Esta mañana cuatro activistas de Greenpeace han comenzado a escalar el mirador del Faro de Moncloa en Madrid para mostrar el rechazo de la organización al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que se está debatiendo al mismo tiempo en el Consejo de Ministros. Durante su ascenso los activistas han mostrado pancartas con el lema "NO a la Ley Mordaza" para mostrar el descontento con una ley que castigará duramente la protesta pacífica y la desobediencia civil.
"Hemos elegido el Faro de la Moncloa por su situación frente al Palacio de la Moncloa, donde se celebra el Consejo de Ministros. Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin conocer los últimos detalles y aunque el nuevo texto pueda haber resuelto los conflictos constitucionales e irregularidades que exhibía, no ha desaparecido su esencia intencionadamente represora", ha señalado Sara del Río, portavoz de Greenpeace.
Greenpeace se opone a la esencia del proyecto, que limita la protesta pacífica
A pesar de que el Gobierno ha anunciado una rebaja en la dureza represora de la Ley, Greenpeace subraya que se opone a su propia esencia, pues sigue limitando la capacidad de respuesta ciudadana ante reformas gubernamentales a través de sanciones.
"El Secretado de Estado de Interior ha escuchado las demandas de Greenpeace, pero ha hecho caso omiso de ellas, especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
La organización recuerda que la modificación de la Ley no parte de una demanda social, sino de un afán de control de las protestas sociales por parte del Gobierno. Su aplicación sancionará formas de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
La Ley de Seguridad Ciudadana es una pieza más de un entramado de reformas legislativas dirigidas a penalizar y poner trabas a la protesta pacífica y la disidencia, en el que se encuentra también la reforma del Código Penal. Al transferir del Código Penal a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana algunas conductas vinculadas a la protesta pacífica, el Gobierno ha simulado una rebaja de su sanción, pero realmente está eliminando control judicial y confiriendo todo el poder sancionador a la autoridad administrativa, dependiente del poder político. Además, la ya aprobada Ley de Tasas pone trabas al acceso a la justicia al establecer tarifas para recurrir cualquier sanción aplicada en base al nuevo texto.
"No parece casualidad que el Gobierno recurra al verano para aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, tan controvertido y con tanto rechazo social. De esta forma dificulta el debate, la crítica y la respuesta ciudadana. Un ejemplo más de lo mucho que molesta la participación de la ciudadanía al Gobierno y lo poco que interesa su opinión", ha declarado Sara del Río.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ya ha sido duramente criticada por asociaciones de juristas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones internacionales.
