Con la inquina que le tiene la derecha a Manuel Azaña, resulta muy extraño que su nombre no haya salido a la palestra con motivo de la polvareda levantada por la intervención caciquil del Tribunal Constitucional, quien, espoleado por el PP, pretende obtener por la Justicia lo que no ha logrado conseguir en unas elecciones generales.
Incomprensible que la derecha no haya hecho vudú con el nombre de Azaña para debelar su memoria y, de paso, hacérselo a la izquierda, esa que aún conserva el buen criterio de considerar al político republicano como uno de los grandes referentes políticos y éticos que atesora la historia de España.
A fin de cuentas, está bien demostrado que todos aquellos “males” que condenó al infierno la derecha en tiempos de la II República y durante el franquismo son, ahora, los “bienes” de los que todos, incluida la derecha, disfrutamos. Pero la derecha, en el colmo de su excelsa objetividad, jamás reconocerá uno solo de esos bienes. Para la derecha, Azaña será “el antipolítico que no evitó la Guerra Civil” y “el hombre que hizo imposible la democracia liberal”, dos frases que son la manifestación más repugnante del cinismo.
Manuel Azaña, uno de los grandes referentes políticos y éticos que atesora la historia de España
Pero vayamos al grano que apunta el título del artículo.
En noviembre de 1932, tuvo lugar una de las de las sesiones políticas más apasionantes que se dieron en el Parlamento. Tuvo como objeto de discusión nada más y nada menos que el Poder Judicial (Diario de sesiones, 23.11.1932).
El encuentro parlamentario -exento de insultos, sapos y culebras-, lo coprotagonizaron José María Gil Robles, de la CEDA, y Manuel Azaña. La disputa dialéctica entre ambos políticos fue tan bueno que el escritor catalán Josep Pla no dudó recogerlo en su libro Historia de la Segunda República (Destino, 1940).
Azaña respondió así a una interpelación del político derechista en la que, según el texto parlamentario, sostenía que "la política del Gobierno (de Azaña) está acabando con la independencia del Poder Judicial; los jueces están viviendo bajo el peso de una intolerable coacción”.
La frase parece extraída de los múltiples cruces dialécticos acusatorios que se han dado entre la derecha y la izquierda durante este mes. Y la frase del fascista dirigente de la CEDA, Gil Robles, no podría ser más exacta si la aplicásemos al PP de hoy, aunque no dirija el Gobierno. La expresión “intolerable coacción” describe perfectamente el comportamiento de esta derecha actual, tan parecida a la CEDA en muchos aspectos.
Es verdad que la política de los gobiernos existentes desde 1978 deja muchos claroscuros en relación con el Poder judicial y su tan cacareada defensa de la independencia montesquiana como su incumplimiento. Quizás, en algún momento, deberían reconocer que la independencia del poder judicial es una utopía, tal y como está planteada y habría que revisarla según otros parámetros democráticos.
Es verdad que la mayoría de los jueces de este país reconocen que nunca se había llegado a la actual situación. Nunca se había visto que un partido político, que encima no gobierna, utilizara sin tapujos al Tribunal Constitucional en beneficio de unos intereses partidistas. Tampoco nos vamos a engañar. Se trata de un acto mafioso que hasta la fecha se venía haciendo siguiendo otros métodos menos escandalosos. Solo que la irrupción del TC paralizando al poder legislativo ha colmado todos los vasos del saber hacer liberal, para convertirse en una chapuza nunca perpetrada en los predios de la judicatura europea.
Nunca se había visto que un partido político, que encima no gobierna, utilizara sin tapujos al Tribunal Constitucional en beneficio de unos intereses partidistas
Pero a lo que vamos, ¿qué contestó Manuel Azaña a la agria acusación de Gil Robles?
Transcribiré su intervención, incluidas las consabidas interrupciones de algunos diputados que, como los de hoy, ignoran en qué consiste la buena educación y no respetan los soliloquios de sus contrarios.
He aquí las palabras de Azaña:
“En primer lugar, yo no sé qué es el Poder Judicial (el señor Xirau : ¡Evidente!) Aquí está la Constitución. Yo no gobierno con libros de texto, ni artículos, ni con tratados filosóficos y doctrinales, gobierno con este librito y digo que se me busque en este libro Poder Judicial, que lo busquen aquí, a ver si lo encuentran (el señor Rey de Mora: No estará en la palabra, pero en el concepto sí está). No, señor Rey Mora, no es sólo una cuestión de palabras; va mucha e importantísima diferencia de decir “Poder Judicial”, a decir “administración de Justicia”.
