viernes. 29.03.2024
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Foto: Europapress

"Hay jueces que incumplen sistemáticamente la ley, al no hacer válido el principio de prevalencia de la legislación europea cuando siguen sentenciando a las familias en base a una ley nacional que es ilegal de todas todas"

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y varios grupos de activistas por la vivienda de la Comunidad de Madrid han hecho entrega este miércoles de dos escritos en el Congreso de los Diputados con los que denuncian que algunos jueces están incumpliendo de forma sistemática la normativa europea de desahucios.

Luis Chamarro, uno de los coordinadores de la PAH Madrid, ha explicado que su intención es poner en conocimiento de la Cámara Baja la "corrupción judicial" que se está produciendo en algunos juzgados, particularmente en la Comunidad de Madrid, a la hora de tramitar procedimientos de ejecución hipotecaria.

"Hay jueces que incumplen sistemáticamente la ley, al no hacer válido el principio de prevalencia de la legislación europea cuando siguen sentenciando a las familias en base a una ley nacional que es ilegal de todas todas", ha señalado.

DIRIGIDO A LAS NUEVAS CORTES

Y es que el texto, que está dirigido a la Mesa del Congreso que se constituya tras las elecciones generales del 20 de diciembre así como a los futuros grupos parlamentarios, recuerda las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativas a la posibilidad del deudor de oponerse a una ejecución por la existencia de cláusulas abusivas y al tiempo del que dispone para ejercer ese derecho.

Teniendo en cuenta que "el principio de primacía consagra al derecho europeo un valor superior a los derechos nacionales", según reza el texto, que recoge Europa Press, la PAH recuerda que son los jueces de cada país los que deben "no aplicar las disposiciones contrarias al derecho europeo" que puedan existir en el ámbito nacional.

"Resultaría inexplicable que, mientras el legislativo se ha visto obligado a modificar la normativa legal española en la dirección marcada por el TJUE en dos ocasiones, resulte que el Poder Judicial se resiste a emitir sus resoluciones en la estricta dirección marcada por dicho tribunal", continúa.

"CLARA INSUMISIÓN"

Y, sin embargo, eso es lo que está sucediendo en algunos juzgados españoles, que "de una manera que parece concertada entre ellos bajo directrices superiores, se niegan reiteradamente a ni tan siquiera nombrar dichas resoluciones europeas en sus dictámenes", y "mucho menos a aplicarlas" en lo que la PAH considera una "clara insumisión".

Por eso, avisa al Congreso de esta situación y advierte también de que defenderán los derechos constitucionales de los ciudadanos e incluso llegarán a denunciar por la vía penal y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los jueces que están cometiendo estas "presuntas acciones delictivas", insiste Chamarro.

Por otra parte, el texto recuerda que la suspensión de las normativas nacionales contrarias a la legislación europea se debe aplicar automáticamente mientras se espera la resolución del TJUE sobre una cuestión prejudicial pero también mientras el Gobierno nacional traspone a la legislación las directivas comunitarias y otras resoluciones de ámbito europeo.

No hacerlo, añade el texto, "genera una desprotección de los particulares por ausencia de aplicación práctica de derechos" que puede otorgar al ciudadano el derecho a una "reparación" de la que tendría que hacerse cargo el Estado. Unas "indemnizaciones" a las que los posibles afectados por estos procedimientos de desahucio presuntamente contrarios a la normativa no renunciarán, según avisan en su escrito.

CINCO PETICIONES DE MÍNIMOS

Junto con el texto legal, la PAH también ha entregado a la Cámara Baja un escrito con las "cinco medidas de mínimos" que los partidos políticos deberían "tener en consideración en sus programas y en su acción política futura" en relación con el derecho a la vivienda.

En concreto, se trata de aplicar la dación en pago retroactiva, "revisando las ejecuciones que ha habido hasta ahora en base a una mala aplicación de la ley"; generalizar los alquileres sociales asequibles a través de planes de las administraciones o de los acuerdos con las entidades financieras, incrementar las viviendas sociales, aprobar una moratoria real de los desahucios y garantizar que "no haya problemas" con los suministros energéticos.

Chamarro ha avisado por último que a partir de ahora la PAH "incrementará" su presión, con la presentación de más escritos tanto en las Cortes como en otras administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid cuya Oficina de Intermediación Hipotecaria es, a su juicio, "absolutamente inaceptable" porque "beneficia a los bancos" al hacer que las familias tengan que negociar "sin contar con la información necesaria para poder defenderse".

La PAH acusa a algunos jueces de incumplir la norma europea de desahucios