nuevatribuna.es
13 de octubre de 2010, 12:08
NUEVATRIBUNA.ES - 11.10.2010
En su borrador de programa electoral, que tienen previsto aprobar el próximo fin de semana, los populares catalanes -con su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, a la cabeza- proponen que los Ayuntamientos comuniquen a la policía la inscripción en el padrón de inmigrantes sin papeles. El padrón es fundamental para los inmigrantes porque les garantiza el acceso a la sanidad y la educación públicas.
El texto establece que los municipios "han de colaborar en la elaboración de un mapa de la inmigración que permita gestionar mejor las políticas de integración", y que "además han de colaborar en el control de la inmigración irregular para que el empadronamiento no se convierta en la puerta falsa de entrada a nuestro país". Para ello, recuerdan que la inscripción en el padrón debe ir acompañada de "una identificación legal", como el pasaporte, y que los Ayuntamientos han de "cumplir con el deber legal de ceder los datos del padrón a la Dirección General de la Policía, con la finalidad de control y permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno del Estado la exigencia de su cumplimiento". Los populares abogan por potenciar "la detección de los inmigrantes en situación irregular para proceder a su expulsión al país de origen" y por priorizar las expulsiones "de los extranjeros que hayan cometido delitos o faltas".
En definitiva, la propuesta del PP parece calcada de la de Vic de hace casi un año y sobre la que la Abogacía del Estado emitió un informe en el que se consideraba no empadronar inmigrantes 'sin papeles' es ilegal y recordaba que " los extranjeros han de ser empadronados con independencia de su residencia legal en territorio español "por lo que no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España"; para realizar esta gestión es suficiente el pasaporte aunque no se cuente con el preceptivo visado; y los ayuntamientos no tienen competencias para decidir sobre la legalidad o no de la estancia de un extranjero dado que estas competencias reaen únicamente en el ministerio del Interior".
El PP, además, se acerca peligrosamente al ideario de Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada, quien asegura que "aquí no cabemos todos". Y eso es básicamente lo que ha dicho el diputado y portavoz de inmigración de los 'populares', Rafael López, para defender la propuesta del PP catalán: "Debe haber un mayor control de la inmigración en situación irregular, porque aquí no cabemos todos, los recursos son escasos y el padrón debe ser una herramienta para ayudar a este control".
La respuesta del Gobierno ha llegado a través del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha reprochado al PP catalán "saber muy poco de inmigración y utilizar el padrón con fines políticos". El ministro se ha remitido a la ley, que "tiene el objetivo de tener un control de todas las persona que residen en un país, independientemente de la condición que tengan, y eso no se puede negar", y ha concluido que "no se puede negar el empadronamiento de una persona si ésta vive en una ciudad o barrio y lo acredita". Para Corbacho, "el PP lo que tiene que hacer, si quiere ser coherente, es no utilizar ésto desde el punto de vista electoral, sino presentar un proyecto de ley en las cortes generales que plantee qué leyes quiere modificar y por qué".
Por cierto que el ministro ha corregido a su director general de Inmigración, Markus González, avanzó este domingo que "entre las medidas que el Gobierno estudia para facilitar las renovaciones automáticas se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos --y no tres años, como ahora-- en España". El titular de Trabajo ha explicado que "el tema del arraigo ya existe en la ley" y que "en principio el Gobierno no es favorable a flexibilizarlo", por lo que "no va a formar parte del futuro reglamento" (de la Ley de Extrajería).
Lo que sí es posible que recoja el reglamento es la posibilidad de que se pueda renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España. Corbacho ha admitido que existe un problema con la situación en la que una persona viene legalmente a España, con contrato de trabajo y a los dos o tres años pierde el empleo y pasa a ser ilegal. "Hay que razonablemente buscar una transición", han sido sus palabras.
En su borrador de programa electoral, que tienen previsto aprobar el próximo fin de semana, los populares catalanes -con su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, a la cabeza- proponen que los Ayuntamientos comuniquen a la policía la inscripción en el padrón de inmigrantes sin papeles. El padrón es fundamental para los inmigrantes porque les garantiza el acceso a la sanidad y la educación públicas.
El texto establece que los municipios "han de colaborar en la elaboración de un mapa de la inmigración que permita gestionar mejor las políticas de integración", y que "además han de colaborar en el control de la inmigración irregular para que el empadronamiento no se convierta en la puerta falsa de entrada a nuestro país". Para ello, recuerdan que la inscripción en el padrón debe ir acompañada de "una identificación legal", como el pasaporte, y que los Ayuntamientos han de "cumplir con el deber legal de ceder los datos del padrón a la Dirección General de la Policía, con la finalidad de control y permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno del Estado la exigencia de su cumplimiento". Los populares abogan por potenciar "la detección de los inmigrantes en situación irregular para proceder a su expulsión al país de origen" y por priorizar las expulsiones "de los extranjeros que hayan cometido delitos o faltas".
En definitiva, la propuesta del PP parece calcada de la de Vic de hace casi un año y sobre la que la Abogacía del Estado emitió un informe en el que se consideraba no empadronar inmigrantes 'sin papeles' es ilegal y recordaba que " los extranjeros han de ser empadronados con independencia de su residencia legal en territorio español "por lo que no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España"; para realizar esta gestión es suficiente el pasaporte aunque no se cuente con el preceptivo visado; y los ayuntamientos no tienen competencias para decidir sobre la legalidad o no de la estancia de un extranjero dado que estas competencias reaen únicamente en el ministerio del Interior".
El PP, además, se acerca peligrosamente al ideario de Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada, quien asegura que "aquí no cabemos todos". Y eso es básicamente lo que ha dicho el diputado y portavoz de inmigración de los 'populares', Rafael López, para defender la propuesta del PP catalán: "Debe haber un mayor control de la inmigración en situación irregular, porque aquí no cabemos todos, los recursos son escasos y el padrón debe ser una herramienta para ayudar a este control".
La respuesta del Gobierno ha llegado a través del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha reprochado al PP catalán "saber muy poco de inmigración y utilizar el padrón con fines políticos". El ministro se ha remitido a la ley, que "tiene el objetivo de tener un control de todas las persona que residen en un país, independientemente de la condición que tengan, y eso no se puede negar", y ha concluido que "no se puede negar el empadronamiento de una persona si ésta vive en una ciudad o barrio y lo acredita". Para Corbacho, "el PP lo que tiene que hacer, si quiere ser coherente, es no utilizar ésto desde el punto de vista electoral, sino presentar un proyecto de ley en las cortes generales que plantee qué leyes quiere modificar y por qué".
Por cierto que el ministro ha corregido a su director general de Inmigración, Markus González, avanzó este domingo que "entre las medidas que el Gobierno estudia para facilitar las renovaciones automáticas se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos --y no tres años, como ahora-- en España". El titular de Trabajo ha explicado que "el tema del arraigo ya existe en la ley" y que "en principio el Gobierno no es favorable a flexibilizarlo", por lo que "no va a formar parte del futuro reglamento" (de la Ley de Extrajería).
Lo que sí es posible que recoja el reglamento es la posibilidad de que se pueda renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España. Corbacho ha admitido que existe un problema con la situación en la que una persona viene legalmente a España, con contrato de trabajo y a los dos o tres años pierde el empleo y pasa a ser ilegal. "Hay que razonablemente buscar una transición", han sido sus palabras.
