Izquierda Plural plantea desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1963
El grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) planteará este lunes al Congreso desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1963, sumándose así al criterio que rige en otros países occidentales de no prorrogar el carácter secreto de los documentos más allá de 50 años.
En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Cultura y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, Izquierda Plural señala que, "a diferencia de los países de nuestro entorno, en España un documento puede estar clasificado de manera indefinida, sujeta tan solo la desclasificación al arbitrio del gobierno en cada momento, sin ninguna seguridad jurídica para los ciudadanos y aunque hayan desaparecido las causas para su clasificación".
Recuerda además que, en los últimos meses de Gobierno socialista, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, propuso desclasificar 10.000 documentos de entre 1936 y 1963 que habían sido declarados secretos por distintos departamentos militares. Son legajos referidos a hechos relacionados con la guerra civil y la dictadura y que ya no representaban "riesgo alguno para la seguridad del Estado". Pero aquella medida no llegó a aprobarse y el asunto pasó al Gobierno del PP cuyo titular de Defensa, Pedro Morenés, acabó desestimándolo alegando que no era una prioridad y que su examen requería un "extraordinario trabajo".
El grupo parlamentario que preside Cayo Lara ya planteó el pasado mes de febrero en la Comisión de Exteriores una petición de desclasificación referida a documentos diplomáticos y militares, pero, aun cuando recabó el apoyo de PSOE, UPyD, CiU y PNV, se topó con la negativa de la mayoría absoluta del PP.
Para Izquierda Plural, ha llegado el momento de poner fin a esta situación por lo que insta al Gobierno a "proceder, por los cauces legales correspondientes, a la inmediata desclasificación de todos los documentos declarados secretos por los distintos departamentos gubernamentales entre 1936 y 1963, para aplicar al Estado español la normativa de archivos existente en el resto de países avanzados, donde la única limitación son 50 años transcurridos desde la emisión del documento, permitiendo el acceso a investigadores y personas interesadas".
Asimismo, insta a abrir a los historiadores "todos los documentos que, aún no estando considerados no accesibles, no estén a disposición de los investigadores, como los archivos referentes a la Brigada Político Social u otras instituciones de la dictadura franquista".
