Lo que al final se esconde tras la “libertad de elección de centro”, es muy claro: muchos padres no quieren que sus hijos compartan pupitres con emigrantes o gitanos en los centros públicos
Se ha convertido en asunto de actualidad la cuestión educativa en la ciudad de Zaragoza. Los populares, por medio de su portavoz en la Cortes de Aragón, Mar Vaquero habla de "confrontación social" a la que ha llevado el Gobierno de Aragón (DGA) la educación en la comunicad. "Ustedes se han encargado de enfrentar dos sectores que convivían pacíficamente y complementados hasta que ha llegado usted (Javier Lambán, presidente de la DGA). Es el único responsable de esa fractura y de convertir la materia educativa en un infierno".
Cualquiera desconocedor de los hechos podría llegar a pensar que desde la DGA se ha iniciado un ataque brutal a la enseñanza concertada. En absoluto. Lo ocurrido ha sido que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón presentó el 5 de abril una resolución provisional para la modificación de los conciertos educativos, que se plasmaba en la no renovación de 13 aulas de Educación Infantil en la provincia de Zaragoza, en la capital: (Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, La Anunciata, El Salvador (Jesuitas), Marianistas,Teresiano del Pilar, Santo Domingo de Silos, María Auxiliadora, La Salle Montemolín, Virgen de Guadalupe, San Antonio de Padua; y Santa María de La Esperanza (Pina de Ebro) y San Gabriel (Zuera). Y no accediendo a otras dos que lo habían solicitado; los colegios Montearagón y Sansueña, ambos del Opus Dei, que continuarán siendo privados. Sin embargo, en las provincias de Huesca y Teruel se renovarán todos los conciertos vigentes. La medida, que supone un 2% de las plazas sostenidas con fondos públicos de 1º de Infantil, afecta a varias zonas de la ciudad de Zaragoza y a centros en Zuera y Pina, donde el descenso demográfico y las necesidades educativas provocan un "exceso claro de la oferta concertada", según la Secretaría General Técnica de Educación.
Desde el Departamento afirmaron que "no va a afectar a ningún niño que ya esté matriculado, y que las familias podrán ejercer el derecho de elección". Por otra parte, aseguran también que el profesorado afectado por la reducción de unidades "tendrá garantizado su puesto de trabajo en el propio centro". Esta fue la mecha del inicio de las hostilidades por parte de la concertada, apoyadas desde los partidos del PP, Partido Aragonés y Cs. Según replicó Javier Lambán a la portavoz del PP, “en la legislatura anterior presidida por la popular Luisa Fernanda Rudi se cerraron aulas públicas a mansalva y sin ningún tipo de criterio; acabó con los presupuestos de la escuela pública y con 1.000 profesores”. Y entonces no hubo ninguna guerra, ni intervino el Justicia de Aragón ni los tribunales de justicia. La guerra ha surgido por afectar a la concertada.
Antes de la resolución, más de 20.000 personas acudieron el 4 de abril a la llamada de la enseñanza concertada para mostrar el rechazo del sector a la no renovación anunciada de conciertos incluida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para rubricar los presupuestos de la comunidad, en la movilización más numerosa de la historia del sector en Aragón. La masiva protesta, presidida por una pancarta con el lema Por la libertad de enseñanza, reunió a padres, alumnos, profesores y patronal de un sector que incidió en que se siente víctima de un "continuo, injustificado e injusto ataque recibido en los últimos meses" como consecuencia del "nefasto e ilegal" acuerdo de presupuestos entre PSOE y Podemos.
No me resisto a citar las palabras de José Luis Trasobares, además de gran periodista, gran conocedor de la idiosincrasia aragonesa, publicadas en El Periódico de Aragón al día siguiente de la manifestación. “El problema de la privada concertada aragonesa ha dado un significativo giro. La imponente movilización de los centros, perfectamente organizada desde la patronal del sector y las asociaciones familiares de militancia católica, le han dado la vuelta al inicial desafío de Echenique y los suyos, e incluso a la más tímida y razonada versión que pretenden poner en marcha a través de los presupuestos el presidente Lambán y la consejera del ramo, Mayte Pérez. De esta forma, lo que ahora tenemos sobre la mesa es un contraataque diseñado por los estados mayores de la Santa Madre. Su objetivo está claro: mantener a toda costa los conciertos e incluso incrementarlos, tanto si hay alumnos como si no. No quieren perder el convenio ni de 28 unidades, ni de 13 ni de una sola. Que cierren aulas de la pública como hicieron doña Luisa Fernanda y doña Dolores Serrat, la anterior consejera de Educación. En nombre de la sagrada libertad, por supuesto”.