(...) Es preciso decir que ruedan por el vocabulario político una porción de expresiones que no corresponden a la realidad de la Constitución republicana, sino que vienen arrastradas de tiempos anteriores o de doctrinas más o menos erróneas en las que se enseñan a las gentes cosas que no corresponden a la realidad jurídica y política viva del país; por ejemplo, yo oigo mucho hablar del Poder moderador de la República; éste es una fantasía, esto viene del vocabulario del derecho político de antaño. (..)
Uno de los tópicos circulantes acerca de los Tribunales de Justicia se resume en estas palabras, que evocan otras: “independencia del Poder Judicial”; esto es una de aquellas cosas que circulan como la de “menos política y más administración” o “el porvenir de España está en África”.
¿Independencia del Poder Judicial? ¡Según! ¿Independencia de qué? (el señor Gil Robles: Del Gobierno). Exactamente. ¿Independencia de qué? (el señor Gil Robles: De las intromisiones del Gobierno.-Rumores). “Pues yo no creo en la independencia del Poder Judicial (el señor Gil Robles: Pero lo dice la Constitución). Dirá lo que quiera la Constitución, lo que yo digo… (el señor Gil Robles: Artículo 94 de la Constitución). Cálmese el señor Gil Robles. Lo que yo digo es que ni el Poder Judicial, ni el Poder legislativo, ni el Poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional”.
Azaña: “Lo que yo digo es que ni el Poder Judicial, ni el Poder legislativo, ni el Poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional”
Un parlamento que hay que leer al completo y no, como se hace habitualmente con los textos de Azaña, purgando de ellos unas frases que, fuera de su contexto, solo dicen lo que uno quiere que digan, pero no lo que dijo y quería decir su emisor original.
Lo habitual en los comentarios de ciertos periodistas y políticos de derecha ha sido limitarse a recordar de esta confrontación las dos frases que más sorpresa pueden causar y de hecho la causan si no se leen en su contexto. Naturalmente, si alguien afirmara que “la Constitución dirá lo que quiera, lo que yo digo”, y lo que yo digo va a misa, no dudaríamos en calificar a este individuo de majadero, arbitrario, autoritario y nada inteligente. Todo lo contrario a lo que era Azaña con permiso de quienes lo pusieron a horcajadas de asno, como hizo toda la derecha mientras vivió, incluida la intelectualidad, como A. Foxá y José María Iribarren, secretario de Mola.
Ante la segunda frase -“yo no creo en la independencia del Poder Judicial”-, escandalizó a quienes estaban dispuestos a hacerlo y de este modo no entender absolutamente nada. Claro que no creía en la independencia del Poder Judicial. Como en la actualidad nos pasa a miles de personas, máxime después de comprobar cuál ha sido el comportamiento del Tribunal Constitucional. La independencia del Poder Judicial ha sido siempre un camelo. El lenguaraz Alfonso Guerralo dijo sin pelos en la lengua en 1985: “Montesquieu ha muerto”. El PSOE, tras la obtención de la mayoría absoluta en el Parlamento, pudo así reformar la ley del Poder Judicial. La intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial ha sido norma de la casa. Así que, tampoco, habría que extrañarse mucho del bombazo del TC. Como diría el castizo agorero: “se veía venir”.
La independencia del Poder Judicial ha sido siempre un camelo. El lenguaraz Alfonso Guerra lo dijo sin pelos en la lengua en 1985: “Montesquieu ha muerto”
Pero Azaña no se limitó a constatar una evidencia -que el poder Judicial no era independiente-, sino que fue más allá de ella. Lo que sostuvo a renglón seguido fue: “lo que yo digo es que ni el Poder Judicial, ni el Poder legislativo, ni el Poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional”.
Lo que son palabras mayores y distintas a lo que se dice y se decía. Los tres poderes no son independientes, sino dependientes del “espíritu público nacional”, lo que cambia por completo la comprensión e interpretación del problema.
Ni que decir tiene, de ahí que lo aclaremos, es que la derecha nunca aceptó que dichos poderes dependieran de ese espíritu público nacional. Todavía hoy, cuando algún intelectual o periodista de derechas se enfrenta a esta expresión, lo que hace es ridiculizarla. Así dirá, “¿qué espíritu público nacional ni qué narices? Es una expresión retórica, vacía de significado, demagogia pura, esencia de lo antiespañol”.
Quienes fustigan dicha expresión replicarán que ese espíritu es una entelequia, y bueno, caso de que exista, ¿quién lo determina y cómo?
En efecto. Si la expresión la dice Azaña, es una vacuidad más de las que sueltan los políticos que no nos gustan y no son de nuestra bancada.
