Una cuestión que como español me genera una gran preocupación es la inexistencia en España de "un proyecto colectivo ilusionante” para amplios sectores de la ciudadanía, algo básico para cimentar una gran nación. Tampoco es una novedad en nuestra historia. Ya Ortega y Gasset en su España invertebrada, libro publicado en 1921, destacaba que lo que mantiene a las naciones unidas es la existencia de "un proyecto sugestivo de vida en común" ya que "los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos". De verdad, por mucho que lo intento ese proyecto de vida en común sugestivo e ilusionante en los habitantes de España yo no lo encuentro por ningún lado. Y todavía menos con todos los acontecimientos de la pandemia.
Como señala Tony Judt en su libro Algo va mal, toda empresa colectiva requiere confianza. Desde los juegos infantiles hasta las instituciones sociales complejas, como es una nación, los seres humanos no podemos trabajar juntos si no dejamos de lado nuestros recelos mutuos. Una persona agarra la cuerda, otra salta. Una persona sujeta la escalera, otra sube. ¿Por qué? En parte porque esperamos reciprocidad, pero en parte claramente también por una tendencia natural a trabajar en colaboración en beneficio de todos.
Cuanto más igualitaria es una sociedad, más confianza reina en ella. Ya conocemos la desigualdad insoportable en España. Según Richard Wilkinson y Kate Pickett en su libro Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (2019), la desigualdad no sólo es una cuestión de renta: donde las personas tienen vidas y perspectivas parecidas es probable que también compartan lo que se podría denominar una «visión moral». Esto facilita mucho la aplicación de medidas radicales en la política pública. En las sociedades complejas o divididas lo más probable es que una minoría —o incluso una mayoría— sea obligada a ceder, con frecuencia en contra de su voluntad. Esto hace que la elaboración de la política colectiva sea conflictiva y favorece un enfoque minimalista de las reformas sociales: mejor no hacer nada que dividir a la gente sobre una cuestión controvertida. La desigualdad afecta a la mezcla social. Los países con mayores diferencias de ingresos suelen tener menor movilidad social. La gente tiende a permanecer en la clase social que ha nacido, porque las mayores diferencias de ingresos fortalecen las barreras de clase, la rigidez de la jerarquía social y la desigualdad de oportunidades. Los matrimonios entre personas de distintas clases sociales son menos frecuentes cuando las diferencias de ingresos son mayores. En el mismo escenario, la segregación por barrios entre ricos y pobres también aumenta. La desigualdad afecta a la cohesión social. Allí donde la desigualdad es mayor, la vida comunitaria se debilita y los niveles de confianza interpersonal disminuyen, sin duda porque el estrés que produce la ansiedad por el estatus nos lleva a eludir el compromiso social.
La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad. Lo podemos observar en un asunto tan práctico como la vida urbana, y la limpieza y el civismo en la calle. Si no confiamos unos en otros, nuestras ciudades tendrán un aspecto horrible y serán lugares desagradables para vivir. Además, la confianza no se puede institucionalizar. Una vez que se desgasta es prácticamente imposible restablecerla. Y ha de ser alimentada por la comunidad —la colectividad—, pues ninguna persona puede imponer a los demás, ni siquiera con las mejores intenciones, una confianza recíproca. ¿Los españoles confiamos entre nosotros?
Retorno a Tony Judt. La tributación puede servir como revelador ejemplo del nivel de confianza en una sociedad. Cuando pagamos impuestos, damos muchas cosas por supuestas sobre nuestros conciudadanos. En primer lugar, suponemos que ellos también van a pagar sus impuestos; de lo contrario, pensaríamos que la nuestra es una carga injusta y acabaríamos dejando de pagar. Segundo, confiamos en que aquellos a los que hemos dado un poder temporal sobre nosotros recauden el dinero y lo gasten de forma responsable. Después de todo, para cuando descubramos que lo han estafado o malgastado, habremos perdido mucho dinero. En tercer lugar, la mayoría de los impuestos se destina a pagar deudas pasadas o futuros gastos. Por consiguiente, hay una relación implícita de confianza y reciprocidad entre los pasados contribuyentes y los beneficiarios actuales, los contribuyentes actuales y los pasados y futuros receptores —y, por supuesto, los futuros contribuyentes, que cubrirán nuestros desembolsos actuales—. Así, estamos condenados a confiar no sólo en personas que no conocemos hoy, sino en personas que nunca pudimos conocer y que nunca conoceremos, con las que mantenemos una compleja relación de interés mutuo.
