martes 20/4/21
HISTORIA MONÁRQUICA

La resiliencia de la monarquía borbónica en España

En un país normal los Borbones ya habrían desaparecido de nuestro panorama político.
monarquia foto de familia

Hay un artículo muy interesante del profesor Fernando Ramos Fernández, Profesor Titular de Derecho de la Información y la Publicidad Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Universidad de Vigo titulado La utilización publicitaria de la imagen del rey y la familia real de 2004. A pesar del tiempo trascurrido sigue de plena actualidad. Del mismo autor ya he citado su espléndida Tesis Doctoral de 2014 “Las limitaciones a la libertad de expresión, derivadas de la reinstauración de la Monarquía en España” para un artículo mío anterior en este mismo medio La (claudicación) aceptación de la Monarquía por parte del PSOE y PCE en el proceso constituyente.

En el artículo citado La utilización publicitaria de la imagen del rey y la familia real nos muestra Fernando Ramos una serie de noticias y reflexiones sobre la monarquía y todos sus miembros, llamativas y poco conocidas por el gran público. A algunas de ellas me voy a referir.

La utilización de la imagen del Rey y de otros miembros de su familia por parte de marcas comerciales, generalmente asociada a actividades de ocio y esparcimiento; el patrocinio de la imagen del rey por parte de una empresa de telefonía (Amena), que subvenciona el concurso “¿Qué es un rey para ti?; el patronazgo económico de entidades mercantiles, incluido un banco portugués, de la Fundación Institucional Española, (FIES), que tiene como misión la difusión de la monarquía y la imagen del Rey, así como otros eventos controvertidos, como lo fue el obsequio de un yate al jefe del Estado español, por parte de empresarios mallorquines y catalanes, pese al tratamiento especial que la prensa española otorga a la Casa Real, están provocando los primeros análisis críticos sobre esta situación y la necesidad de reglamentar las incompatibilidades a que deben someterse de quienes disfrutan ya de notables privilegios, mediante la promulgación de un Estatuto de la Casa Real.

Por ello, con muy buen criterio el 9 de noviembre de 2003, el diario El Mundo, tras el anuncio de la boda del Príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz, en el artículo de fondo (Carta) de su director Pedro J. Ramírez “Hacia una monarquía más republicana”, se indicaba, a propósito de la supuesta modernización de la monarquía que supone la elección sentimental del Príncipe de Asturias:

Con esta inflexión modernizadora ha llegado también el momento de que en la próxima legislatura, el Gobierno de turno remita a las Cortes, a ser posible con el consenso de la oposición, un proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de la Familia Real en el que se aborden cuestiones como la presencia de sus miembros en consejos de administración, el tipo de regalos que pueden aceptar de particulares o el régimen de patrocinio o esponsorización de las actividades en las que participan. Se trata de minucias, a las que pocos han prestado atención durante el reinado tan fructífero, eficaz y acertado como el de don Juan Carlos, pero que, antes o después conviene encarar para que en adelante nadie se llame a engaño”.

En el mismo artículo aparece una reseña, que reproduzco más adelante y en cursiva. Impresionante. Ser miembro de la familia real lleva consigo una serie de prebendas, que no tenemos el resto de los ciudadanos españoles. Hoy mismo acabamos de enterarnos que Iñaki Urdangarin ya ha encontrado trabajo en un bufete de abogados. ¡Cuánto esfuerzo cuesta a la gran mayoría encontrar trabajo! ¡Y qué poco a los miembros de la familia real! Ignoro si Iñaki Urdangarin ha ejercido alguna vez la abogacía.

