La pobreza educativa, que afecta a casi tres millones de niños y niñas en España, es otra forma de acoso y violencia contra la infancia, debido a sus repercusiones en la educación, la salud y el bienestar, y también porque impide que niños y niñas, adolecentes y jóvenes desarrollen todo su potencial. Una vez más, este Gobierno muestra su insensibilidad ante una de las formas de violencia más agresiva en estos momentos, la inacción frente a la desigualdad socieconómica y el crecimiento de la inequidad que afectan a los y las menores. Lejos de implementar las medidas necesarias para prevenir su desigualdad y discriminación, el Ejecutivo ha recortado más de 1.200 millones de euros en atención a la infancia en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018, y ha vuelto a rebajar la inversión en las partidas dedicadas a educación y políticas sociales.
No menos grave es la violencia escolar por razones de género que afecta a millones de menores. No conoce barreras socioculturales ni geográficas, y España no es una excepción. El informe de la Unesco "Out in the open (A la intemperie)" muestra que, en algunos países, el 85% de estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) experimentan diferentes formas de violencia, además de acoso escolar, mientras que los que no se consideran LGBT, pero que no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes, también son víctimas de este fenómeno. CCOO recuerda que el sistema educativo, en sus dimensiones escolar, familiar y sociocultural, es el lugar de convivencia donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen que completar su aprendizaje, libres de amenazas y de cualquier forma de violencia.
En España, una vez más, carecemos de datos fiables sobre este tema y de políticas de prevención para promover la convivencia a través de la gestión pacífica de conflictos.
CCOO exige al Gobierno del PP la inversión y las políticas socioeducativas necesarias para la atención a la infancia violentada por su condición social, económica, cultural, sexual o de cualquier otra índole, así como formación permanente y gratuita para los profesionales de la educación y la incorporación al sistema educativo de nuevos perfiles profesionales de apoyo a la docencia y a las familias. De igual importancia son aquellas medidas que sirvan para concienciar a la sociedad y que posibiliten la participación directa del conjunto de la comunidad educativa en la prevención de cualquier tipo de acoso y violencia.
