Aunque la ley contó con consenso social y político para su aprobación en la primera Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente, patronal, servicios sociales, organizaciones de mayores y de personas con discapacidad destacan la falta de financiación y las distintas velocidades de aplicación en las 17 autonomías.
El desarrollo normativo durante estos cinco años ha sido responsabilidad de distintos ministerios y ministros: Trabajo y Asuntos Sociales de Jesús Caldera; Educación, Política Social y Deporte, de Mercedes Cabrera; y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de Trinidad Jiménez y, después, de Leire Pajín. Ahora, la tarea corresponde a la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según explica a Europa Press el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, el sistema nacional de dependencia es como "un gran avión, que tiene que pilotar la ministra, con 17 motores, algunos parados, más de 740.000 pasajeros y más de 315.000 en tierra y con billete". "O la situación se controla, o el avión se estrella porque ya está en punto de no retorno", añade.
Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia, José Alberto Echevarría, señala que en el año que ahora empieza el Gobierno se debe centrar en dotar de "sostenibilidad financiera" a la Ley de Dependencia porque, según advierte, es "imposible realizar inversiones si no hay una seguridad en la continuidad de las prestaciones de servicios". Asimismo, insiste en que las administraciones públicas resuelvan la deuda de 1.268 que tienen con estas empresas de residencias y centros de día, cuya situación es "muy crítica".
A juicio del presidente de la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte, la puesta en marcha de la ley se hizo "de forma precipitada y, sobre todo, sin un modelo que garantizara una financiación suficiente y estable". Asimismo, critica que se haya basado en "promesas, promesas y promesas" del Ejecutivo anterior, mientras que el tiempo de espera para recibir una prestación alcanzaba, como mínimo, los doce meses y que todavía "miles" de personas siguen sin ser atendidas.
El presidente de CEOMA señala que el nuevo Gobierno tiene "mucha tarea por delante", pues, a su juicio, es el que tiene que evaluar "de verdad" la aplicación de la norma, agilizar el desarrollo de los acuerdos del Consejo Territorial, simplificar y unificar las valoraciones de los dependientes, coordinar la atención socio-sanitaria, garantizar una financiación suficiente y una gestión eficaz de los recursos, y hacer efectiva la promoción de la autonomía personal.
Esta última es una de las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi). Desde esta entidad reclaman que no se paralice el despliegue de la norma en 2012 porque a las necesidades sociales del colectivo de la discapacidad y de los mayores "hay que darles respuesta". Asimismo, apunta a que la bajada del número de beneficiarios de la norma se debe a la "falta de voluntad política" de varias administraciones públicas.
"Confirmamos que estos últimos meses están siendo especialmente alarmantes en el proceso de implantación de una norma que nunca ha sido modélico. No solo hay tentaciones, hay evidencias de desear paralizar o ralentizar una Ley que siempre ha estado en entredicho", ha aseverado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en declaraciones a Europa Press.
Para este dirigente, el núcleo duro de regulación debió tener una fundamentación de Seguridad Social, como competencia del Estado, entendido como Gobierno central. "Lo dijimos entonces y lo reafirmamos ahora, estamos aún a tiempo de redefinir el sistema y volver a uno de Seguridad Social. Solo falta voluntad", asevera.