Lo que al final se esconde tras la “libertad de elección de centro”, dejémonos de paños calientes, es muy claro: muchos padres no quieren que sus hijos compartan pupitres con emigrantes, gitanos o ACNES en los centros públicos. Es así de simple. Ya vale de hipocresías. Aquí hay con toda crudeza una auténtica lucha de clases. Recientemente pude observar el patio de un colegio público de Zaragoza, donde jugaban sin ningún problema niños de distintas razas, culturas, lenguas. Todo un ejemplo de integración. Son mucho peores los padres. Nada más hay que asistir a un partido de fútbol de sus hijos. Tampoco deberíamos olvidar que muchos centros privados-concertados tiene un ideario cristiano, y sin embargo, mediante determinados procedimientos excluyen o expulsan a alumnos difíciles. Evidentemente estas actuaciones no encajan dentro de ese ideario “cristiano”.
EFECTOS PERVERSOS DE LA 'LIBRE ELECCIÓN'
Las políticas de libre elección son particularmente beneficiosas para las clases altas
Por otra parte, ya existen suficientes estudios empíricos sobre los efectos perversos de la libre elección de centro tal como señal Antonio Viñao en su libro El concepto neoliberal de la calidad de la enseñanza; su aplicación en España (1996-1999). El de John S. Ambler sobre las experiencias inglesa, francesa y holandesa; y el libro colectivo, de significativo título (Who Chooses, whoLooses? Culture, Institutions, and Unequal Effects of the School Choice), publicado en 1996, del que son editores Richard F. Elmore, Bruce Fuller y GaryOrfield basado en ocho estudios sobre la aplicación de políticas de libre elección de centro en diversas ciudades y distritos estadounidenses. Las conclusiones son claras: las políticas de libre elección son particularmente beneficiosas para las clases altas, por ser éste el grupo social que más se da cuenta, que mejor se entera e informa de las oportunidades que surgen, y el que más se aprovecha de ellas cuando surgen. La libre elección en educación intensifica las desigualdades sociales existentes creando nuevas oportunidades para los padres mejor informados que son los que llevan sus hijos a las mejores escuelas.
Los centros concertados presentaron recursos ante los tribunales de justicia, los cuales suspendieron cautelarmente, para que pueda ser efectivo el derecho fundamental de los padres a la libre elección de centro, el cierre de aulas y obliga al Gobierno de Aragón a abrir el mismo número de aulas en la escuela concertada que el año pasado. La conclusión es clara, que al departamento de Educación le han ganado otra vez la partida, como ocurrió ya con el caso del colegio Ánfora en Cuarte de Huerva, pueblo colindante con Zaragoza. Aquí se le obligó al Departamento de Educación a concertar un aula habiendo plazas más que suficientes en un colegio público.
(Haciendo un inciso. Ya estamos acostumbrados los aragoneses a que los tribunales de justicia den la razón a las reclamaciones cuando llegan desde la derecha. La magistrada del Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno, decidió mantener la medida cautelar adoptada el pasado 24 de febrero por la que se suspende la municipalización del servicio de atención telefónica 010, tal como pretendía el gobierno de Zaragoza en Común en el consistorio zaragozano).
Esta nueva y sorprendente decisión judicial en el ámbito educativo ha provocado la respuesta más que justificada de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que señaló: "Se está maniatando absolutamente la acción de la propia Administración para seguir defendiendo sus intereses y, desde luego, estamos en un estado de indefensión que realmente ni compartimos ni entendemos", aseveró Pérez, que insistió en que los autos judiciales que obligan al Ejecutivo a ofrecer, en el proceso de escolarización, las aulas de los colegios privados que decidió no concertar "deslegitiman la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica".
