El acuerdo se adopta "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en esta resolución"
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido este miércoles la manifestación atea convocada por colectivos ateos y anarquistas para el Jueves Santo por su "evidente voluntad de provocación" a los católicos, según ha informado la institución que dirige Cristina Cifuentes.
La prohibición se basa en los informes específicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de Policía, y la Abogacía del Estado, todos los cuales coinciden en que dicha manifestación no debe llevarse a cabo.
El acuerdo se adopta "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en esta resolución".
"La fecha, lugar y hora elegidos por los convocantes, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación", señala el acuerdo.
La misma procesión se prohibió el año pasado con Alberto Ruiz Gallardón de alcalde.
Ateos no desconvocarán la manifestación del Jueves Santo
Por su parte, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) ha anunciado que no desconvocarán la manifestación atea convocada para el Jueves Santo en Lavapiés y que estudiarán recurrir la prohibición decretada hoy por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).
El presidente de AMAL, Luis Vega, ha señalado que la prohibición es una "decisión política" que no comparten. "En un Estado democrático y aconfesional como es España no se puede prohibir una manifestación porque digan que tienen indicios que se hace para provocar. Es una mala decisión para el Estado de Derecho", ha afirmado.
Vega ha explicado que este año el motivo de la manifestación se centra en protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones". "Entendemos que eso pueda ser una provocación a la Iglesia, que se ha acostumbrado a que cualquier cosa lo tome como una provocación. Pero no es de un recibo que un Gobierno acepte como tal esta argumentación", ha sostenido.
