El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, ha anunciado que trasladará una queja a la Comisión Europea sobre el incidente entre la Armada española y los activistas de Greenpeace que protestaban contra las prospecciones petroleras en Canarias, y en el que una activista italiana resultó herida. Así lo ha señalado ICV este domingo en un comunicado, en el que Urtasun ha explicado que mandará una pregunta escrita a la Comisión Europea y pedirá una intervención de urgencia en el próximo pleno de Estrasburgo.
Ha calificado los hechos de "gravedad extrema" por la virulencia desproporcionada en la actuación de la Armada ante la acción pacífica de los activistas ecologistas, según él. Urtasun ha afirmado que este es un "nuevo episodio de la ola represiva del Gobierno español del PP contra los movimientos sociales", y ha pedido a las instituciones europeas que velen por la protección del derecho a manifestación y protesta pacífica.
ICV ha reiterado su demanda de detener las prospecciones en Canarias porque, según el partido, suponen un "atentado ecológico de dimensiones gravísimas en uno de los ecosistemas marinos más frágiles de la costa canaria". Greenpeace ha acusado a la Armada de interceptar "violentamente" sus lanchas neumáticas procedentes del barco 'Arctic Sunrise' que se habían aproximado al buque de perforación 'Rowan Renaissance' para protestar "de forma pacífica" contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Fuerteventura y Lanzarote.
REPULSA Y CONDENA ANTE LA VIOLENTA AGRESIÓN A ECOLOGISTAS EN CANARIAS
Las organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, han condenado de forma unánime y contundente la “injustificable y cruenta agresión” sufrida por activistas de Greenpeace asegurando que el Gobierno “no solo se pliega a los intereses de la multinacional en contra de quienes defienden los intereses de la mayoría social y del medio ambiente, sino que ahora también se convierte en su brazo represor”.
Las principales organizaciones ecologistas españolas quieren dejar muy claro que la protesta era pacífica, “por lo que no tiene ninguna justificación el uso de la fuerza, una violencia que lamentablemente ha acabado con dos activistas heridos”. Aseguran que el Gobierno, “después de un proceso de evaluación ambiental plagado de irregularidades para favorecer los intereses de Repsol, una vez más, y en esta ocasión de forma muy violenta, se pone de lado de esta empresa privada en contra de los intereses generales”.
Para las organizaciones ecologistas, “un Gobierno que ataca de forma violenta a los ciudadanos y ciudadanas más conscientes y activos cuando actúan de forma pacífica pierde la poca legitimidad que le pudiera quedar”.