Ahí va la reseña prometida:

Jaime de Marichalar y Sáez de Tejada, esposo de la infanta Elena de Borbón y Grecia, duquesa de Lugo, es miembro de la comisión ejecutiva de Portland Valderribas, empresa perteneciente a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Además, preside la Fundación Winterthur, del grupo asegurador del mismo nombre, integrado en el grupo Crédit Suisse. En enero de 1998 fue nombrado managing director senior advisor (director gerente) de Crédit Suisse First Boston en Madrid. La firma de artículos de lujo Loewe, perteneciente a la multinacional LVMH, también lo incorporó como miembro del Consejo de Administración de la empresa. Pese a que en su momento, la Casa Real distribuyó una biografía oficial, indicando que Jaime de Marichalar era economista, hubo de rectificar tal error, aclarando que orientaba sus actividades hacia la economía, ya que no posee el título universitario que inicialmente se daba a entender. La infanta Cristina de Borbón y Grecia, hija menor de los Reyes de España y duquesa de Palma de Mallorca, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales, trabaja como autónoma, desde 1992, en la Fundación La Caixa, de la entidad financiera del mismo nombre. Su esposo, Iñaki Urdangarín Liebaert, licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por el Esade, se retiró del balonmano profesional en marzo de 2001 y, al mes siguiente, fue nombrado miembro del Comité Olímpico Español. Urdangarín, pese a su nula experiencia profesional, fue contratado como director de Planificación y Desarrollo por la empresa Octagon Esedos, SL, presidida por Francisco Javier Bartroli Trull, la división de márketing de la multinacional Interpublic.

Solo un breve comentario. Las empresas que dan puestos tan relevantes a miembros de la familia real, ¿por qué lo hacen? ¿Por patriotismo?

El artículo de Fernando Ramos hace una exposición y una atinada reflexión sobre los artículos 490.3 y 491 de nuestro Código Penal, que suponen para S.M, El Rey de España, su familia y parientes una superprotección a toda crítica que incluso puede tener responsabilidad penal. Tales artículos suponen una extravagancia histórica y su excepcionalidad con respecto al resto de las monarquías europeas. Cuando se redacta este artículo en 2004 son nueve las monarquías que sobreviven en Europa -el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Mónaco, Liechtenstein y el Gran Ducado de Luxemburgo-  y en ninguna de ellas se mantienen tan draconianos preceptos y castigos en defensa del poder entronizado. Ignoro si hoy ha desaparecido alguna monarquía o se ha incorporado alguna nueva. Reconozco mi ignorancia en cuanto a la historia de las monarquías europeas. Pero, insisto, la situación en España es una extravagancia histórica. Algunos historiadores indican que nuestro vigente Código Penal enlaza con la vieja legislación represiva de prensa, que ha estudiado Mira Benavent. En concreto, los artículos 490 y 491 parecen inspirados en el Real Decreto de 2 de abril de 1852, que al establecer las nuevas categorías de las figuras delictivas en que se incurría con la imprenta se ponía en primer lugar al Rey y a su Real Familia.

Para saber de qué hablamos reproduzco tales artículos:

490 3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

 491 1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.

2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.

La superprotección no se circunscribe solo al Rey, a la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias como posibles injuriados y agraviados, sino que también a todos los antepasados del Rey, al parecer sin excepción alguna, y también a quienes procedan de su sangre, en el presente y en el porvenir. Esto es una auténtica locura.

Es decir, el Código Penal vela con efectos retroactivos por todos los antepasados (ascendientes) de Su Majestad. ¿Hasta dónde nos remontamos en el pasado? Nos detenemos en Felipe V, el Rey que instauró la dinastía borbónica. Pero los susodichos artículos en su ambigüedad no especifican en qué persona empieza la progenie, ¿con los Reyes Católicos, con Fernando III el Santo, con Pelayo o con Leovigildo?  Por ende, no sería descabellado derivar de lo expuesto que todos aquellos que nos dedicamos a la historia y hayamos tenido la osadía de presentar los abusos o debilidades de los ascendientes de la familia real podríamos ser castigados con multas por ofensa o injuria a la Corona.

Pero, merece la pena leer con más detenimiento los artículos citados del Código Penal, ya que no solo habla de ascendientes de la Familia Real, sino que también de descendientes. Ni que decir tiene que entre ellos está incluido Froilán. Mucho cuidado en injuriarlo u ofenderlo.

