viernes. 29.03.2024

Un informe de la consultora Deloitte, elegida por la Dirección de RTVM, ha decidido el futuro de Telemadrid: sobran 925 trabajadores (de 1.160) y ya no se producirá televisión, salvo informativos; lo que haya que programar se comprará en el mercado. La conclusión es clara: ha empezado la operación derribo de la televisión pública regional tal como la hemos entendido en los últimos 23 años.

La nueva legislación laboral y audiovisual facilita y abarata la operación. Como si de un simple saneamiento de indicadores económicos se tratara, el Gobierno de la CM y la Dirección del Ente Público, se disponen a desahuciar un medio de comunicación público, recurriendo a un drástico ERE que, en el contexto en que se produce, jamás podrá canalizar una negociación con los representantes de los trabajadores y los sindicatos porque se les presenta a los mismos como un trágala, y no como un diálogo cabal y transparente para alcanzar una salida pactada a la delicada situación en que se encuentra RTVM.

Hace tiempo que los consejeros nombrados a propuesta de IU y nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid exigieron abordar la situación de Telemadrid a través de un diálogo político y social que concluyera con un acuerdo básico sobre el futuro de la radio televisión pública. Un diálogo que necesariamente debería encarar los gastos de explotación y de estructura, pero también el modelo de televisión, de programación, de financiación y de pluralismo que dio lugar hace 23 años al nacimiento de Telemadrid, y que en el último periodo los equipos gestores y cargos profesionales de la redacción habían convertido en papel mojado.

Se impone la ideología popular

Podría parecer que la actual situación del Ente Público RTVM es producto de la casualidad y de la crisis. También del agitado sector audiovisual. No se podrá negar que la severa crisis económica y financiera ha contraído los ingresos comerciales y ha incrementado la dependencia del contrato-programa, es decir de la partida presupuestaria que anualmente asigna el Gobierno de la CM. Tampoco ha de eludirse el factor de reestructuración del sector con la irrupción en las dos últimas décadas de operadores privados de televisión, y ya más recientemente, de canales temáticos –muchos vinculados a las televisiones generalistas- que han fragmentado la audiencia y quebrado la fidelidad del espectador.

Pero ¿dónde queda la responsabilidad de los gobernantes y de los gestores de RTVM en este desaguisado? Se podría añadir la de todos los/as integrantes del Consejo de Administración; sin embargo, sería injusto con parte de esos consejeros que, como los de IU, han peleado infructuosamente para evitar este proceso de liquidación en el que ahora se encuentra Telemadrid. Todas las iniciativas para actualizar el proyecto de RTVM a las nuevas circunstancias y hacerlo de forma pactada chocaron con la intransigencia de un partido, el PP, empeñado en acabar bruscamente con la televisión pública.

Por si no fuera suficiente, convendría no ignorar la involución democrática, que el Gobierno de la CM impuso en Telemadrid, con Esperanza Aguirre como principal animadora, para crear una redacción paralela –aumentando plantilla-, unos informativos a su imagen y semejanza, y una programación alejada del servicio público y contagiada de lo peor de la televisión comercial. El resultado no se ha hecho esperar: en poco más de ocho años Telemadrid ha pasado de ser una televisión de los madrileños (16% de audiencia) a un canal profesionalmente desacreditado, políticamente sectarizado y económicamente debilitado (por debajo del 5% de audiencia). La crisis, los menores ingresos comerciales, la reestructuración del sector han influido en la nueva situación, pero la mala gestión y la insoportable actuación partidaria han conducido al abismo a Telemadrid.

El Informe Deloitte y  el Gobierno de la Comunidad han querido cortar por lo sano y liquidar Telemadrid. Y lo han hecho sacrificando a cerca de un millar de profesionales que en su inmensa mayoría accedieron a su puesto de trabajo mediante concurso oposición, y cercenando los proyectos de vida de quienes han crecido profesional y laboralmente en Telemadrid. El Informe Deloitte salva de su particular plan de viabilidad a 240 profesionales y si nos atenemos a la conducta de los gestores en estos años, no nos alejaríamos mucho de la verdad si afirmamos que  este departamento de proveedores de opinión y de propaganda en  que se convertirá RTVM quedará reservado esencialmente a los fieles informadores de contrato a la carta que en estos años han ocupado un lugar de mando o de obediencia al cargo en la redacción del Ente Público. Quien sabe si consumada la radical depuración, abaratado su coste y despejada su financiación, algún amigo de la derecha empresarial opte a la propiedad de Telemadrid.

Así las cosas, para IUCM lo único importante y preocupante de este disparatado proceso son las y los trabajadores que engrosarán las ya insoportables listas de paro. La defensa de la información como servicio público. Que la negociación de los sindicatos esté asesorada por el mejor equipo jurídico y económico, –como estamos seguros que ocurrirá, aun sabiendo de las dificultades derivadas de la nueva reforma laboral– y que cuantas movilizaciones tengan lugar cuenten con el apoyo de las fuerzas sociales y políticas de la izquierda y de la sociedad madrileña. Y un dato a considerar: que el PP pague en las urnas las tropelías que ha cometido.

Telemadrid: operación desahucio