Más de 8.000 personas han salido esta tarde a la calle en Santander para "defender la democracia" y contra los recortes, en una manifestación convocada por 50 colectivos de Cantabria, que ha recorrido el centro de la ciudad.
La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Unidos contra los recortes y por la democracia. 23F No debemos, no pagamos', y en ella se han coreado consignas contra la corrupción, los políticos o los desahucios.
La manifestación, que salió a las seis de la tarde de la Plaza de Numancia para llegar a la Plaza de Pombo, se ha convocado en toda España para formar una "marea unida contra los recortes" y protestar contra "el golpe de Estado financiero".
Así lo ha recordado en declaraciones a la prensa el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Cantabria, José Ramón Blanco, quien en nombre de los manifestantes ha pedido "basta ya" a los recortes y a los "atropellos" que se están llevando a cabo contra los ciudadanos, y ha reclamado a los dirigentes políticos "que escuchen a su pueblo, que está harto".
Entre los colectivos que se han sumado a la marcha figuran partidos políticos, sindicatos, plataformas y asociaciones, como las contrarias a los recortes en sanidad y educación o los afectados por desahucios.
Coincidiendo con el 32 aniversario del Golpe de Estado del 23F, la manifestación pretende expresar la defensa por "la democracia, la libertad y los derechos sociales", y protestar contra la presión de los mercados financieros, la deuda creada por el propio sistema financiero, las "brutales" políticas de ajuste, la corrupción y la "pérdida de legitimidad" de las instituciones, según los convocantes.
En esta línea, los participantes han coreado consignas como 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra', 'Corruptos, mangantes, todos a la cárcel' o 'El próximo desahucio será el de La Moncloa'.
Los convocantes de la manifestación critican además la reforma del artículo 125 de la Constitución Española, para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, reforma acometida "sin consulta alguna a la población" y que "supedita", además, "todos los recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado".
A su juicio, esta reforma supuso "un golpe de estado financiero", ya que prima el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho, apunta el manifiesto.