Asumo el riesgo de hablar de algunos de los ascendientes del Rey actual. Quiero detenerme y dedicarle algunas líneas a Fernando VII, al que tengo especial cariño.  Fernando VII fue rey borbón sin ningún tipo de dudas el más taimado, el más cruel y el más dañino. En tiempos de la Guerra de la Independencia, mientras los españoles estaban luchando a muerte con el ejército francés invasor, su actuación fue vergonzosa. El 2 de abril de 1808 Fernando publicó un decreto condenando la malignidad de quienes pretendían crear malestar a los franceses. Esto es delito de “alta traición”. Tras la marcha de toda la familia real a Francia siguiendo los designios de Napoleón, las escenas que tuvieron lugar en Bayona fueron de una abyecta bajeza, cediendo tanto Carlos IV y Fernando VII todos sus derechos el emperador francés. Luego Fernando, su hermano Carlos y su tío Antonio marcharon a su cautiverio de Valençay, donde mostraron las más repulsivas pruebas de su vileza moral. Fernando felicitaría a Napoleón por sus victorias militares sobre los españoles. Más tarde le escribiría: “Mi gran deseo es ser hijo adoptivo de S.M. el emperador, nuestro augusto soberano. Yo me creo digno de esta adopción, que sería, verdaderamente la felicidad de mi vida, dado mi amor a la sagrada persona de S.M.I. y R”. El mismo Napoleón se sorprendió de tal servilismo. Como dice Josep Fontana: “No merece la pena dedicar más tiempo a estos personajillos y a sus miserias, la historia de España discurría en estos momentos muy lejos de los salones de Valençay, donde Fernando y su tío Antonio entretenían sus ocios en labores de aguja y bordado”. Una vez llegó a España Fernando, por el que habían luchado y muerto los españoles, no en vano fue llamado “El Deseado”, el 4 de marzo de 1814 impuso el famoso decreto, por el cual “declaraba la Constitución de 1812 y los decretos de las Cortes de Cádiz nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio de los tiempos, y sin obligación en mis pueblos y mis súbditos a cumplirlos ni guardarlos”. Como señala el catedrático de la Universidad de Zaragoza Manuel Ramírez en su libro España en sus ocasiones perdidas y la Democracia mejorable: “Es difícil encontrar en nuestra historia una expresión tan rotunda de negar el pasado: Como si no hubiesen pasado jamás tales actos… Es borrar la historia”. A continuación, llegó la represión y el exilio para los españoles. Con el levantamiento de Riego en 1820, reimplantada la Constitución de Cádiz, obligado por las circunstancias el bellaco Fernando dijo “marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional”, cuando a la vez estaba instando a los monarcas europeos a que le restablecieran como monarca absoluto, objetivo que alcanzó con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis. Nueva represión y exilio. Triste, lamentable y cruel fue todo el reinado de Fernando, mas como si no se sintiera satisfecho por tanto daño hecho en vida a tantos españoles, por su ineptitud nos dejó a su muerte planteada una guerra fratricida.

Hagamos una referencia a Isabel II que nos proporciona Isabel Burdiel en su artículo Isabel II. Un perfil inacabado. Es un despacho secreto y confidencial de 1854, que C. L. Otway, embajador británico en Madrid, envió a su ministerio:

«Es un hecho melancólico que el mal tiene su origen en la persona que ocupa la dignidad real, a quien la naturaleza no ha dotado con las cualidades para subsanar una educación vergonzosamente descuidada, depravada por el vicio y la adulación de sus cortesanos, de sus ministros y, me aflige decir, de su propia madre. Todos la guían y la influyen para sus propios intereses individuales, han planeado y animado en ella inclinaciones perversas, y el resultado ha sido la formación de un carácter tan peculiar que es indefinible y que tan sólo puede ser comprendido imaginando un compuesto simultáneo de extravagancia y locura, de fantasías caprichosas, de intenciones perversas y de inclinaciones generalmente malas».

Que estuviera al frente de la jefatura del Estado durante 25 años resulta lamentable, de ahí su expulsión en 1868. En España la mejor fábrica de republicanos son los Borbones. Isabel Burdiel la compara con la reina Victoria de Inglaterra. ¡Vaya diferencia! Esta última fortaleció y afianzó con sus comportamiento personal y político la institución monárquica. También se puede comparar el señorío de la actual reina del Reino Unido Isabel II con los comportamientos lamentables del Emérito. Habrá que pensar algún día en arrebatarle el título de Emérito.

Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue restaurado el 30 de diciembre de 1874 por el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto, no sin que antes en enero de 1874 el general Pavía diera un golpe de Estado al entrar en las Cortes y poner fin a la Primera República.

Sigamos en la descripción de estas biografías reales tan ejemplares. Me fijaré ahora en el artículo La Monarquía malherida de Javier Moreno Luzón. Aunque España no entró en la Primera Guerra Mundial, siguió la pauta de la Europa sureña y, en vez de evolucionar hacia una monarquía parlamentaria, suspendió su ordenamiento constitucional en 1923 para instaurar una dictadura militar con respaldo del rey, Alfonso XIII. Como a otros de sus congéneres, esa apuesta le costó la corona, en su caso con la proclamación de una república democrática en 1931. La monarquía española era incompatible con la democracia. Sin embargo, y contra las tendencias coetáneas europeas, los Borbones volvieron a reinar en España. Una circunstancia excepcional que fue obra de otro militar, Francisco Franco.  No quiso reponer al heredero de la dinastía, Juan de Borbón, con el que alternó aproximaciones y alejamientos, pero educó a su hijo y lo nombró sucesor a título de rey en 1969. Transformado en Príncipe de España, un título nuevo, Juan Carlos no tenía más legitimidad que la franquista para llegar a la jefatura del Estado. Un pecado original difícil de diluir. Sin embargo, desde su atalaya reunió otras legitimidades: la dinástica, transmitida por su padre, y, sobre todo, la democrática, pues se avino a celebrar elecciones, legalizar partidos y elaborar una Constitución que le despojaba de las funciones heredadas de Franco a cambio de ratificarlo en el cargo. Por ello, durante dos décadas con gran apoyo mediático Juan Carlos I fue muy valorado, especialmente por su intervención el 23-F y como piloto de la transición. En el paso del siglo XX al XXI, estos mimbres de la imagen regia comenzaron a resquebrajarse. Aparecieron dudas sobre la Transición. En los círculos historiográficos se criticaban ya los excesivos elogios a Juan Carlos I como un «rey taumaturgo», del cambio político. Frente a la insistencia en los acuerdos entre las elites aperturistas del franquismo y las prudentes de la oposición, algunos investigadores mostraron el relieve de los movimientos sociales y políticos en el proceso. Lo cual apagaba el estrellato juancarlista. Más trascendencia tendrían las campañas por la recuperación de la memoria histórica, es decir, las demandas de reconocimiento de las víctimas del franquismo, olvidadas según sus promotores cuando el primer parlamento de la democracia amnistió a los represores. Esa falta de reparación suponía una democracia de mala calidad, con una gran influencia de fuerzas autoritarias sin depurar. En las versiones más militantes, Juan Carlos I no era sino la punta de lanza de esa operación conservadora. Si la Transición no parecía ya tan modélica, tampoco cabía ensalzar a su principal protagonista.

Además, entre las izquierdas y los más jóvenes penetraba la convicción de que la república, rescatada del pasado cara el futuro, representaba mucho mejor sus ideales. Finalmente, la posición de Juan Carlos I se debilitó por la pérdida de su aura de ejemplaridad, según Isabel Burdiel, cuando «la monarquía ha perdido su discreto encanto y se ha convertido en materia de escándalo». La prensa rompió su complicidad anterior con la realeza y empezó a airear sus asuntos familiares y financieros. En definitiva, Juan Carlos I pecó de los mismos vicios que los de sus predecesores. Nada nuevo.

Como conclusión. En un país normal los Borbones ya habrían desaparecido de nuestro panorama político. Los Borbones, como he comentado, fueron dos veces expulsados: la primera con Isabel II tras la revolución en 1868. La segunda, con Alfonso XIII, en 1931, tras unas elecciones municipales. Mas, la dinastía borbónica en España tiene una gran capacidad de supervivencia. Vuelve una vez tras otra. Da igual los errores cometidos. Y vuelve a ser restaurada. No hay tampoco que olvidar lo que dijo el conde Romanones: “Al oír a algunos gritar “Abajo la Monarquía”, he recordado las veces que la adularon, se apresuraron a servirla y le rindieron pleitesía”.


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