jueves. 28.03.2024

El 24 de abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley que cambió el modelo sanitario español para abandonar su universalidad y reemplazarla por un sistema de aseguramientos. La combinación de recortes y exclusión, ha ido dejando en evidencia la gravedad del nuevo modelo, a la par que la desobediencia y el rechazo social sigue creciendo.

Claudia regresó a su país cuando fue al hospital y le dijeron que ya no podían seguir atendiéndole. María, se desmayó en el metro de Madrid, llamaron una ambulancia y a los pocos días le llegó una carta con la factura por la atención en urgencias. Ángel, en Zaragoza, ha anticipado que saldrá a delinquir si es necesariopara poder cubrir los gastos de sus medicinas. La familia de Soledad, en Valencia, sigue reclamando Justicia por su fallecimiento, ocurrido tras peregrinar por varios centros de salud, había perdido su tarjeta sanitaria. Aya, con apenas 15 años, encontró la muerte en Melilla esperando un traslado a la península para un trasplante que se le denegó. Manuela, Juan, Carmen y otras vecinas, se han encerrado en el centro de salud de Tembleque, en Toledo, para luchar porque no les cierren las urgencias nocturnas. Ousmane leyó a las puertas del hospital un cartel donde dice que para atenderle necesita presentar su tarjeta sanitaria o identificación, dio media y vuelta y lleva su enfermedad como buenamente puede.

Son los rostros de la exclusión, las historias que no salen en las estadísticas ni en los números en los que el Gobierno se fijó al sancionar el “Real Decreto Ley 16/2012  de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, publicado en el BOE el 24 de abril del año pasado.

Ningún sistema que abandona la universalidad es sostenible, porque no se puede sostener una sociedad en que se deja de lado la medicina preventiva, la atención sanitaria y los cuidados. Cuando la Salud deja de ser un Derecho para todas las personas y se convierte en una mera posibilidad que depende de una asignación laboral, cuando se crea un sistema de personas aseguradas y no (y otras que apenas pueden ser beneficiarias de las primeras), las diferencias sociales solo pueden ahondarse y la expectativa de vida reducirse, como lo demuestran las estadísticas mundiales y comienza a verse en la nueva realidad del Estado español.

Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde el grupo de defensa de consumidores “Families USA” en un informe presentado en junio de 2012 estimó que “una cifra récord de 26.100 personas entre 25 y 64 años murieron por falta de cobertura sanitaria en el 2010”, un 31 por ciento más que el 2000, una tasa equivalente a unas 72 muertes por día o tres por cada hora.

En el año 2009 un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los determinantes sociales resultan “fundamentales” en la equidad sanitaria. "La salud no es un producto comercial, se trata de un derecho y un deber del sector público", expresó el epidemiólogo británico Richard Marmot, en la presentación del informe en Madrid y agregó que “la experiencia muestra que la comercialización de bienes sociales, tales como la educación y la atención médica, genera inequidad sanitaria”.

En la prensa de aquellos días llamó la atención especialmente el caso de la ciudad de Glasgow, Escocia. En su barrio más pobre, Calton, la esperanza de vida se reduce a los 54 años de edad. Pero a solo 11 kilómetros, esa expectativa sube a los 82. A menos distancia de la que separa el degradado cinturón obrero del sur de Madrid con el norte de las finanzas de la capital, las clases ricas viven 28 años más que aquellas personas que menos tienen. Una desigualdad a tener en cuenta en una actualidad que nos encuentra con casi seis millones de personas desocupadas, con la mitad de la juventud sin trabajo, la crisis de los desahucios, la privatización del sector público y la política de recortes imperante.

Tal vez por eso cada vez crece más el apoyo a las voces que piden la derogación de las leyes que están permitiendo la pérdida del modelo de salud pública y universal, movimientos que se van creando en torno a la defensa de un modelo que si bien era perfectible, contemplaba una cobertura a toda la sociedad. La marea blanca, las asociaciones profesionales en lucha, plataformas civiles o la iniciativa espontánea de los barrios han ganado rápida legitimidad y creciente fuerza a la par que la sociedad empieza a sentir que todas las personas, con independencia de su lugar de origen, pueden ser víctimas directas de este apartheid sanitario, como algunos han dado en llamar a la nueva situación.

La legalidad contra la legitimidad. Los números del ahorro contra las vidas que se ponen en juego en cada decisión. En el 2003 los médicos de un Hospital de la provincia de Tucumán, Argentina, lanzaron la campaña “Otros toman las decisiones, nosotros los vemos morir”. Quizá esta reacción incipiente en nuestra sociedad tenga mucho que ver con un paradigma similar: difícil tarea para quienes trabajan en la administración de un hospital o tienen a su cargo la atención médica, el decir que “no” a una persona que vienen tratando y ahora, una Ley, les dice que ya no pueden atenderle.

En ese marco es interesante recorrer los centros de atención primaria y hospitales, y comprobar cómo más allá del listado de profesionales que han objetado, ha ido creciendo la idea –y práctica- de una objeción subterránea, de rebeldía ante la inmoralidad de una Ley. “Yo no puedo dejar de atender a una persona a la que vengo viendo hace 3 años, tiene que ver con mi vocación y mi ética profesional, y con mi persona”, me contó un médico al consultarle sobre su postura. En cierta forma está en juego un doble compromiso: la sociedad en apoyo a la defensa de la sanidad pública y las personas que trabajan en el sistema sanitario reconociendo la universalidad del derecho a la Salud. Sin escritorios que separen.

Y en ello están teniendo mucho que ver (aunque no exclusivamente) los llamados grupos de acompañamiento que han ido naciendo a partir de la creación de la Plataforma “Yo Si Sanidad Universal”. Unos dispositivos que la ciudadanía ha creado en un principio en Madrid, y ahora extendidos a Zaragoza, Canarias, Murcia o Sevilla, tendientes a garantizar que nadie quede sin atención médica, mientras la denuncia va minando las bases del Real Decreto Ley, para intentar su derogación. Desobediencia ciudadana y profesional.

Manuela, Juan, Carmen y otras vecinas lograron con su lucha que las urgencias nocturnas no se cierren. Los grupos de acompañamiento en su trabajo diario van posibilitando que otras Manuela, otro Juan o Letizia sean atendidas dentro del sistema público y universal de Salud, a pesar que una Ley les excluya.  Sin compasión ni caridad, con una sola convicción: la Sanidad es un derecho y ejercerlo, es inherente a todas las personas.

Entre la exclusión y la desobediencia