un espacio inconmensurable a los liberales conservadores, por no citar a lo más ultra de la derecha hispana. La actividad del mercado no es un delito. Ni legal ni moral. El delito es responsabilidad de quien incumple las leyes que regulan la convivencia. Y de eso hay para dar y tomar en todas las categorías sociales. Sin excepción ni territorio acotado.
Los españoles, y por ello los madrileños, tenemos capacidades extraordinarias para debates medievales bizantinos sin mayor provecho que el enfrentamiento cainita. En ninguna ciudad estado mundial, desde las europeas (Londres, París, Roma o Berlín) hasta las mundialmente superpobladas, se plantea tanta normativa restrictiva, prohibitiva y híper regulatoria como en la de Madrid; y, al mismo tiempo, con tan escasa eficacia práctica por el desuso en su aplicación, derivado precisamente de sus excesos coercitivos, en contraste con una necesaria regulación proactiva y eficaz de los flujos reales en las aceras de la ciudad consolidada con fuertes impactos comerciales. Y que nadie se engañe: La última Ordenanza Municipal en vigor en esta materia, que adolece de tan graves defectos, fue aprobada en un consistorio de mayoría absoluta del ultra liberal Partido Popular. Lamentablemente la izquierda, en el periodo 2015-2019, se limitó a gestionarla con más errores que aciertos.
Nadie duda que los derechos compartidos para proteger los diferentes intereses de la ciudadanía sean monopolio de la administración pública. Y la labor de las ordenanzas es proteger al conjunto de los intereses particulares legítimos y armonizar la convivencia. No es por tanto la protección del "vecino" sino la del "vecindario" la que interesa como bien público. Y esas ordenanzas sobre la actividad económica de las terrazas madrileñas no pueden ser un catalogo de prohibiciones que nadie en la práctica cumple, sino la manifestación de derechos y obligaciones bien regulados para lograr seguridad jurídica y eficacia en la permanencia de las normas.
Tomando como referencia y parafraseando lo regulado para las ordenanzas de la Ciudad de Paris, podríamos afirmar que las terrazas y el comercio constituyen un símbolo del paisaje urbano de Madrid. Cafés, restaurantes, comercios, residentes o simples peatones coexisten en las aceras. Teniendo en cuenta que el 50% de desplazamientos en Madrid, se hacen a pie, asegurar un reparto armónico del espacio público viene a ser algo necesario. La diversidad de usos del espacio público, la toma en cuenta de las barreras arquitectónicas, de las exigencias sanitarias, de la movilidad poblacional, de la calidad ambiental y del desarrollo durable, económico y social, son de igual manera desafíos a considerar en primer lugar para su regulación. Pero el escaparate comercial y la terraza hostelera, como participante de la calle madrileña, contribuye también a ello. El cómo es lo importante y en la segunda entrega de esta tribuna se plantearán propuestas y alternativas. Al tajo.
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