Es el resultado del trabajo realizado durante tres años por el equipo integrante del Proyecto "Investigación histórica y representación digital accesible: El patrimonio artístico durante la guerra civil y la posguerra", dirigido por el catedrático Arturo Colorado, de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo ha consistido en el estudio y catalogación de miles de obras depositadas por la República en lugares seguros, así como de las obras que salieron al extranjero evacuadas por orden de los Gobiernos central, del País Vasco y Cataluña, o por vía de saqueo. Una vez realizado el inventario, se ha cotejado con el destino de esas obras durante la posguerra, a partir de los datos del proceso organizado de devoluciones y exposiciones temporales llevado a cabo por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan) creado por el régimen instaurado en España tras la victoria militar.
El objetivo es indagar sobre la gestión franquista en la labor de recuperación y devolución de las obras de arte durante la inmediata posguerra. La conclusión que se desprende es la gran cantidad de obras entregadas como depósito a organismos públicos, iglesias y entidades afectas, lo que supuso una desordenada reubicación, que benefició a receptores que no eran sus legítimos propietarios.
El instrumento principal de esta investigación es una sede web con una potente base de datos -abierta a investigadores e interesados- que contiene más de 10.000 obras localizadas. Los datos fueron presentados en el II Congreso Internacional "Patrimonio Cultural: guerra civil y posguerra" que ha tenido lugar esta semana en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con sede en Madrid.
Galería central del Museo del Prado en noviembre de 1936 (Fuente: Web del Proyecto)
Cuando estalla la guerra, el gobierno republicano pone en marcha un plan de protección de patrimonio consistente en la recogida, registro y depósito de obras de arte. El 23 de julio de 1936 se crea la Junta de Incautación del Tesoro Artístico de Madrid, que empieza a trabajar con gran celeridad para -por la vía de la incautación y evacuación- poner a salvo el patrimonio. Se desarrolla a la vez una titánica tarea de inventariado. La Junta es la encargada de la recogida y traslado de los cuadros del Museo del Prado y de la protección de las colecciones de arte privadas.
Según los datos de la primera fase de la investigación (sobre 10.000 obras), 8.953 se quedaron en España en diferentes depósitos y 1.043 salieron al extranjero por vía oficial. Además, hay un número indeterminado de obras que fueron robadas por "mercaderes, saqueadores profesionales, milicianos y militares de las dos zonas", según explicó Colorado en el Congreso.
Finalizada la guerra, agentes de la Junta del Tesoro facilitan a las nuevas autoridades la ubicación de los depósitos. De esta manera, el Sdpan puede recoger, identificar y clasificar los objetos artísticos. Aprovecha la clasificación previa de la Junta del Tesoro republicano (por ejemplo, los libros de registro con pormenorizada información sobre las obras), pero, sin embargo, de muchos objetos no hay información alguna, porque son recuperados por otros organismos políticos de diferentes formas e inventariados sin el rigor requerido.
Embalaje de La Familia de Carlos IV de Goya para su evacuación a Valencia (Fuente: Web del Proyecto)
Tareas de catalogación de la Sección de Bibliotecas de la Junta (Fuente: IPHE/MNP)
El 31 de mayo de 1939, el nuevo Ministerio de Educación Nacional ordena la devolución a entidades y particulares. Para tratar de identificar a los propietarios, el Sdpan abre los depósitos a los particulares y organiza exposiciones públicas que también tenían carácter propagandístico. Se realizaban las devoluciones sin grandes requisitos. Solo se solicitaban pruebas de propiedad cuando había dos o más reclamaciones sobre un mismo objeto artístico. Hubo errores de identificación, y particulares recibieron obras que no eran suyas. Se estableció un plazo de un mes, pasado el cual, si no se procedía a la reclamación, se entregaba la obra en depósito.
En el Congreso, Teresa Díaz, investigadora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, informó de la localización de 2.500 expedientes del Sdpan con unos 38.000 objetos de arte (22.000 pinturas) procedentes de incautaciones de la Junta republicana, UGT, Agrupación Socialista Madrileña, CNT, etc. De ellos, 4.500 son de procedencia desconocida. Los datos forman parte del Proyecto. Se localizaron 5.381 cuadros de Madrazo, Fortuny, Rafael, Rembrandt, Sorolla o Van Dyck, sin indicación de procedencia. La mayoría fueron reconocidos.