Igualmente podemos observar el nivel de confianza en el gasto público. Si aumentamos los impuestos o emitimos un bono para costear un colegio en nuestro barrio, es muy posible que los principales beneficiarios sean otras personas (y sus hijos). Esto también es aplicable a la inversión pública en proyectos de investigación y educativos a largo plazo, la ciencia médica, las aportaciones a la seguridad social y otros gastos colectivos, para cuyos beneficios quizá haya que esperar unos años. Así que, ¿por qué nos molestamos en aportar el dinero? Como otros lo aportaron para nosotros en el pasado, normalmente sin pararse mucho a pensarlo, nos consideramos parte de una comunidad cívica que trasciende las generaciones. El filósofo conservador inglés Michael Oakeshott pensaba que la política se basa en la definición de una comunidad de confianza: «La política es la actividad de atender a los acuerdos generales de una colectividad de personas que, por su reconocimiento común de una forma de atender sus acuerdos, constituye una comunidad individual»
Dice bien Tony Judt, tanto los impuestos como el gasto público se aceptan en una sociedad, si existe confianza entre sus conciudadanos, lo que facilita un proyecto colectivo ilusionante. Circunstancia que no se da en esta España nuestra, nada más hay que observar nuestra reticencia hacia los impuestos y hacia el gasto público.
En España se han impuesto una serie de creencias no articuladas en un discurso trabado y coherente, producto del neoliberalismo, aunque ya vienen de atrás. Se manifiestan en unas actitudes instintivas, más emocionales que racionales. Una de ellas: «Los impuestos son malos». Es una aversión irreflexiva, como si el pagar impuestos fuera un expolio del Estado. Es frase repetida y asumida: «Hacienda me ha quitado 1.000 euros este año en la declaración de la renta». Es decir, que el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales lo vemos como un robo. Todo un ejemplo de falta de conciencia cívica.
Esta aversión irreflexiva hacia los impuestos se explica en parte por el discurso político dominante. En España, a pesar de las «diferencias ideológicas» del PP y PSOE, su visión negativa de los impuestos es prácticamente la misma. El PP lleva años defendiendo las bondades de la bajada de impuestos. Como Ciudadanos y VOX. Zapatero en 2003 nos dijo que «bajar los impuestos es de izquierdas» y ahora las comunidades autónomas socialistas eliminan o hacen cuantiosas exenciones al impuesto de Sucesiones. Sólo Unidas Podemos discrepa de esta visión general. Ahora el gobierno de coalición en los Presupuestos Generales ha aprobado un aumento de impuestos, pero tímido, a las rentas altas de trabajo y de capital.
Los grandes partidos, con la excepción comentada, repiten el mantra de que los impuestos son malos para la economía. Si se reduce la presión fiscal tendrá más dinero la gente en su bolsillo, gastará más, aumentará el consumo, crecerá la economía y se crearán puestos de trabajo. Nadie nos dice qué bolsillos se llenarán y si el mayor consumo supondrá una mejora de la calidad de vida. Igualmente que, de acuerdo con la tesis de que los beneficios de políticas económicas favorables a los más ricos, como desgravaciones fiscales, acabarán goteando hasta las clases más desfavorecidas. Parece ser que los ricos son ricos en interés de los pobres y que gravar en exceso sus rentas nos perjudicará a todos. Vista la situación actual de injusticia y desigualdades crecientes, la teoría del goteo hacia abajo es un auténtico fraude.
Sin embargo, el discurso político sobre los impuestos no basta para explicar esa aversión impositiva. Para fomentarla los gobiernos llevan a cabo otras acciones.
La corrupción o el fraude fiscal, que no son atajados. ¿Cómo vamos a pagar gustosos nuestros impuestos? No obstante, el fraude fiscal del otro no nos puede servir de coartada para incumplir nuestras obligaciones fiscales. Me parecen muy oportunas las palabras de la catedrática de Filosofía Moral Victoria Camps “Cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad”. En relación a la corrupción sobrecoge el relato continuo de casos.
En la moción de censura de mayo de 2017 presentada por Podemos contra el gobierno de Rajoy, Irene Montero dijo las siguientes palabras: Para que quede en el Diario de Sesiones el listado de casos de corrupción —solo el listado— en los que ustedes están involucrados. Verán: Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Bitel, Bon Sosec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Camps, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, caso de la construcción, caso del lino, el Roblecillo, Emarsa, caso Eólico Canarias, Faycán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, caso Naseiro, Novo Carthago, Ópera, Orquesta, Over Marketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Scala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólicos, Cooperación… Estos son los que han salido, ¡qué no habrá debajo!, cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía.
Si reflejo estos casos del PP es porque me los ha facilitado este discurso. Lo que no quita que no se hayan dado también no pocos casos de corrupción en el PSOE entre ellos, los más espectaculares los ERES de Andalucía y FIlesa. Y también en Convergencia de Pujol.
