El primer artículo que publiqué en la prensa digital, lo titulé Justicia, quise que éste fuera el tema. La Justicia ha sido una constante en mi vida. Con Justicia, la seguridad personal y colectiva adquiere el sentido necesario para subsistir en convivencia. Con Justicia social, la persona adquiere el sentido de la convivencia en paz y con sosiego. La Justicia social ha sido mi reivindicación permanente; desde lo político y sindical; ni que decir que también en lo penal, administrativo y en cualquier otra de sus ramas.
La Justicia, para ejercerse con dignidad, tiene que contar con medios suficientes, que el gobierno de la derecha no quiso poner. La derecha prefiere la suya, la oscura, la divina o floreada, que solo resplandece como atrezo teatral. Si Jueces y Juezas para la democracia considera que se necesitan más juzgados para atender las necesidades ciudadanas, con Gallardón en el Ministerio se eliminaron 1.500 jueces sustitutos y se crearon tan sólo tres juzgados.
Con el actual Gobierno poco se ha avanzado. Incluso con el conflicto de la renovación del Poder Judicial, que veta sistemáticamente el PP, no se avanza, sino que se retrocede. Parece que la pandemia de la Covid-19, ha acelerado muchos procesos de digitalización en la Administración Pública; incluso en la Justicia, área que tradicionalmente ha sido más recelosa a dar el salto tecnológico. Se lleva demasiados años hablando de la digitalización de la Justicia, y ahora es una necesidad palpable. Los desafíos principales tienen que ver con los recursos económicos disponibles y los recursos humanos, por lo que ahora se abre una oportunidad con los fondos europeos, para la transformación digital dirigida a mejorar la calidad de servicios e impulsar la formación para la introducción de las nuevas tecnologías.
El retraso de la Justicia es palpable para la ciudadanía que acude a un juzgado, como para el resto, al observar las fechas de los juicios de causas tan lejanas en el tiempo. De otra parte, España tiene una alta litigiosidad y muy pocos jueces; muchos asuntos y pocos jueces y escasos medios para resolverlos, provoca sobrecarga en los juzgados y, consecuentemente, lentitud. Y hay algo aún peor: hay jueces que, no por mala praxis, sino por sobrecarga del juzgado, no tienen tiempo para mirarse con detenimiento los asuntos, por lo que las sentencias no son buenas y están mal motivadas. Sobrecarga y lentitud nos llevan a la baja calidad de la Justicia, la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y al deterioro del Estado de Derecho.
Permítanme que recuerde lo que escribí hace unos años. Me preguntaba entonces: ¿Qué es la Justicia? ¿Qué idea tenemos de hacer Justicia? ¿Qué significado tiene el término Justicia? Corren malos tiempos para la Justicia. No es necesario acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los diferentes casos cuyo protagonista es la Justicia. En temas políticos, económicos, administrativos, de sociedad, existen un rosario de casos conocidos de corrupción, malversaciones, estafas y conflictos de intereses de todo tipo. Hasta el rey emérito no se libra de estar investigado.
El poder es el poder y tiene sus privilegios. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se sabe, hace la trampa
¿Y cómo se ejerce la Justicia? Lamentablemente no se ejerce la misma vara de medir para unos como para otros. Ni las leyes son iguales para todos, ni la Justicia se aplica a todos por igual. Al roba gallinas, la Justicia justiciera. Al poderoso, la Justicia con sordina. El poder es el poder y tiene sus privilegios. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar millonarias fianzas y otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos. Algunos populares y poderosos ni entran preventivamente.
Desde tiempos remotos, la sociedad ha ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de Justicia, en función de la cultura, costumbres, formas de vida, maneras de ser en cada etapa histórica y sin duda en función de lo que el poder quisiera otorgar en cada momento; hasta llegar a la imagen actual de la mujer con ojos vendados, que porta en su mano izquierda una balanza y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la Justicia divina a la Justicia social. De la Justicia para unos, a la Justicia para todos. De la Justicia para todos a la Justicia según la capacidad de poder económico.
El jurista romano Ulpiano la definió como: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La Justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho), entendiendo el término derecho como lo suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia responsabilidad.
Desde la filosofía también se ha razonado sobre la idea. Platón identifica Justicia con armonía social. Aristóteles como igualdad proporcional o dar a cada uno lo que es suyo, o lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino, lo enfocaba como de Ley Natural; los derechos naturales que han de tener los ciudadanos y que han sido otorgados por dios. Para los utilitaristas, que buscan el máximo bienestar para el máximo número, es justo lo que beneficia al mayor número de personas a la vez. La máxima dice que se hace Justicia, cuando te dan la razón teniéndola, después de haber demostrado que la tienes: tener razón, demostrar que la tienes y que te la den; difícil proceso.
Todas las personas tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan Justicia, cuando nuestros derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que pueda producirse indefensión. La Justicia será gratuita en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Estos son derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía y muestran la concepción social del Estado Democrático de Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce.
Nuestro sistema diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una prestación de servicio básico fundamental, encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. La tutela judicial efectiva no es sólo un derecho, sino que es principio y fundamento del orden político y de la paz social, en un espacio de igualdad y Justicia social.
Los recortes en educación o sanidad, suponen una falta de igualdad de oportunidades, y los recortes en Justicia suponen una falta de igualdad ante la ley. El ataque al principio de igualdad ante la ley, que es grave en todos los ámbitos del derecho (civil, administrativo, laboral), lo es especialmente en el ámbito penal. Poner al ciudadano en pie de igualdad ante el Estado, que es quien ejerce la acción penal, garantizándose su derecho de defensa, es, ni más ni menos, lo que diferencia a un Estado de Derecho moderno de un estado inquisitorial. Ocurre que las Comunidades Autónomas, con competencia en materia de Administración de Justicia, están pagando tarde y mal a los abogados de los turnos de oficio y rebajando los honorarios. Esta situación está perjudicando gravemente el derecho a la defensa.
Cada vez se presentan más litigios y los recursos a disposición de la Justicia son muy limitados y obsoletos; Cada vez son más las causas que se tramitan y el número de jueces no varía. Los procesos se hacen interminables y la Justicia llega tarde, mal y en múltiples ocasiones ni llega a tiempo.
Lo que hasta ahora eran derechos inspirados por principios de solidaridad y de Justicia, se está convirtiendo en prestación para pobres; la beneficencia de toda la vida, para los que nada tienen. Parece que quienes ostentan el Poder, no quieren poner patas arriba a la administración de Justicia, solo para que la ciudadanía pueda ejercer gratis su derecho a la tutela judicial efectiva.
Siempre me he preguntado y no he encontrado la respuesta satisfactoria: ¿Cómo es posible que no se haya abordado decididamente, la modernización de la administración de Justicia y que a estas alturas de los avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX? Quiero pensar que es por la gran dificultad tecnológica y los enormes recursos económicos que hay que poner a su disposición, pero es porque no quieren.
