A la espera de que suene el teléfono. Así están muchas familias en España, deseando que un politono rompa el silencio del hogar y traiga buenas noticias en forma de vacunación para sus mayores. Este es el sentir general de la gran mayoría de la población, sin embargo aún existen discrepancias sobre la vacuna y los hay que no terminan de ver claro que la solución esté en las dosis farmacéuticas y prefieren mantenerse al margen.
Aunque aún parezca un escenario remoto, tan solo el 2,6% de la población Española está a día de hoy vacunada, tarde o temprano todos tendrán que pasar por este trámite y así sucederá también con los niños pequeños. Pero, ¿qué pasará en aquellos casos donde no exista un consenso entre progenitores sobre la vacunación de su hijo? ¿Y si encima estos padres están divorciados, qué opinión debe imperar?
¿Qué recomiendan los especialistas?
Ante una situación tan insólita como la que se puede presentar en unos meses, los mejores consejos están en los especialistas en derecho de familia. Con la intención de encontrar posibles soluciones a una hipotética disputa, la letrada Carolina Torremocha recomienda anteponer “las razones médicas y la opinión del pediatra”, puesto que él será “quien mejor conozca la salud del menor y la necesidad o no de las vacunas”, todo ello además “sin tener en cuenta cualquier tipo de cuestión ideológica”.
Por eso, para la abogada la solución inicial podría pasar por “una visita conjunta al pediatra que normalmente asista al menor”. De esta manera, ambas partes podrán intercambiar con él impresiones y “conocer de mano del especialistas qué pros y contras puede suponer la vacunación”.
A este análisis hay que sumar la opinión de Javier Gónzalez del despacho Casasempere Abogados, quien considera que “en caso de desacuerdo habría que analizar si el menor es paciente de riesgo y si le interesa especialmente esa protección añadida que podría suponer la necesidad de su vacunación”. Y no sólo se limita a mencionar la situación médica del menor, sino que también tiene en cuenta la de los padres, puesto que “si alguno de ellos es paciente de riesgo el no vacunar a su hijo podría suponer un perjuicio a la salud de alguno de sus padres”.
¿Qué pasaría en el caso de no alcanzar un acuerdo?
Si una vez seguidos estos consejos la disputa se mantiene y no existe forma alguna de mediar solución a través del diálogo se podría comenzar a explorar otras vías. Los dos especialistas detectan un incidente o falta de acuerdo en el ejercicio de la patria potestad.
Lo que Carolina Torremocha haría sería “instar un incidente de patria potestad y al tratarse de una cuestión de salud del menor, ambos progenitores tienen que poder decidir y ser escuchados”. De esta manera, Javier González aclara que “ambos podrán exponer la situación y aportar las pruebas que consideren oportunas en base a su decisión”. Será finalmente un juez quien decida a quién de los dos padres otorga el derecho de tomar la decisión.
Antecedentes favorables a la parte pro-vacunación
Al indagar en posibles antecedentes de este perfil en la justicia española, se encuentra una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de julio de 2019 donde se cita textualmente que “a falta de acuerdo entre los progenitores, se atribuye al padre, favorable a las vacunas, la facultad de decisión sobre la vacunación de sus hijos”.
Para refrendar esta decisión, el juez alegó que “la mayoría de estudios científicos concluyen que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional, no habiéndose acreditado desde el punto de vista médico, que las vacunas causen un perjuicio para la salud”.
Es más, el magistrado se ampara en el testimonio de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para aclarar que en el apartado de “Preguntas y respuestas sobre la inmunización y seguridad de las vacunas” de su página web se explica por qué “las vacunas son seguras”. En este extracto se desarrolla que “todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas”. Un procedimiento que también se ha seguido con la vacuna de la Covid-19.
