Según ha explicado su departamento, después de que el propio Gómez comentara esta iniciativa en los pasillos del Congreso de los Diputados, la medida será "de carácter temporal", "no afectará en ningún caso a los rumanos que ya forman parte del mercado de trabajo español" y "no afecta" a su derecho como europeos a la libre circulación.
Así, los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo, hasta que el Gobierno decida lo contrario, ya que la medida "será objeto de una evaluación continuada basada en la evolución del mercado laboral español", conforme ha concretado el gabinete que dirige Gómez.
La propuesta consiste en "reactivar el periodo transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos". En el año 2009, el Gobierno levantó la moratoria que pesaba sobre ellos para permitir que accedieran al mercado laboral sin necesidad de una autorización, como cualquier otro europeo. Según el tratado de adhesión de Rumanía a la Unión Europea, los Estados miembros pueden imponer esta restricción durante un máximo de siete años.
"Ésta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno", explica el ministerio, para incidir en que "la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española".
Por último, el gabinete que dirige Gómez señala que el Gobierno "ha mantenido y mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria" y los Ejecutivos de ambos países "ya han acordado la creación de un operativo de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de esta medida".
PETICIÓN DE COMPARECENCIA
Poco después de que Gómez comentase a los medios esta iniciativa, el Grupo Parlamentario compuesto por ERC, IU e ICV ha solicitado su comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Congreso para que explique si, en su opinión, "la ciudadanía rumana es menos europea que el resto y por ello deben integrarse en condiciones de inferioridad".
Según la solicitud registrada en la Cámara Baja, el grupo preguntará al ministro por los motivos que han llevado al Gobierno a plantear esta medida "pensando sólo en el mercado de trabajo español y no en el buen comportamiento solidario entre Estados".
ERC-IU-ICV quiere saber "qué pasará con los más de 300.000 rumanos que ya trabajan en España cotizando a la Seguridad Social y sin necesidad de permiso de trabajo y los más de 50.000 que cobran subsidio de desempleo".
Fuentes de la Embajada de Rumanía en España concretaron a Europa Press que estas medidas "no pueden tener más que carácter temporal, sin efecto retroactivo y no están pensadas para afectar a los rumanos que ya trabajan en España".
Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno ha aducido durante sus conversaciones con Rumanía "razones de orden técnico, relacionadas con la situación económica y el nivel de desempleo de España, así como la necesidad de proteger a los trabajadores rumanos que trabajan con contrato legal".