Hagamos un inciso histórico en la corrupción. Tampoco es una novedad en España. Ha sido una constante en nuestra Historia. Así lo refleja Paul Preston en su último libro Un pueblo traicionado que abarca desde 1876 al inicio del reinado de Felipe VI en 2014. Señala que el progreso del país se ha visto obstaculizado por la corrupción y la incompetencia política y que estas dos características han provocado una ruptura de la cohesión social que a menudo se ha tratado y exacerbado mediante el uso de la violencia por parte de las autoridades. Durante la Primera Restauración, y de forma espectacular, con la dictadura de Primo de Rivera, la corrupción institucional y una asombrosa incompetencia política fueron la norma, lo que allanó el camino para la instauración de la primera democracia en España: la Segunda República. Desde la instauración de la República en 1931 hasta su fin en 1939, la corrupción fue muy escasa, sobre todo porque la nueva élite política se inspiró en muchas de las propuestas de los regeneracionistas. El caso más conocido fue el de Alejandro Lerroux con el caso del estraperlo. El régimen de Franco supuso el establecimiento de un régimen de terror y pillaje que les permitió, a él y a una élite de secuaces, saquear con impunidad, enriqueciéndose, al mismo tiempo que daba rienda suelta a la ineptitud política que prolongó el atraso económico de España hasta bien entrados los años cincuenta. Ángel Viñas en La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco desmitifica la idea del gran patriota, al señalar que entró en guerra sin un duro, pero al acabarla tenía una fortuna de 32 millones de pesetas, unos 388 millones de euros de hoy. En cuanto a su procedencia es variada: un regalo de 600 toneladas de café del dictador brasileño Getulio Vargas para el pueblo español, vendido por un total de 7,5 millones de pesetas, acabó en su cuenta corriente; igualmente donaciones realizadas a su bando, como una de 100.000 pesetas del 23 de octubre de 1936; y traspasos mensuales de 10.000 pesetas desde Telefónica. Todo esto lo consideró botín de guerra para cubrirse las espaldas ante un futuro incierto. Al acabar la guerra y sentirse seguro, empezó a invertir, cuando muchos españoles pasaban hambre. Como dice, Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad de Trent de Canadá, y autor de otro libro Franco, biografía del mito: «Pues ya se sabe que los hombres pasan y las piedras, erigidas con billetes robados, quedan. A lo mejor también, cuando algunos nos dicen que miremos a Paracuellos del Jarama y nos callemos, lo único que buscan es que nuestros ojos no se fijen demasiado en sus rascacielos de la Castellana o en las fincas de caza en Extremadura». Dejemos el tema de la corrupción que parece congénita con la idiosincrasia española.
Tampoco facilita la conciencia fiscal en la ciudadanía española el que los gobiernos tienden a ocultar la relación de los impuestos con la calidad de los servicios públicos. Muchos políticos por sus palabras parece que la inversión en un servicio público saliese de su bolsillo. No se trata de un desliz inocente. Ramón Luis Valcárcel, siendo presidente Comunidad de Murcia, hablando de la necesidad del copago: «Los servicios básicos, como la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región ni por los presupuestos de una nación. Es muy necesario plantear que los ciudadanos tengan que asumir también el coste de esos servicios, en el porcentaje que sea». ¡Qué desfachatez! ¿Los presupuestos de su región los paga de su bolsillo? Ocultando la relación existente entre impuestos y servicios públicos se evita que, cuando el gobierno anuncie una nueva bajada de impuestos, la gente se pregunte cómo va a repercutir eso en sanidad, educación o prestaciones sociales. ¿Qué es lo que se esconde tras ese afán de desprestigiar y reducir los impuestos? Muy claro, reducir lo público y allá donde el Estado mengua crecen las oportunidades de negocio privado. Deteriorar la educación y la sanidad públicas es oportunidad de lucro para la iniciativa privada. Reducir las pensiones negocio a los fondos privados de pensiones. ¿Qué significa privatización? La privatización le quita al Estado la capacidad y la responsabilidad para reparar y mejorar las condiciones de la gente; elimina también la responsabilidad de la conciencia de sus conciudadanos, al desvincularse de los problemas comunes. Lo único que queda es la caridad. Sorprende que a muchos ciudadanos se les olviden las funciones de los impuestos. Es el principal instrumento de los Estados para redistribuir la riqueza y paliar las injusticias. Sin una política impositiva progresiva y redistribuidora es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. La ideología neoliberal hace muy bien su trabajo. Y no deberíamos olvidar que el neoliberalismo se basa en el individualismo, el egoísmo, la insolidaridad, la competencia y la desconfianza. Todo ello impide cualquier proyecto colectivo.
Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”
