jueves. 28.03.2024
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Tras el incremento de nuevos casos de acoso y hostigamiento a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo y al personal sanitario que las atiende, el #abortosinacoso se convierte en un problema real de la sociedad civil.

El acoso en las puertas de los centros donde se practica la IVE no es un caso aislado. Los cálculos de la Plataforma Pro-Derechos señalan más de 100 acciones de hostigamiento cada año, una situación que ocurre en plena calle y afecta a 8.000 mujeres que a veces ni denuncian. Son víctimas silenciosas de una persecución por motivos ideológicos ante los que la Ley se supone ya ha actuado legislando. Las denuncias se archivan y no se evoluciona. Por eso ahora la Plataforma Pro-Derechos quiere ir más allá.

Los grupos anti-elección son capaces de organizarse hasta un periodo de 40 días consecutivos, una “Cuaresma” particular que consiste en hacer vigilia ante las clínicas e increpar e insultar a las mujeres que acuden. “Feretritos, cruces, instalar una ambulancia en la puerta, sacar un muñequito…”, la coacción se realiza de muchas formas, según Maribel Teigell. Se trata de un lobby internacional con mucha capacidad económica que, de igual modo que hacen las religiones, impone su forma de pensar con la bandera del “fundamentalismo”.

Este martes se ha presentado la Plataforma Pro-Derechos bajo el lema #abortosinacoso, en la Sede de Derecho a Morir Dignamente. Maribel Teigell, representante de la Asociación DMD; Ana Sánchez de la Coba, secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid; Cristina Colom, vicepresidenta Asociación Mujeres Juristas Themis y José Antonio Bosch, asesor jurídico ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo), han sido las cinco voces representantes de las 62 entidades que se suman a la causa.

Tomar como referencia el modelo europeo: extensión del delito

El aborto ha sido complicado en España desde su aprobación hace ya casi una década, en 2010. Siguen cabos sueltos por atar: acciones como la obstaculización, el impedimento, la limitación o el entorpecimiento del acceso de la mujer a la IVE no tienen ningún tipo de sanción. La organización insta a los partidos políticos a tomar como referencia el modelo europeo, que el delito se extienda a estas conductas. Francia ya las multa, y la desinformación en páginas web también. En Londres se dio por válida una sentencia que prohibía a los anti-abortistas acercarse a determinada distancia de estos centros, por seguridad. En España fue el PSOE quien más se acercó a esta idea: en su propuesta número 73, ya aborda esta “zona de seguridad”.

Cuestión de la triple Administración

Es cuestión de que la Administración reaccione y legisle. José Antonio Bosch señala tres factores: lo público-social, lo sanitario y lo público-urbanístico. La Administración estatal debería garantizar la no violación de los derechos de estas mujeres y del equipo médico que las recibe. Garantizar el acceso a un aborto gratuito e íntimo, tal y como lo dicta la Ley. A la Administración autonómica le compete la prestación de de un servicio de calidad. Y, por último, a los Ayuntamientos les concierne la convivencia urbana y la utilización de espacios públicos.

El asunto sorprendió a los grupos parlamentarios madrileños. Pero Cristina Colom insiste: “¿No se sabe que está sucediendo esto? Pues tiene que saberse”. PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos, desde Madrid, son los tres grupos parlamentarios que han mostrado “sensibilidad a estudiarlo”. PP y VOX no se han pronunciado al respecto.

Pero el panorama de parálisis política no ayuda en absoluto, en eso coinciden todas en la rueda de prensa. Para modificar una Ley Orgánica se precisa mayoría parlamentaria. Y antes de eso, interés y propuestas.

Cuestión de la sociedad civil, no un delito privado

La concepción de “delito privado” hace que no todas las mujeres afectadas denuncien. Se necesita una denuncia previa para que se las tenga en cuenta y, además, son ellas mismas quienes han de interponerla ante las autoridades. No puede hacerlo nadie que no haya sido la víctima del propio acoso. Sin embargo, la Plataforma Pro-Derecho cree que la visión es errónea, que se trata de un problema global de la sociedad civil. La representante de DMD, cree que “no defender la Ley significa la involución de los derechos ciudadanos”.

El representante de ACAI cree que, sobre todo, es un problema de rechazo a las mujeres y, en concreto, a “mujeres guarrillas” según el criterio de quien suele atacarlas. Un estigma que tampoco impulsa a irse a comisaría justo después de haber vivido la situación.

Afecta también al personal médico que trabaja en la IVE, vulnerando su derecho al trabajo digno. “El problema estriba en que en este país todavía hay gente que no piensa que esté bien practicar un aborto”, comenta Ana Sánchez, representante de UGT Madrid. Opina que esta conducta influye en las propias mujeres, en el colectivo médico y en la ciudadanía, que nota resentido un derecho que tanto ha costado, el del aborto. La solución integral llegará cuando la denuncia deje de ser cuestión personal. No se trata de heroínas, sino de un tema de orden público.

Consideran “insostenible” la archivación de los casos, quieren que se tipifique penalmente, que las leyes se apliquen, que no haya impunidad. Cristina Colom recuerda el Art. 1 de la Constitución Española: “Claramente, no se está respetando”. La desesperación no es la solución, así que el 25 de septiembre, tan solo un día más tarde de haber presentado la Plataforma, se manifestarán pacíficamente ante uno de los centros más polémicos. La clínica Dator, por el simbolismo que le infiere ser la pionera en la práctica del aborto en España, es el lugar donde acudirá la Plataforma Pro-Derechos a velar por la libertad de elección de las mujeres.

La persecución de los grupos pro-vida ante las clínicas tiene que ser sancionada