lunes 12/4/21

¿32 horas de trabajo semanales? Un mal planteamiento para un importante problema

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Para resolver un problema es imprescindible, y prioritario, plantearlo correctamente. Esta vieja receta viene a cuento de las declaraciones del Vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha propuesto establecer por ley “32 horas de trabajo semanal, semana de 4 días laborables”. Antes se había ya informado de que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Diaz, está trabajando en una “Ley de usos del tiempo”, en aplicación de lo que señala el Programa del Gobierno de coalición en su capítulo 1º sobre condiciones de trabajo y empleo, punto 1.10.  La propia Yolanda Diaz, preguntada por las declaraciones de Pablo Iglesias, rehuyó hablar de las “32 horas” para explicar que “el tiempo de trabajo exige una nueva concepción que atraviese … leyes y usos laborales”.

Resulta curioso, o significativo, que la atención mediática al tema haya sido provocada por una pirueta parlamentaria de Iñigo Errejón, que parece haber excitado celos de audiencia a otros. Más País planteó una enmienda al respecto para los PGE y fue rechazada en el Congreso con los votos, entre otros, de Podemos y el PSOE. Una propuesta y una explicación construidas con los viejos tópicos del “reparto” del trabajo confusamente mezcladas con el “aumento de productividad”, con una embrollada referencia a los países nórdicos, en los que precisamente las relaciones laborales se desarrollan esencialmente a través de la negociación colectiva antes que por la vía legislativa. Propuso Errejón una pequeña partida presupuestaria para “investigar” la aplicación de 32 horas semanales en alguna/s empresa/s, ignorando al parecer que desde el sindicalismo llevamos años investigando este tema en decenas de miles de empresas a través de la negociación y aplicación de miles de convenios colectivos. Bienvenido sin embargo sea este escarceo parlamentario si sirve para airear una cuestión de enorme trascendencia en la organización del trabajo, y de la vida, de los millones de personas que trabajan.

Coincido totalmente con las consideraciones al respecto de José Luis López Bulla (1), y a ellas me remito, que subraya el enorme interés precisamente del planteamiento de los “usos del tiempo” y su necesaria relación con el “tiempo de vida”. Señala además José Luis las enormes limitaciones e incluso rasgos negativos del planteamiento del líder de Podemos por su razonamiento anclado en la lógica del taylorismo, vieja lógica de necesaria superación.

Quiero ahora señalar algunos aspectos sugeridos por este debate, apasionante si somos capaces de plantearlo adecuadamente, y para irnos olvidando de algunos tópicos. Por una parte, para apuntar los problemas que supone el esquema “32 horas – 4 días a la semana” y por otra para la imprescindible consideración de todo ello en el marco de la acción sindical y la negociación colectiva. Con también el recuerdo de un elemento de la vida colectiva que a veces se olvida, como es la relación entre la acción social y el desarrollo legislativo en el sentido de que las leyes realmente eficaces son aquellas que demandan las relaciones sociales y cuya aplicación posibilitan las fuerzas sociales en presencia. Cuando éstas no se dan en la misma longitud de onda que la legislación aplicable, las normas legales acaban siendo leyes muertas, freno incluso para el avance social, independientemente de las maravillas de sus textos. Bueno sería no olvidar los avatares de la ley francesa de las 35 horas.

Volvamos pues a las 32 horas con 4 días de trabajo semanales. Se supone, y así se ha afirmado, que la reducción del 20% en la jornada máxima debe aplicarse sin disminución de los salarios. Algunas preguntas al respecto que no sé si los proponentes se han planteado:

Para obtener la misma producción de bienes y servicios hay dos posibilidades: 1) aumentan las plantillas (creación de empleo) en un 20%, ó 2) aumenta la productividad de los trabajadores en un 20 %. En el primer supuesto los costes laborales aumentarán también en un 20%, y para ubicar a los nuevos trabajadores en la estructura productiva habrá que ver si las instalaciones y la organización productiva admiten estos nuevos puestos de trabajo en los mismos 4 días, o habría que establecer un sistema de turnos que incluya los otros 3 días de la semana (festivos incluidos) y algunas horas de los 4 primeros. En el segundo, ¿estamos hablando de una mayor explotación del trabajo humano, o de una mejora de la eficiencia por la innovación y una mejor organización?

Y otra, más allá de estos aparentemente fáciles problemas aritméticos, ¿tiene sentido esta propuesta en este momento, con los ERTEs y los EREs, con la desaparición de empresas, con la evidente crisis provocada por la pandemia y los necesarios proyectos de urgente relanzamiento económico?

Es evidente que el objetivo social de reducir el tiempo de trabajo, no por el desempleo y su distribución, sino por las mejoras en la eficiencia del trabajo y la reordenación productiva, teniendo en cuenta la evolución de los hábitos de consumo (con la posible reducción de éste en los países más desarrollados y su incremento en los países en vías de desarrollo), exige plantearse una seria reorganización del trabajo humano y su concreción en los centros de trabajo, asumiendo las nuevas realidades de las que la extensión del teletrabajo o el exponencial incremento de las reuniones virtuales seguramente no son lo más importante. Todo ello, desde la perspectiva de los intereses de las personas que trabajan, supone una compleja discusión, negociación, con los intereses empresariales, conscientes de las divergencias no secundarias. Propuestas, iniciativas, investigación, negociación, tensión social, acuerdo/s, …

Entiendo que la organización de trabajo y en ella la ordenación del tiempo de trabajo, de lo que derivará su duración y distribución, es la cuestión clave que parecen ignorar las propuestas estos días aireadas. Desde siempre, un elemento central en la organización del trabajo, de su reordenación, así como de la aplicación de la norma legal y/o convencional que lo regula, ha sido la intervención sindical en su definición y en su gobierno, la intervención de la representación individual y colectiva de las personas que trabajan. Para que el trabajo se entienda como una parte de la vida, no como toda la vida. Acción y negociación desde el centro de trabajo y también desde sus representaciones en los ámbitos sectorial o territorial para la tutela colectiva de los derechos individuales.

Resulta sorprendente que la propuesta de las “32 horas semanales” se haya formulado al margen de CCOO y UGT, pero seguramente menos que las direcciones de ambos sindicatos no hayan salido aplaudiéndola, cuando están inequívocamente por la reducción y mejor administración de los tiempos en una ordenada organización del trabajo con intervención sindical, lo que constituye uno de los ejes esenciales y permanentes de la negociación colectiva.

Espero que, aprovechando y superando la provocación, todo esto sirva para estimular los complejos trabajos del Ministerio de Trabajo en la ley de “usos del tiempo” con el objetivo expreso de valorizar el “tiempo de vida”. Y que ese ministerio impulse, como viene haciendo con eficacia, la activa implicación de los agentes sociales para alcanzar una propuesta consensuada que contribuya a mejorar las condiciones de trabajo y, sobre todo ahora, ofrezca una perspectiva de desarrollo de lo pactado en la prioritaria lucha contra la pandemia y sus consecuencias, en las iniciativas inmediatas para la reconstrucción, para una “nueva y mejor normalidad”.

Todo ello podría constituir además un elemento clave en el proclamado objetivo de conseguir el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI.


(1) ¿Una ley de la semana de 32 horas?

¿32 horas de trabajo semanales? Un mal planteamiento para un importante problema
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