La derecha olvida que durante más de cuarenta años hubo en este país por imposición del franquismo una asignatura llamada Formación del espíritu Nacional (FEN). Entonces, dicho espíritu se presentaba como la gran palanca que devolvería a España su Grandeza Histórica Universal. Dicha formación sería presentada como aquella filosofía superior impartida en cualquier universidad europea, pues estaba sustentada en la doctrina sagrada del nacionalcatolicismo. Y Dios estaba con España.
La derecha olvida que durante más de cuarenta años hubo en este país por imposición del franquismo una asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional
Sabemos muy bien de esa FEN, porque la sufrimos. Para quienes tuvieron la suerte de no padecerla, recordaré, al menos, los nombres de quienes fueron sus cerebros intelectuales, escritores, catedráticos, inspectores de Educación que llenaron los centros de enseñanza con unos libros que pretendían inocular en el alumnado esa formación del espíritu nacional, el bueno, no el que postulaba Azaña.
Entre esa pléyade figurarían los nombres de Manuel Fraga Iribarne, Torcuato Fernández Miranda, Julián Marías, Dionisio Ridruejo, Jaime Capmany, Gonzalo Torrente Ballester y Camilo José Cela, aunque este nunca escribió un manual de F.E.N. Alguien dijo que el noble consideró que no estaba bien pagada dicha actividad, menos, desde luego, que la de censor.
Algunos fueron Rectores de Universidades como Pedro Laín Entralgo, de Madrid, Torcuato Fernández Miranda, de Oviedo, o Antonio Tovar de la salmantina. Economistas de prestigio como Enrique Fuentes Quintana, Juan Velarde Fuentes y Profesores universitarios como Efrén Borrajo Dacruz, Catedrático de Historia del Derecho en la madrileña Universidad Central, Manuel Ballesteros Gaibrois, Catedrático de Historia de América también en la Universidad madrileña, Rodrigo Fernández Carvajal, Catedrático de Derecho Político y otros muchos intelectuales y profesores como José Ferrater Mora, Xavier Zubiri, Florentino Pérez Embid, Rafael Calvo Serer, Antonio Millán Puelles o Jesús Gómez Caffarena.
Otros miembros del Opus Dei como Florentino Pérez Embid; otros militares, como Antonio Castro Villacañas, profesor de la Academia Nacional de Mandos e Instructores José Antonio.
Finalmente, se echó mano de catedráticos de Enseñanzas Medias, Inspectores o aspirantes a intelectuales, o vinculados sin más al Movimiento: José María Sánchez Silva, Francisco Vigil, Manuel Álvarez Lastra, José Poveda Ariño, José María Mendoza Guinea, Gaspar Gómez La Serna…
¿Quién, a la vista de este panorama, puede invocar sin que se le caiga el rímel de la vergüenza de su careto que en este país hubo una transición democrática modélica? Nunca se limpió ni se fumigó como era lo preceptivo el humus franquista que esta pléyade de intelectuales arriba mencionados representaba y que, pasaron, sin más, a figurar como “demócratas de toda la vida” ocupando cargos demasiado relevantes en la política en esos años y, en especial, después de 1978. ¿Cómo un intelectual, apoyando al franquismo durante cuarenta años iba a convertirse en demócrata al día siguiente? Si dicha transformación fue posible, eso significaría que la ideología que defendieron era una verdadera mierda pasada por agua.
Nunca se limpió ni se fumigó como era lo preceptivo el humus franquista que esta pléyade de intelectuales arriba mencionados representaba
En fin. Regresando a la frase de Azaña de que "ni el Poder Judicial, ni el Poder legislativo, ni el Poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional", no tengo empacho algunos en reconocer que estamos ante una acertadísima afirmación del político republicano y que señala el camino que debe seguirse para hallar un respiradero a la asfixia actual de la judicatura.
Tiene un encaje perfecto en el entramado de la democracia actual si recordamos que el artículo 1.2. de la Constitución española dice exactamente: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Dice bien. Los poderes del Estado que son tres el poder legislativo, judicial y ejecutivo, dependen de la soberanía nacional que reside en el pueblo, en la ciudadanía o en “el espíritu público nacional”, que, podrá tomarse como metáfora o como figura retórica, pero no hay que ser torpe de entendimiento, y sí tener muy mala baba, para no identificar esa figura con la ciudadanía o el pueblo. Algo que al parecer no quieren entender, ni de forma literaria ni prosaica, los seis jueces del Tribunal Constitucional, a quienes la soberanía popular parece importarles un carajo. Lo mismo que al PP, a pesar de que su líder aspira a devolver a los españoles una “democracia plena”, como si fuera una indulgencia vaticana.
