jueves. 28.03.2024

El grupo de trabajo de Economía de la Acampada de Sol calcula que la iglesia católica y sus entidades afines reciben más de 6.000 millones de euros anuales del Estado. Esta cantidad, muy lejos de los 250 millones de euros recibidos por la institución a través de la asignación recaudada por la casilla del IRPF, procede en buena parte de la financiación que el Estado presta a colegios, residencias y hospitales de titularidad católica o de alguna de sus asociaciones afines. Unos servicios sociales y educativos que, según sostiene el 15-M, deberían pasar a manos del Estado.

Los ‘indignados’ defienden que el Estado se haga cargo de los servicios educativos y asistenciales que ahora prestan la Iglesia y sus instituciones afines, como Cáritas, unos servicios por los que reciben unos 5.000 millones de euros anuales.

El movimiento social reclama además la eliminación a corto plazo de la asignación del 0,7 por ciento del IRPF, por el cual la Iglesia recibe 250 millones de euros anuales y piden el fin de las “múltiples exenciones” de que disfruta la institución en impuestos y tasas.

El grupo de trabajo de Economía exige además la supresión del concepto de colegio concertado y el fin de la financiación pública a la prestación de la asignatura de religión en los colegios públicos.

También piden la eliminación de las subvenciones a centros sanitarios o asistenciales religiosos, y el pase al sistema público de salud o depedencia de los centros que la Iglesia “no quiera o no pueda costear”.

Financiación "opaca"

Según los ‘indignados’, la aportación del Estado a la financiación de la Iglesia a través de la casilla del IRPF es en realidad “una ínfima parte” de lo que finalmente -de forma "opaca"- recibe por otras vías la institución católica y sus entes afines.

Según sus datos, la Iglesia recibe gracias a la casilla del IRPF unos 250 millones de euros anuales.

Además, la casilla del 0,7% del IRPF, en esta ocasión para fines sociales, concede “decenas de millones de euros” a numerosas organizaciones, como Cáritas, enmarcadas en el grupo de las ONG.

Por otro lado, expertos cifran 900 millones de euros la cantidad que el Estado deja de percibir, en sus diferentes niveles, mediante exenciones fiscales en impuestos municipales, autonómicos y estatales, como renta, patrimonio, IBI, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y transmisiones patrimoniales.

Además, el Estado sostiene el funcionamiento de 2.400 colegios católicos concertados, con un presupuesto de 3.500 millones de euros.

Y destina al pago de salarios de profesores de religión, capellanes hospitalarios, carcelarios y castrenses una cantidad superior a 600 millones de euros.

En cuanto a los hospitales concertados, ambulatorios, centros de ancianos, discapacitados y orfanatos gestionados por la Iglesia, su factura para el Estado asciende a más de 2.000 millones de euros.

Otras fuentes de financiación llegan a través de donaciones por entidades públicas, ya sea en efectivo o en terrenos urbanizables, de una cantidad repartida en innumerables presupuestos públicos de todo el país, y       que sirven para sostener a asociaciones antiabortistas, en defensa del ideario católico de la familia, fundaciones educativas, etc, sostienen los ‘indignados’.

Aparte, el Estado aporta una cantidad adicional de 200 millones de euros al mantenimiento del patrimonio histórico-artístico religioso.

El 15-M cifra en 6.000 millones la aportación anual del Estado a la iglesia católica