viernes 14/5/21

Justicia ciega

hasel

La democracia no es un sistema perfecto, tampoco lineal. A menudo atraviesa baches que sólo se remontan cuando la ciudadanía, o una parte de ella, vuelve a ser consciente de lo peligroso que es vivir sin libertad. La imperfección de la democracia crece cuando los sinvergüenzas y los liberticidas llevan la voz cantante mientras callan quienes piensan que es menester ir más allá, buscar nuevas metas, mantener -como dice con tanta brillantez Emilio Lledó- el horizonte utópico sin el cual tardaríamos unos años en volver al tiempo de las cavernas. 

Para cuidar la democracia, hoy en franco retroceso en todo el mundo, es imprescindible saber quienes son los enemigos de la misma, aquellos que utilizan sus instrumentos y conceptos para captar adeptos que le ayuden a destruirla y volver a instaurar un régimen dictatorial al servicio de la clases más favorecidas. Son enemigos de la democracia quienes adoran a los dictadores y reivindican su memoria, quienes usan la violencia y desprecian la vida de los demás; quienes justifican la tortura y la violación constante de los derechos humanos; quienes creen que no vale lo mismo el voto de un albañil que el de un conde; quienes creen que su religión o sus creencias particulares deben imponerse a todos; quienes justifican el fraude fiscal, las privatizaciones de servicios públicos esenciales y viviendas sociales mientras cobran suculentos sueldos del Estado y juegan con los presupuestos como si fuese su particular cuenta corriente. No creen en la democracia quienes se vacunan cuando no les toca aprovechándose del cargo, aquellos que recalifican terrenos para obtener ganancias desmesuradas, quienes utilizan los ministerios y presidencias para integrarse en la plutocracia que por los servicios prestados les cede un sillón en un consejo de administración. Socavan la democracia y la hacen cada días más imperfecta y menos creíble quienes acceden a las más altas magistraturas para satisfacer intereses personales, amicales o de grupo, dejando en la estacada a una parte cada vez mayor de la sociedad que, desconcertada y desesperanzada, opta por no creer en nada ni en nadie, haciendo el juego a quienes han propiciado su situación. Son un peligro para las libertades y la igualdad de todos ante la ley -principios fundamentales de cualquier régimen democrático-, quienes desde la judicatura o cualquier otra institución de poder dictan sentencias o leyes que tratan de manera distinta a los ciudadanos según su opinión, clase social, ideología, sexo o creencias.

Al contrario que algunas personas pienso que España si es una democracia equiparable a las de nuestro entorno, entre otras cosas porque las democracias europeas entraron hace años en una etapa de retroceso que ha llevado no sólo a la desaparición en muchos países de partidos políticos con un horizonte mínimamente utópico, sino al arrinconamiento de cualquier organización de progreso y al ascenso imparable de los grupos ultraderechistas que hacen bandera del racismo, la exaltación de la propia raza y sus valores inmarcesibles, el clasismo y la xenofobia. Aparte de eso, común a todos los estados europeos, la democracia española tiene problemas autóctonos que han ido creciendo conforme los demócratas han ahondado en el silencio y el retraimiento, dando lugar a que sean los herederos del dictador quienes ahora mismo lleven la voz cantante en muchos medios y en muchas calles, situación provocada por la amabilidad con la que son tratados por gran parte de la prensa y por el desistimiento de una ciudadanía cada vez más insatisfecha. 

En España la mayoría de los jueces hacen su trabajo como mejor pueden dentro de una carencia de medios insultante, pero hay un sector que obra ideológicamente

Sin ser muy exhaustivo, en los últimos años hemos visto como abdicaba un rey por asuntos relacionados con sus cuentas corrientes y opacas. Hemos observado como se iba del país a una dictadura medieval sin dar explicaciones y cómo salían en su defensa Aznar, González y otros personajes que cada vez que hablan, siempre desde las alturas, parecen reñirnos por querer saber eso que ellos saben desde el principio y jamás contaron. Hemos visto como el mismo día que se absolvía a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid por obtener una Maestría de forma diferente a como la consigue la gente normal y corriente que estudia y paga cantidades astronómicas, entraba en la cárcel Pablo Hasel, un rapero que a mi no me gusta nada, ni lo que dice ni como lo dice, pero que no ha hecho nada para estar entre rejas. Hemos contemplado como se abren causas para buscar algo contra Podemos mientras los responsables máximos y últimos de la inmensa trama de corrupción urdida en torno al PP siguen sin responder ante la Justicia, que, por otra parte, no duda en otorgar la libertad condicional a Rodrigo Rato, responsable, entre otras muchísimas cosas del milagro económico español que nos llevó a la crisis-estafa del ladrillo y las finanzas. 

No para aquí. Hemos asistido al encarcelamiento de tirititeros, a sentencias de cárcel para César Strawberry, Cassandra Vera, Valtonyc, Alfredo Remírez, a denuncias contra Evaristo Páramos, las revistas El Jueves y Mongolia, Fonsi Loaiza, la organizadora de la procesión del coño insumiso en Málaga, el Alcalde de Puerto Real y así hasta situar a España como uno de los primeros países -según la consultora de la ONU “FreeMuse”- en número de personas denunciadas o encarceladas por expresar su opinión, hecho que evidentemente influye tanto en la creación artística como en la información al imponerse la autocensura para evitar problemas.

La inclusión de un delito abstracto y elástico como el de odio en el Código Penal y la Ley Mordaza, han propiciado la sumisión de un derecho fundamental como es la libertad de expresión a las veleidades del juez de turno, dándose paradojas tan increíbles como que casos similares no sean ni siquiera admitidos a trámite en unos juzgados mientras en otros se resuelven con sentencias privativas de libertad. En casi todos los países de nuestro entorno la judicatura suele ser conservadora, lo que no indica que sea absolutamente parcial. En España la mayoría de los jueces hacen su trabajo como mejor pueden dentro de una carencia de medios insultante, pero hay un sector que obra ideológicamente. El Consejo General del Poder Judicial -¿para cuando su elección en comicios libres por sufragio Universal? Eso de que lo elijan los mismos jueces sería el colmo de las aberraciones corporativistas- tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando y, por tanto, en el descrédito de la democracia española. Suprímase la Ley Mordaza, anúlese el artículo 510 del Código Penal que hace referencia a los delitos de odio de un modo tan amplio como interpretable y subjetivo, impídase que el CGPJ pueda nombrar a nadie mientras esté en funciones y dejen de hacer el ridículo encarcelando o multando a personas que, con mayor o menor tino, sólo expresan su forma de ver las cosas.

Justicia ciega