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
El inspector de Educación del Servicio Provincial de Teruel y portavoz del Ayuntamiento de Teruel por el PSOE, José Ramon Morro critica la decisión cautelar de la Justicia con una argumentación impecable en el artículo Yo discrepo publicado en El Periódico de Aragón, que reflejo en lo fundamental a continuación. “La Constitución Española en su artículo 27 establece la libertad de enseñanza y la libertad de crear centros docentes, y también el mandato para los poderes públicos de garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero no obliga a disponer a cualquier precio de una doble red obligatoria y gratuita en todo el estado de centros públicos y de privados concertados para que las familias elijan.
Los poderes públicos tienen obligación de garantizar suficiente número de plazas para cubrir las necesidades de la educación básica obligatoria y gratuita, y ello lo hace necesariamente en el medio rural, donde la educación no es un negocio, construyendo nuevas unidades escolares o mediante aulas prefabricadas. En el medio urbano, lo puede hacer también, siempre y cuando se tenga que satisfacer necesidades de escolarización, mediante un contrato de concierto con aquellos centros privados a los que les pueda interesar atender la demanda de educación básica obligatoria en condiciones de gratuidad total para las familias. El concierto es un instrumento jurídico que permite a las Administraciones contratar con colegios privados para satisfacer necesidades de escolarización de alumnos con carácter obligatorio y gratuito, allí donde la propia Administración no llegue con sus propios medios y recursos. Llevar a cabo conciertos cuando no se satisfacen necesidades de escolarización, supone directamente, celebrar contratos en los que la Administración y sus responsables caerían bajo la figura delictiva de la malversación de fondos públicos, es decir, contratar con empresas privadas aquello que la Administración puede llevar a cabo, desviando fondos de forma irregular del ámbito público al privado. Esta es la letra y el espíritu de la Constitución, de la Ley Orgánica 8/1985 del derecho a la educación y del Real Decreto 2377/1985 Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos.
El derecho de los padres se consagra en disponer de una educación básica y gratuita para sus hijos, así como la posibilidad de elegir centro donde lo haya (entre varios públicos, la elección, por tanto, no es un derecho ni fundamental ni básico, sino ocasional. Es simplemente la posibilidad circunstancial de elegir allá donde haya más de un colegio, por cierto en un número bastante pequeño de municipios en relación a los 8.122 existentes. El concierto es un medio o instrumento, nunca un fin en sí mismo. Como dice la propia Ley 8/1985, los conciertos se llevarán a cabo bajo tres supuestos: cuando satisfagan necesidades de escolarización por insuficiencia de plazas, cuando se atienda a poblaciones especialmente desfavorecidas o en riesgo de exclusión o cuando, cumpliendo alguna de estas dos condiciones, lleven a cabo experiencias de gran interés pedagógico para el sistema educativo. Confundiendo medios y fines, mezclando intereses privados con derechos individuales, los jueces mediante estos autos van a interferir en un proceso como es el de la admisión de alumnos, escrupulosamente objetivo, transparente y participado por todos los agentes que tienen que ver en la educación, creando una ceremonia de la confusión y una fuente de generación de enfrentamientos y conflictos en el seno de las comisiones de garantías, alejándonos cada vez más de un anhelado pacto por la educación. La labor de los jueces no es atender la presión de las manifestaciones ni interferir arbitrariamente en procesos reglados y consolidados como lo es el de la admisión de alumnos, ni obligar a la administración educativa a malversar fondos públicos, contratando servicios privados que no son necesarios, toda vez que se constata el descenso demográfico.”
Wendy Brown habla de des-democratización, en base a diversos factores. Uno de ellos, que está eviscerando la democracia, es la judicialización de la política, tal como acabamos de observar en la cuestión educativa en Aragón. Con sus propias palabras:
“Existe una expansión sin precedentes del poder ejecutivo acompañado de la ampliación de acción de los tribunales de justicia. Cada vez más se judicializan asuntos políticos, y los jueces emiten sentencias en un lenguaje complejo e incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. A su vez los tribunales han pasado de decir qué es lo que está prohibido, a decir lo que ha de hacerse; o lo que es lo mismo, han pasado de ejercer una función limitativa a otra legislativa, usurpando tareas propias de la política democrática. Si vivir sometidos a la primacía del derecho es un pilar fundamental de la mayor parte de las formas de la democracia, el gobierno de los tribunales equivale a una subversión de la democracia. Esta forma de gobierno no sólo invierte la crucial subordinación del poder judicial al legislativo-subordinación de la que depende la soberanía popular-, sino que transfiere poder y politiza una institución que no tiene carácter representativo.”
