Para acabar con la violencia de género en nuestro país es imprescindible sumar esfuerzos, medios y voluntades, políticas y sociales. Desde la Federación de Mujeres Progresistas queremos llamar la atención sobre el retroceso que puede suponer, la aprobación y elaboración de determinadas iniciativas legislativas, que pueden entorpecer la lucha contra la violencia machista.
La prevención, sensibilización y educación son claves para que una sociedad sea más igualitaria, donde no tenga cabida discriminación alguna entre hombres y mujeres, raíz de la violencia de género. La recién aprobada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) debería mantener los contenidos sobre igualdad en las aulas, porque de lo contrario supone un grave retroceso en la concienciación en la infancia y la adolescencia, tan necesaria para que no prospere ningún tipo de violencia. Estudios muy recientes ponen de manifiesto cómo el sexismo y los estereotipos de género perviven en las y los jóvenes, y, por tanto, se hace imprescindible una educación que enseñe que ningún niño tiene más valor que una niña o que todas y todos tienen los mismos derechos, es decir, se hace necesaria una educación para la igualdad.
Otra de las reformas emprendidas por el actual Gobierno, que puede afectar a la violencia de género, es el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio. El artículo que se refiere a la atribución de guardia y custodia, no deja clara su prohibición en casos de procesos penales o condenas por violencia de género. Pedimos, por tanto, que se especifique claramente la privación de la patria potestad, en caso de sentencia condenatoria por delito grave de violencia de género y doméstica; así como, la obligatoriedad de acreditar por parte de un equipo psicosocial del Juzgado que la reanudación de las visitas tras la extinción de la responsabilidad penal va a suponer un bien para el o la menor.
A pesar de que uno de los objetivos del anteproyecto pretende ser un beneficio a las víctimas de violencia machista, en la FMP queremos mostrar nuestra preocupación respecto a aquellas víctimas que no son identificadas como tales. No debemos olvidar que más del 70% de las víctimas no denuncian y que, por tanto, están en los Juzgados de Familia y no en los de Violencia contra la Mujer. Por lo que deberían establecerse en el borrador garantías y medidas encaminadas a visibilizar estas situaciones. De no hacerse así, estas mujeres podrían verse doblemente victimizadas al suponer igualdad donde no la hay, y tener por tanto que mantener una custodia compartida con sus agresores.
Asimismo, la situación de crisis actual que estamos viviendo, bajo ningún concepto puede ser utilizada como una excusa para recortar recursos para atender a las víctimas y lograr que puedan salir del ciclo de la violencia. Debemos subrayar que, si la tasa de desempleo es más alta en las mujeres que en los hombres, entre las víctimas de violencia machista se duplica. La falta de un trabajo y de recursos económicos es un gran impedimento para que la víctima se separe o divorcie de su agresor y ponga fin a la situación de maltrato.
En este 25 de noviembre de 2013, la Federación de Mujeres Progresistas desea reiterar la necesidad de seguir aplicando y apoyando la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el principal marco normativo que ha conseguido numerosos avances en esta materia, como el que otorga a este fenómeno la categoría de social y lo saca del ámbito privado. Es un problema de todos y todas, porque es un problema que podemos y debemos combatir entre todos y todas.
Con el deseo de que en un futuro no muy lejano se acabe con esta vulneración de los Derechos Fundamentales de las mujeres y con el convencimiento de que no existan barreras ideológicas que pongan freno a una lucha común, queremos en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres recordar a todas las víctimas y a sus familiares.
Pedimos a los poderes públicos voluntad política para no retroceder y seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista y hacemos un llamamiento a la sociedad en general para conseguir un cambio de valores en los y las más jóvenes y apelar al respeto, a la dignidad y al valor social de las mujeres como sujetos poseedores de Derechos Fundamentales como la libertad, la integridad y la igualdad.