Arturo Colorado (UCM), responsable del Proyecto
¿Qué ocurrió entonces? Según esta investigación, aunque una parte se restituyó a sus antiguos propietarios, buena parte fue entregada en depósito a instituciones públicas y privadas, pero también a particulares. En concreto, 5.477 obras (54'8% de las 10.000 inventariadas). Los receptores fueron Museos (2.406, un 26'9%), organismos oficiales como ministerios, gobiernos civiles (1.856, un 20'7%), 1.214 a la Iglesia católica (1.214, un 13'6%). De las entregadas a museos destacan 525 entregadas al Museo de Artes Decorativas y 311 al Museo Romántico, las más privilegiadas, convertidas ambas instituciones por el franquismo, según Colorado, en "iconos del arte popular y de las tradiciones creativas del pueblo español".
En el Congreso, Colorado definió como "sin criterio aparente pero a la vez muy significativa" la estrambótica gestión del patrimonio español por el régimen franquista. Aunque el 'depósito', por su propia naturaleza, es temporal, se convirtió en definitivo. Así, la ubicación de cientos de obras no se correspondió con la que tenían antes de la guerra.
Regreso a Madrid de las obras del Museo del Prado (Fuente: ARCM/Colección Santos Yubero)
Muchas obras que pertenecían a parroquias se quedaron en museos diocesanos. Otras no fueron devueltas, por errores de identificación o porque la reclamación llegó fuera de plazo. Muchas, por razones ideológicas. Decenas de españoles leales a la República no pudieron reclamar su legítima propiedad porque estaban muertos, en prisión o en el exilio (como el caso de Pedro Rico (alcalde republicano de Madrid exiliado a Méjico), o simplemente por miedo.
Uno de los casos más flagrantes es el de la colección de arte del militar José Sicardo, algunas de cuyas obras, según acredita Díaz, fueron a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces.
Algunos herederos, como los del empresario vasco Ramón de la Sota ("condenado" -tres años después su muerte en 1936- al pago de una multa de cien millones de pesetas por conspiración para la rebelión militar, por lo que sus cuantiosos bienes fueron embargado-, no han cesado en sus intento de recuperar tanto sus propiedades inmobiliarias como las obras de arte de su vasta colección, como señaló en el Congreso el investigador de la Universidad del País Vasco Francisco Javier Muñoz.
Pero no solo fueron favorecidos particulares afectos al nuevo régimen, sino también entidades. También recibieron obras la Falange (un retrato de Carlos IV de Mengs), la Fundación Franco, la Sección Femenina -cuadros y esculturas de diferente procedencia ornaron su sede del Castillo de la Mota- y el castillo de Viñuelas -habilitado como primera residencia del Caudillo-, donde fueron a parar numerosos objetos procedentes de diferentes depósitos.
Teresa Díaz (IPCE), durante su intervención en el Congreso
Uno de los aspectos fundamentales de esta investigación es incidir en la utilización del patrimonio como instrumento propagandístico por ambos bandos, especialmente por el sublevado, que acusó a la República no solo de destrucción del patrimonio y de haber sacado obras de España para venderlas. La campaña acusatoria se mantuvo una vez finalizada la contienda.
Los investigadores constatan que la documentación disponible está incompleta, hay obras pendientes de localización, hay escasa información sobre orfebrería, joyas o porcelanas. Sobre las obras saqueadas también hay escasa documentación. El Proyecto está en constante actualización, dado que se trata de hacer seguimiento de obras y determinar su ubicación actual. Ahora mismo ya hay catalogadas casi 10.500 obras, con esta distribución:
Los datos de la investigación -cuyos responsables quieren prolongar dos años más si renuevan el apoyo económico del institucional- que sin el celo profesional a la hora de identificar y documentar las obras por parte de la Junta del Tesoro Artístico, la dispersión y el expolio habrían sido aún mayores.
Capítulo aparte merecen otros expolios que se produjeron durante la guerra y, sobre todo, durante la posguerra: el derivado tanto del tráfico ilegal de obras de arte españolas por marchantes españoles y extranjeros, como de las órdenes de venta de tesoros eclesiástico cursadas por ciertas autoridades religiosas a fin de obtener fondos en metálico.
